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Con 188 recursos en contra, la segunda parte del Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien deberá analizar en las próximas semanas el proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynes Potisek sobre este paquete de reformas , que incluye cuatro leyes secundarias, que fueron aprobadas por Morena y sus aliados en el pasado periodo ordinario de sesiones.
La Corte no tiene un plazo perentorio para desahogar esta segunda parte del Plan B aunque se estima que debería hacerlo antes de que termine junio pues se tiene programado que el proceso electoral del 2024 arranca en septiembre próximo.
Cualquier nueva reforma electoral deberá aprobarse 90 días antes del proceso electoral. De no ser así, los cambios aplicarán para el siguiente proceso comicial.
De tal suerte que, si la contienda electoral federal arranca en septiembre de 2023, las modificaciones constitucionales se tendrán que aprobar en junio de ese año a más tardar para cumplir con lo que establece el artículo 105 constitucional.
Desde su aprobación en el Congreso a finales del año pasado, partidos políticos, minorías legislativas, Poderes Ejecutivos Estatales, municipios, alcaldías, Institutos Electorales Locales y el Instituto Nacional Electoral presentaron ante la Corte en total, 188 recursos en contra del llamado plan B en materia electoral: 15 Acciones de Inconstitucionalidad y 173 Controversias Constitucionales.
Con 9 votos a favor y 2 en contra, el pasado 8 de mayo de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B que contenía las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas al argumentar que se violentó el proceso legislativo por parte de Morena y sus aliados.
Diversos juristas y especialistas, estiman que la segunda parte del Plan B correrá esta suerte si los ministros aplican el mismo criterio.
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esta primera parte del paquete de reformas ponía en riesgo las condiciones de equidad para partidos y candidatos, que son necesarias para la realización de contiendas electorales libres.
Específicamente, permitía la injerencia del gobierno, particularmente en las campañas de comunicación. Además, redefine el concepto de propaganda gubernamental y permite que los servidores públicos lleven a cabo actividades y comunicaciones proselitistas bajo el argumento de la libertad de expresión.
Pero el segundo paquete de reformas no se queda atrás, pues según este análisis del IMCO, se afecta la organización del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Específicamente, --advierte--la reforma eliminó 300 Juntas Ejecutivas Distritales y las sustituyó por órganos unipersonales.
Al afectar la actualización del padrón electoral, la cartografía electoral y las capacitaciones a los funcionarios de casilla, este cambio también pone en riesgo el desarrollo de elecciones libres y la representación de la ciudadanía.
El IMCO advirtió que la aprobación del Plan B, tuvo un proceso legislativo tropezado y podría afectar el desarrollo de elecciones libres.
“El Congreso de la Unión aprobó ambas partes de la reforma de manera urgente, a pesar de que el proceso legislativo en nuestro país prevé diversos elementos esenciales para garantizar la calidad de la actividad legislativa, tales como el estudio de las implicaciones de las reformas, la participación ciudadana y la deliberación democrática. Es decir, la aprobación no respetó el proceso legislativo”, acusó
Recuerda que el cumplimiento de un proceso legislativo limpio, con deliberación democrática, y la garantía de elecciones libres y equitativas son acciones fundamentales para la competitividad del país.
Ahora—advierte--queda en manos de la SCJN, como institución de contrapeso en nuestra democracia, decidir si la segunda parte del Plan B es inconstitucional.
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