Se tambalea voto en 2024 para personas en prisión preventiva; no hay recursos

Aunque el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral permite a las personas que se encuentra en prisión –donde existan condiciones de seguridad--votar en las elecciones del 2024, esta medida corre el riesgo de no concretarse por la falta de normatividad, coordinación entre autoridades y sobre todo por el desmantelamiento del INE a partir de esas reformas que impulsó el mandatario.

Paradójicamente, la misma reforma que impulsa López Obrador y que por el momento se encuentra pausada en el Congreso hasta febrero del 2023, es la que puede cerrarle el paso a este derecho de los internos en reclusorios, pues este Plan B de AMLO elimina el 84 % de las plazas del Servicio Profesional Electoral, clave en la organización de elecciones y de este proyecto para personas privadas de su libertad pero también lo dejó sin recursos para organizar los comicios, según acusaron los propios consejeros electorales del INE.

Durante la prueba piloto que realizó el INE en las pasadas elecciones del 2021, el Observatorio electoral de los derechos políticos y de acceso a la información de las personas en prisión preventiva consideró que “la profesionalización y amplia experiencia del personal de las Juntas Locales Ejecutivas (JLE), que estuvieron a cargo de la implementación del modelo en los cinco CEFERESOS, fue determinante para que este modelo pudiera ser implementado de manera óptima".

Sin embargo, el llamado Plan B eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reduce al mínimo el Servicio Profesional Electoral loque -impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución para organizar las elecciones y este tipo de proyectos para el voto de personas en prisión.

La investigación del Instituto Belisario Domínguez, titulada “Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados”, reconoce la importancia sobre la participación de las Juntas Locales Ejecutivas en esta prueba piloto y también advierte sobre las debilidades que registra esta posibilidad rumbo a los comicios del 2024,

De entrada, el modelo de votación elaborado por el INE para el voto de las Personas en prisión preventiva ( PPP) solo reguló la prueba piloto para el proceso electoral federal 2020-2021. Pero para las elecciones del año 2024 y subsecuentes, aún no se cuenta con un modelo de votación general o marco normativo para su elaboración.

En la actualidad, Argentina, Costa Rica, Ecuador y España cuentan con alguna normativa a partir de la cual se garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.

En febrero del 2019, el TEPJF ordenó al INE diseñar e implementar una etapa de prueba, a fin de garantizar este derecho en las elecciones del año 2024. Además, estableció que el INE identificará si el ejercicio del derecho al voto se aplicará solamente en la elección presidencial o en otras elecciones, según las posibilidades administrativas y financieras.}

El Plan B en materia electoral del presidente López Obrador que aprobó Morena en el Congreso de la Unión le recorta alrededor de 3 mil 500 millones de pesos al presupuesto del INE, lo que según consejeros, lo deja maniatado y sin margen financiero para organizar las elecciones del 2024.

De acuerdo al análisis del IBD, otra de las debilidades de esta medida, es que existe poco conocimiento sobre los procedimientos establecidos en el modelo por parte de las autoridades de algunos CEFERESOS, lo que en su momento en el 2021, generó diferentes dilaciones e incluso existieron resistencias marcadas para la implementación de diversas acciones,

Considerando que el modelo establece el envío de boletas en formato postal y de manera anticipada a la jornada electoral, la información contenida en los materiales fue limitada y no consideró el aislamiento de las Personas en Prisión Preventiva (PPP.).

En ese contexto, el documento plantea involucrar a las juntas distritales en la implementación del modelo de votación a fin de tener más personal involucrado y sumar a los organismos públicos locales en la elaboración de un modelo de votación que integre a los centros penitenciarios del país.

También advierte sobre la necesidad de establecer mecanismo de empadronamiento o registro de electores en prisión preventiva en colaboración con el Poder Judicial y la autoridad penitenciaria que permitan incluir a personas en prisión preventiva sin que se relacione con la Lista Nominal de Electores y el Padrón Electoral.

Asimismo considerar la instalación de casillas electorales con sus respectivas mesas directivas en cada uno de los centros penitenciarios y capacitar al personal penitenciarios sobre el Modelo o sistema y procesos electorales.

Por otra parte, garantizar la libertad de expresión, información, reunión, asociación y participación para el efectivo ejercicio del voto.