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Isabel Gil Everaert es una académica e investigadora del fenómeno migratorio desde hace una década y sostiene que es indispensable adecuar los trámites migratorios, despojarlos de violencia burocrática equivalente a mantener al migrante en incertidumbre, para que el país inicie una etapa de integración de estas personas, respetando los derechos humanos, beneficiándose de sus deseos de trabajar y asentarse.
Gil fue una de las autoras de los documentos del Seminario de Migración, Desigualdad, y Políticas Públicas del Colmex, específicamente del capítulo “Población en busca de protección internacional”, en el que ya proponía, hace un par de año, reducir tiempos de espera para trámites y formular programas de integración temporal y permanente.
En entrevista, dada en el contexto de la tragedia en la que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez dentro de una estación migratoria, da oportunidad a que la académica exponga con claridad: “Por ley internacional y nacional, no se puede sancionar a alguien que ingrese de manera irregular a un territorio para pedir refugio; encarcelar o meter a una estación migratoria a las personas que están solicitando refugio es ilegal”.
Y describe la raíz actual del tránsito migrante, que incluye una Comisión Nacional de Ayuda a Refugiado (COMAR) sin presupuesto y personal suficiente:
“Yo reconozco el trabajo de la COMAR en los últimos años; en 2013, dividiendo su presupuesto entre el número de solicitudes anuales, daba un total de 2,600 pesos por solicitud, por dar una estimación. En 2021 le duplicaron el presupuesto anual, pero por el aumento de las solicitudes de refugio, ahora toca a 300 pesos por solicitud”, indica Gil, “el Instituto Nacional de Migración tiene 40 veces más presupuesto que la COMAR: claramente la política está orientada a las estaciones migratorias, vigilancia de la frontera y no a la protección internacional. Allí están las prioridades.
–¿Por qué empezamos a ver aglomeraciones de migrantes en diferentes puntos, ahora mismo en la Colonia Juárez de la CDMX, por ejemplo?
–El Reglamento de la Ley sobre refugiados y protección complementaria indica que, una vez recibida la solicitud de refugio, la COMAR tiene 45 días para resolver el expediente y determinar si se otorga el estatus de refugiado o no. Pero en 2017, por los sismos, la COMAR emitió un decreto suspendiendo los plazos alegando que la oficina de la Ciudad de México de la COMAR se había dañado; era un recurso por emergencia, pero la realidad es que esto se ha ido extendiendo hasta hoy. Los procesos ahora son más tardados, y se extienden por meses o años. Hay una paradoja en esto: 8 de cada 10 de estas solicitudes se reciben en Tabasco y Chiapas, no tendrían por que necesariamente atrasarse los procesos en esos estados.
Pero hay que decir también que la COMAR tiene pocos recursos, poco personal y una demanda impresionante, eso hace que la gente en vez de esperar un mes o dos meses, se aviente seis meses o un año. Yo estuve en Tenosique (Tabasco) en trabajo de campo y encontré personas que esperaron su regularización dos años y medio, periodo en el que no podían salir del estado. Si empezaban en Tabasco su trámite, no podían salir de la entidad hasta el final del mismo.
–¿Hay una revisión pendiente en los trámites a los que se somete al migrante?
–Muchos autores han trabajado esto, la violencia burocrática; se habla de la violencia que sufren los migrantes por los asaltos o violaciones, pero pensemos en una burocracia casi diseñada para complicarnos la vida. Y eso lo podemos decirlo todos los que vamos al SAT o a la CFE, pero la diferencia es que allí no nos estamos jugando la vida.
Hay incertidumbre y frustración al hacer la solicitud de refugio, no se sabe cuánto tiempo durará ni qué se tiene que hacer. Por ejemplo, les dicen que dejen su dirección para avisarles si deben regresar a firmar papeles, pero esto pasa cuando los migrantes están viviendo en la calle o en un albergue; o les piden un correo electrónico, todo el sistema está hecho para mantenerlos en vilo.
El sociólogo Pierre Bourdieu decía que en este tipo de cosas se mantiene a la gente suficientemente enganchada, para que no suelte el proceso, pero con suficiente incertidumbre para que esté sometida por el proceso. Si la oficina les dijera que no les van a hacer el trámite, la gente se iría. Las vidas de los migrantes parecen pender de un trámite que no conocen y que no parece tener ninguna regla o racionalidad.
Hay gente a las que les ofrecen un trabajo y no lo toman porque deben hacer fila frente a COMAR, duermen en la calle porque saben que si se van más lejos no van a llegar a tiempo, a las 3 am a hacer fila, para que los atiendan.
–¿Teniendo ya mucho tiempo de migración numerosa, hemos llegado a propuestas en estos temas?
–Hay que asumir y está bien repetirlo, que la migración es una situación social y no es una crisis o un problema a solucionar. Con esto se va a vivir en el mundo. Un par de cosas muy prácticas es permitir que las personas se muevan en territorio nacional cuando están solicitando refugio, no es lo mismo pedir a Chiapas que absorba a 120 mil migrantes a que lo haga el país completo, el migrante se podría ir a Querétaro, a Veracruz, a la Ciudad de México y la responsabilidad social de integrarlos se compartiría.
No es raro que en Chiapas o Tijuana haya rechazo, 8 de cada 10 solicitudes de refugio se reciben en Chiapas y Tabasco.. Si los migrantes se pudieran mover, podríamos recibir a toda esta gente en el país: quieren trabajar, ir a la escuela. Se debe asumir esto como país y no sólo en tres o cuatro municipios.
–¿Por qué los migrantes quieren ahora un papel si antes caminaban a la frontera norte sin él?
–Desde 2014, con el tema de los menores migrantes no acompañados, lo que se hizo fue que los gobiernos de la región lanzaron el Programa Frontera Sur y, con un discurso e protección a las personas migrantes, militarizaron la frontera. Quien haya ido a la frontera sur habrá visto un retén cada 10 kilómetro. Esta política hace más difícil cruzar, esto hace más caro pagar a un coyote a un pollero, mucho más difícil el tránsito, pero de ninguna manera termina con la migración.
Esto es una de las razones de que las solicitudes de refugio se disparen. Cuando es más difícil cruzar, la primera alternativa es pagar al coyote, la segunda es buscar algo que proteja de la deportación mientras se transita. Mucha gente que no quiere quedarse en México aunque solicite el refugio. El propio comisionado de COMAR lo decía, que hay mucha gente que hace la solicitud, que no le interesa quedarse en México, pero que la obligación de la Comisión es atenderlos.
Yo lo que creo que es que muchas de estas personas sí se quedarían en México si hubiese condiciones adecuadas: cuando te hacen esperar en un albergue hacinado, en condiciones deplorables, y tienes que estar 8 meses, terminas decidiendo que no te quedas y sigues el camino. No porque no necesites la protección, sino porque las condiciones de espera son tan atroces que se desincentiva quedarse.
–¿Qué le falta a México para retener más a los migrantes?
–Si los migrantes llegaran a Sonora o Ciudad de México y encontraran una casa y un trabajo, que se pudiesen quedar de manera digna, sobre todo porque muchos ya traen a la familia, ya no querrían seguir en el camino a la Frontera Norte. Pero hay que pensar en que cuando el migrante tiene su tarjeta, por ley puede trabajar, aunque sigue un segundo nivel de trámites, porque va a necesitar RFC, CURP, una cuenta bancaria para emplearse.
En Juárez me decían los maquiladores que tenían 40 mil vacantes, que urgían trabajadores, que había prestaciones y, sin decir que la maquila sea lo mejor, lo cierto es que había trabajo allí. Los migrantes no tenían RFC y para obtenerlo el SAT les daba cita hasta dentro de muchos meses.
Se nos olvida que la migración también pasa por el comprobante del domicilio, el CURP, el SAT; la banca. Tendría que haber una alianza entre gobierno, banca, escuelas, para integrar a los migrantes.
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