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Cuando la Procuraduría General de la República quiso detenerlo e interrogarlo, se había hecho humo. Desde el día en que el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado, a fines de septiembre de 1994, el diputado federal Manuel Muñoz Rocha, señalado por el asesino material como uno de los autores intelectuales de uno de los crímenes que cimbraron a México hace casi cuarenta años. Con la desaparición del legislador empezó un proceso atropellado, a ratos esperpéntico, que dejó preguntas sin responder.
El sicario contratado para matar a Ruiz Massieu habló largo, y no vaciló en señalar a quienes lo habían reclutado para cometer el crimen. Desde ese momento se empezó a hablar de Manuel Muñoz Rocha, exdirector regional de Banrural, exaspirante a gobernador de Tamaulipas, diputado federal por el VII distrito de ese Estado y subsecretario de Organización del CEN del PRI. Mientras las autoridades capturaron con prontitud a Fernando Rodríguez González y a Abraham Rubio Canales, de Manuel Muñoz Rocha no había señales, pero empezó a obrar a distancia, o al menos eso se dijo.
Por medio de mensajes, presuntamente escritos por él, Manuel Muñoz Rocha solicitó licencia a su cargo de representación popular, según dijo en aquel escrito, para estar en condiciones de comparecer ante las autoridades y hace frente a las acusaciones. Esa licencia se le concedió el 5 de octubre de 1994, por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados. El PAN y el PRD pusieron en duda la autenticidad de la solicitud del diputado, el diputado Gustavo Carvajal Moreno envió el original a la PGR para impedir que la bancada panista avanzara en su propuesta de someter a un análisis grafoscópico la firma de Muñoz Rocha.
Fueron muchas las especulaciones, de lo más sencillo a lo muy elaborado e incluso un tanto delirante, encaminadas a establecer los móviles del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu: que si el dirigente priista aspiraba a concretar reformas políticas de gran calado “que no convenían al PRI” o a los contratantes del asesino, que si el narco había cobrado venganza, a través del asesinato del ex gobernador de Guerrero, de las acciones que para combatir el tráfico de estupefacientes desarrollaba el hermano de la víctima, Mario Ruiz Massieu. Había otras hipótesis, más bien mezquinas: que si Abraham Rubio Canales, que había estado preso en un penal de Acapulco, le guardaba rencor a José Francisco porque no lo había ayudado a librarse de la cárcel…. Aquello parecía no tener fin. Naturalmente, se habló de fuertes pugnas internas en el PRI, de una guerra intestina que no se detenía ante nada. Ignacio Pichardo Pagaza, presidente de ese partido dirá: "Niego rotundamente que haya en el PRI una lucha interna por el poder."
Entre las muchas historias, chismes y suposiciones, se vinculó a Muñoz Rocha con Raúl Salinas de Gortari, pues en alguna época, el diputado había sido colaborador de él. Se dijo, entonces que el legislador tamaulipeco solo era un ejecutor de las órdenes del poderoso hermano del presidente.
El 28 de febrero de 1995, Raúl de Salinas de Gortari fue aprehendido, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Ruiz Massieu. También se le hicieron cargos de tráfico de influencias, evasión fiscal y corrupción. Pero ¿había móvil? Quienes sostuvieron esta hipótesis tenían respuesta para todo: seguramente, se trataba de impedir que José Francisco Ruiz Massieu pusiera al descubierto negocios no muy legales y vínculos con el narco.
Pero la investigación no resultó todo lo sólida que se aseguraba. Las pruebas parecían endebles, no acababan de ser concluyentes. El responsable de la indagación, Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima, renunció a su cargo y se fue a Estados Unidos. Allá se suicidaría, mientras Raúl Salinas era condenado a 50 años de cárcel. De aquella condena cumplió 10 años y tres meses, porque finalmente fue exonerado de la complejísima conspiración que se le achacó para matar a José Francisco Ruiz Massieu. No se había podido demostrar plenamente la autoría intelectual que lo llevó a prisión.
Mientras tanto, el diputado Manuel Muñoz Rocha seguía siendo un nombre, apenas humo, apenas un recuerdo. En torno a él se tejería una historia alucinante.
Dos años después del asesinato de Ruiz Massieu y la consecuente desaparición de Manuel Muñoz Rocha, una “bruja” y “vidente”, Francisca Zetina, conocida familiarmente como “La Paca” acabó involucrada en las investigaciones que pretendían localizar al diputado desaparecido.
La Paca tenía trato con personajes de la vida política del país, a los que hacía “trabajos” y daba amuletos. Presuntuosa, llegó a decir que Raúl Salinas de Gortari la buscaba para “que le hiciera rituales de protección”. La Paca reveló, además, que tenía visiones. Y tuvo una visión, eso dijo, que le permitió saber en dónde se encontraba Muñoz Rocha.
Lo más extraño, absurdo, del caso, fue que las autoridades federales le compraron su discurso. Fue el subprocurador Pablo Chapa Bezanilla quien acogió con entusiasmo las visiones de la Paca, quien, en octubre de 1996, aseguró que podía llevar a la PGR hasta el sitio donde se encontraba el diputado desaparecido.
La Paca afirmó dos cosas: una, que Muñoz Rocha estaba muerto. Dos, que su cuerpo estaba oculto nada menos que en una finca llamada El Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari.
Las autoridades federales se movilizaron hacia El Encanto. El subprocurador dio una conferencia de prensa explicando los datos aportados por la Paca, y luego él mismo la llevó al sitio señalado por la “visión”.
Cuando tuvo los reflectores encima, la Paca empezó a decir que no había una buena sensación en la finca, y que ahí ocurrían cosas sobrenaturales: “les dije que en ese lugar había vibraciones negativas. No es un lugar sano, hay cosas sobrenaturales. El pasto no huele a hierba, y todo está muy misterioso".
El 9 de octubre, durante la búsqueda en los terrenos de El Encanto, apareció una osamenta. La Paca afirmó de inmediato que se trataba de Muñoz Rocha.
Tanto el subprocurador como Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República de aquellos días, terminaron agradeciéndole a la vidente su trabajo. Ante el azoro de medios de comunicación y la intelectualidad del país, hasta revelaron que la PGR pagó a la Paca, por su colaboración, cuatro millones de pesos.
El asunto era de por sí ya bastante surrealista, delirante, pero aún faltaba el acto final.
A pesar de que las autoridades estaban muy satisfechas con su trabajo, el gozo se fue al pozo cuando los restos fueron analizados en México y en Estados Unidos. No eran los restos de Manuel Muñoz Rocha. Es más: ni siquiera se trataba de los huesos de una sola persona.
La Paca pidió ayuda a su yerno Joaquín Rodríguez Cortés para exhumar el cuerpo de su propio padre la noche del 3 de octubre de 1996. Esos fueron, en principio, los restos que después, confesaría, fueron llevados al Encanto para enterrarlos en el lugar que, a partir de “su visión”, la falsa bruja señalaría. Pero el yerno de la Paca, al hacer su encomienda, no se dio cuenta de que en la fosa del padre de la vidente había restos de varios familiares, cuestión que se hizo pública al analizar los restos y quedara al descubierto el engaño.
A Chapa Bezanilla, la Paca le había llevado un texto donde plasmaba su famosa visión, asegurando que Muñoz Rocha había sido asesinado de un batazo en la cabeza, y marcaba el sitio donde se habría ocultado el cuerpo.
El escándalo fue muy grande. Puestas en ridículo, las autoridades no tuvieron otra que arrestar, en febrero de 1997, a la Paca y a sus parientes, acusados del engaño, y sin derecho a fianza. La Paca salió de la cárcel en abril de 2008 y se fue a vivir a algún punto de Iztapalapa.
El ridículo le costó el trabajo al procurador Lozano Gracia, y el subprocurador Chapa escapó a España. Desde allá acabaría confesando, por carta, los detalles del fraude.
En 2009 se declaró la prescripción del delito del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Quedó sin efecto la orden de aprehensión contra Muñoz Rocha, que nunca apareció.
Hay quien ha asegurado que el exdiputado ha sido visto en Estados Unidos, pero nada hay en concreto. Las autoridades cerraron el caso, un poco por los tiempos procesales, pero también porque se trataba de una de las mayores pifias de la historia de la justicia de México. No cualquier procurador acepta que un colaborador suyo se apoye en una vidente para resolver un asesinato.
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