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El mecanismo de elección de las personas juzgadoras del país por medio del voto popular, que incluye la propuesta de reforma judicial, no es el que se necesita; recurrir al sistema electivo no garantiza la profesionalización ni independencia de los impartidores de justicia, señalaron académicos de la Universidad Nacional.
En los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, la directora de la Facultad de Derecho (FD), Sonia Venegas Álvarez, dijo: las democracias más consolidadas en el mundo no tienen la forma de elección de jueces y magistrados. “El electorado promedio no dimensiona el papel de los juzgadores en el funcionamiento de su país, y esa es la sentencia que se debe ponderar”.
Las elecciones judiciales no pueden llevarse a cabo en naciones donde se carece de cultura judicial; tampoco se trata únicamente del derecho a elegir, sino de lo que implica en la vida cotidiana. El caso boliviano, ejemplificó, ha tenido un resultado “desastroso”.
En la Mesa Cuatro Elección de Jueces y Magistrados por voto popular, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Javier Martín Reyes, estimó que no se debe plantear una solución homogénea para los poderes judiciales, sino pensar en reformas específicas. Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se requiere una reforma: se tiene que transitar a un mecanismo que garantice tanto la independencia política como la competencia técnica de las personas que la conforman. Para una modificación real del sistema de justicia hay que discutir el funcionamiento de los tribunales, sobre todo locales, junto con los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia.
En el auditorio del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Héctor Huitrón Cruz, profesor de la FES Aragón, calificó como “inquietante” que un juzgador sea votado por ser carismático, o del agrado de la sociedad. No todos los votantes sabrán si la formación, el desarrollo, la experiencia o el conocimiento del aspirante en el ámbito judicial serán suficientes para su encargo. En este caso, “no veo viable el voto popular”; lo que se requiere es invertir en el Poder Judicial para que tenga mayor capacidad de resolución.
En contraste, el docente de la FES Acatlán, Rodolfo Rubén Islas Ramos, opinó que está a debate un nuevo paradigma en la manera en que el Poder Judicial debe ser representante del pueblo mexicano. Que la ciudadanía tenga el derecho de votar por sufragio directo, universal y secreto a sus miembros, desde los ministros de la SCJN hasta los jueces federales y de los estados, implicará dotarlo de representatividad ciudadana.
La reforma planteada atiende a esa preocupación y eso es uno de sus méritos; el otro, es que establece un sistema donde no se ignora la capacidad de las personas juzgadoras. Pero le falta incluir la figura del jurado popular, que existe en otros sistemas democráticos y que daría un sentido más democrático y ciudadano a la impartición de justicia. Las personas sabemos elegir; necesitamos un sistema por elección calificado. Eso es lo que requiere la República, añadió.
Decisiones correctas
En la mesa moderada por José Alejandro González Reyna, profesor de la FES Acatlán, María Guadalupe Durán Alvarado, profesora de la FES Aragón, expuso que las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías, porque de lo contrario “sus decisiones pretenderán agradar a estas”. La finalidad de la función judicial es arrojar decisiones correctas no populares.
Al hacer uso de la palabra, Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del IIJ, aseguró que recurrir al sistema electivo para definir a jueces y magistrados “no garantiza la selección de perfiles idóneos, expone a las personas juzgadoras a las presiones políticas, fuertemente comprometidas con quienes apoyan sus candidaturas”.
Las postulaciones de los perfiles, precisó, no están abiertas a toda la ciudadanía, necesitan respaldo de los poderes públicos, por lo que elegir a los jueces subordina a la judicatura al poder político. “Este sistema electivo parece ajeno a un modelo de democracia constitucional como el que hasta ahora ha configurado México”.
Ariel Rojas Caballero, magistrado federal, consideró que lo más grave de elegir a los juzgadores mediante voto popular es que no se garantiza ni su profesionalización, ni su independencia. “Lejos de democratizar el proceso, lo agravará y perjudicará a los que menos tienen y a los más débiles. Traerá la muerte del derecho. Es indudable la necesidad de una reforma judicial, pero apegada y en camino a los estándares internacionales”.
Luis Carballo Balvanera, profesor de la FD, compartió que de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 del INEGI, actualizado a marzo de 2024, existe en el país un universo de mil 714 magistrados y jueces, por lo que su renovación o salida es un punto ofensivo y que no cuenta con procedimiento lógico, por lo que “es preferible mejorar los métodos objetivos de selección ya establecidos, basados en compromisos internacionales”.
En tanto, Mireya Castañeda Hernández, profesora de la FES Acatlán, recordó que según la escala del World Justice Project (WJP) 2023, países como España y Estados Unidos están en los sitios 24 y 26, respectivamente, en contraste con México el cual se encuentra en el lugar 116, y Bolivia, único país a nivel global que elige sus jueces a través del sufragio popular, en la casilla 131.
Asistieron a la sesión: Mónica González Contró, directora del IIJ; Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de la UNAM; y Nora del Consuelo Goris Mayans, directora de la FES Acatlán, así como integrantes de la comunidad universitaria y público en general.
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