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Tras la aprobación de la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Frente Yucateco por la Justicia Inmobiliaria exigió a legisladores federales que se tomen medidas concretas contra el fraude perpetrado por el denominado Cártel de los Mañé, un esquema de corrupción que dejó sin hogar a más de 100 familias en el estado.
“La reforma aprobada por el Senado no resuelve el problema que enfrentamos desde hace tres años. Ni la delegación del Infonavit en Yucatán ni el gobierno federal nos han dado una respuesta efectiva”, declaró Santiago Méndez Canul, presidente del Frente Yucateco por la Justicia Inmobiliaria.
El activista recordó que, gracias a investigaciones periodísticas, ya se conoce la identidad de los principales involucrados en el fraude. Señaló directamente a las empresas Sucovisa S.A. de C.V. y Comasa Soluciones S.A., las cuales incumplieron con la entrega de viviendas a los compradores, dejando a muchas familias con casas sin servicios básicos o incluso en obra negra.
“Está claro que el Cártel de los Mañé operó a través de estas empresas para obtener recursos sin cumplir con la construcción y entrega de las casas. Las pocas viviendas que entregaron no contaban con los servicios esenciales y, en algunos casos, ni siquiera fueron terminadas”, sostuvo Méndez Canul.
Al ser cuestionado sobre la participación de la financiera Yavo Capital, el líder del Frente explicó que esta institución ha mostrado disposición para dialogar con los afectados, aunque su margen de acción es limitado, ya que los recursos que otorgó fueron desviados por las empresas involucradas.
“Yavo Capital nos ha ofrecido apoyo, pero poco pueden hacer. Los verdaderos responsables, los Mañé, escaparon con el dinero que debía usarse para concluir las casas. Además, hay viviendas que fueron vendidas más de una vez y, obviamente, nunca existieron, aunque la financiera ya había liberado los fondos para su construcción”, señaló Méndez Canul.
El Frente Yucateco por la Justicia Inmobiliaria reiteró su llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que investiguen a fondo el caso y procedan contra los responsables.
“No podemos permitir que este fraude quede impune. Estamos hablando de más de 100 familias que confiaron en un sistema que debía garantizar su patrimonio y hoy se encuentran sin hogar y sin respuestas claras por parte de las autoridades”, finalizó Méndez Canul.
La organización también adelantó que buscarán acciones legales colectivas y protestas para presionar a las autoridades a tomar cartas en el asunto.