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A cuatro años de que se firmó, el T-MEC, está en un momento crucial y sometido a presiones políticas, electorales y hasta comerciales en ambos países, pues están en curso 7 controversias por incumplimiento ya sea por parte de Estados Unidos pero principalmente de México pero también por el llamado “Plan C” del gobierno mexicano que ha tensado las relaciones entre el gobierno de Joe Biden y del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el eventual incumplimiento y violación de esa medidas al acuerdo comercial.
Estos factores pueden influir de manera negativa en la revisión de este acuerdo comercial en dos años, es decir, el 1 de julio del 2026.
En esa fecha los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México decidirán si amplían el T-MEC del 2036 que se firmó hasta el 2042 o bien lo dejan en la fecha original.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó el estatus del T-MEC a cuatro años de que se firmó por parte de los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador y advierte que de las 18 iniciativas propuestas en el Plan C de AMLO, al menos 5 de ellas, podrían violar las disposiciones incluidas en los capítulos del T-MEC, lo que podría influir de manera negativa en la revisión de ese acuerdo comercial en l 2026.
La Reforma en materia de simplificación orgánica que plantea extinguir organismos autónomos, incluyendo a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) e incorporar sus actividades al Poder Ejecutivo en dependencias como la Secretaría de Economía o la Secretaría de Energía, es la principal preocupación.
Al eliminar esos organismos autónomos e incorporar sus actividades al Poder Ejecutivo, la reforma podría entrar en conflicto en el capítulo 18 del T-MEC en materia de Telecomunicaciones donde se establece la obligación de mantener un organismo regulador del sector que sea independiente y autónomo del Poder Ejecutivo.
También en materia de competencia donde se advierte que cada país debe mantener una autoridad o autoridades nacionales dedicadas específicamente a la aplicación de las leyes de competencia.
Otro mas es el capítulo 22 del T-MEC donde se establece que los organismos administrativos que regulen a las empresas propiedad del Estado (incluyendo aquellas en el sector energético) deben ser imparciales.
Asimismo la Reforma en materia de industrias energéticas del Estado del Plan C que plantea eliminar la capacidad de la CFE para celebrar contratos con empresas privadas; 2) establece la precedencia de la CFE sobre las empresas privadas y 3) elimina la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Sin embargo, la “cláusula trinquete” incluida en el T-MEC establece que si un país abre más su economía permitiendo más comercio o inversión extranjera, no podrá retroceder esas medidas en el futuro ni cerrar sectores previamente abiertos a participación privada, por lo que introducir nuevas restricciones para empresas privadas en el sector energético podría generar un conflicto.
La Prohibición de maíz genéticamente modificado es otro “foco rojo” pues el Plan C determina declarar al país libre de maíz genéticamente modificado, incluido el transgénico, para siembra y consumo humano.
Pero, al imponer restricciones al comercio sin presentar evidencia científica, la reforma estaría en conflicto con compromisos adquiridos en el T-MEC, pues el acuerdo establece que no se podrán implementar restricciones arbitrarias al comercio de un bien.
El cuarto punto que perfila conflicto es la preferencia de la disponibilidad del agua para consumo personal y uso doméstico pues el Plan C determina no otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad y sólo autorizar asignaciones a entes públicos para el consumo personal y uso doméstico del agua.
Ello cuando el T-MEC prohíben el trato preferencial a empresas públicas por encima de inversionistas privados de otros países.
El quinto punto es la prohibición de las concesiones para actividades de minería a cielo abierto, donde se plantea prohibir el otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de minerales en la minería a cielo abierto. Las concesiones vigentes no se verían afectadas.
La reforma propuesta podría violar el compromiso de mantener las condiciones de apertura acordadas al firmar el tratado, lo cual podría resultar en demandas de arbitraje o sanciones comerciales por parte de Canadá o Estados Unidos.
El IMCO advierte que en un año con cambio de Gobierno Federal en México y elecciones en Estados Unidos, y con la posibilidad de modificaciones institucionales, de cambios regulatorios y de políticas públicas, la resolución de disputas pendientes y alineación de marcos regulatorios entre los tres países del T-MEC es crucial.
Las nuevas administraciones -agrega--tienen la oportunidad de tomar decisiones que promuevan una mayor integración productiva en América del Norte, para lo cual es indispensable asegurar el cumplimiento de los compromisos comerciales.
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