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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado a conocer importantes modificaciones a la normatividad con el objetivo de fortalecer el combate a las prácticas abusivas en el comercio exterior y la recaudación fiscal. Estas nuevas disposiciones, que entrarán en vigor a partir de octubre de 2024, buscan garantizar un manejo más transparente y equitativo de las importaciones y exportaciones en el país.
En el ámbito del comercio exterior, se refuerza la supervisión sobre las empresas de mensajería, que ahora deberán identificar a aquellos que importan mercancías desde Asia sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Además, se implementan requisitos más estrictos para que las empresas que realizan importaciones temporales obtengan su registro como empresas certificadas. También se requerirá la aceptación de garantías correspondientes al IVA y IEPS para asegurar que las mercancías retornen al extranjero.
Otra de las modificaciones relevantes establece que los agentes y agencias aduanales podrán ser sancionados por infracciones en la importación o exportación, debido a su papel en el despacho aduanero. De igual forma, se precisa que introducir al país mezclas compuestas principalmente de azúcar con carbón activado o sustancias similares y, posteriormente, separar este componente en territorio nacional para evadir impuestos será considerado una práctica indebida.
En lo que respecta a impuestos internos, el SAT ha dejado claro que las tiendas en línea que actúan como intermediarias deben registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y retener los impuestos que les correspondan en las transacciones que realicen. También se ha aclarado que la deducción de gastos por la contratación de servicios para determinar el ISR es válida solo si se demuestra que el servicio fue efectivamente prestado. Por último, los contribuyentes que adquieran bienes en México que sean propiedad de un extranjero deberán retener el IVA correspondiente.
Estas modificaciones y nuevos programas de auditoría y revisión tienen como propósito asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas para detectar y sancionar prácticas de contrabando, así como la evasión y elusión fiscal.
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