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El pasado 31 de octubre se cumplieron 3 años de la aprobación de la reforma hacendaria, una de las denominadas reformas estructurales que buscaba dentro de otras cosas fortalecer el Sistema Tributario Mexicano y con ello la Hacienda Pública. Aunque esta reforma tuvo muchas resistencias y críticas, el Congreso de la Unión avaló con amplia mayoría un nuevo esquema de impuestos, aumentar la recaudación y que el cobro de impuestos sea más equitativo para reducir los elevados niveles de desigualdad y eliminar privilegios, reducir la informalidad, transparentar y hacer más eficiente el gasto, atender las necesidades prioritarias de la población, y en general, impulsar la economía, a través de estimular la inversión y el empleo.
Pese a la coyuntura económica y el entorno adverso, marcado por una alta volatilidad de los precios internacionales de los energéticos, México tenía que hacer una reingeniería hacendaria que despetrolizara nuestra economía y aumentara la capacidad recaudatoria, que dicho sea de paso, sigue siendo una de las más bajas de los países pertenecientes a la OCDE.
Históricamente, el sistema fiscal mexicano ha tenido una gran dependencia petrolera y sus principales fuentes de recursos han estado concentrados, básicamente, en el ISR y en el IVA. Desde la década de los años 60, el economista británico Nicholas Kaldor -que fue contratado para que hiciera un diagnóstico de la situación tributaria en México- concluía que el sistema tributario era deficiente porque no evitaba la evasión fiscal y porque favorecía a los ingresos de capital, mediante exenciones y omisiones inexistentes en otros sistemas tributarios. Dichas situaciones promovían el consumo de lujo y de importación y, por ende, debilitaban el mercado doméstico. A pesar de que hizo una serie de recomendaciones, fueron rechazadas y los cambios realizados fueron mínimos.
A partir de ahí, se han hecho una serie de reformas como la de 1980, 1983, 1995, 2001, 2007, 2009, que se basaban principalmente en el aumento y disminuciones de la tasa del IVA e ISR, la creación de nuevos impuestos y medidas de simplificación tributaria, las cuales no lograron aumentar de manera considerable la recaudación, la base de contribuyentes, la inequidad, la evasión y simplificar el pago de impuestos.
Estas fueron las razones por las que se volvía necesaria una reforma hacendaria que rompiera con esa inercia negativa. A tres años de estos cambios los ingresos han alcanzado niveles históricos, en los nueve meses del 2016 se recaudaron 2.4 billones de pesos que equivalen al 60% del gasto del gobierno.
De acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda el aumento en los ingresos permanentes fue de 11.8 por ciento, el cual compensó la caída en los precios del petróleo. Lo anterior fue resultado del buen desempeño de la demanda interna impulsado por el sector agropecuario y los servicios. En materia de empleo, este año se generaron 717 mil plazas, que sumadas a los que va de la actual administración dan un total de 2.3 millones, que se traducen en una mayor productividad y recaudación. A pesar de los embates económicos, México ha demostrado solides y madurez para consolidar las finanzas públicas y enrolar a la economía por la senda del crecimiento económico sostenido, sin depender de los ingresos petroleros.
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