El precio de la grandeza es la responsabilidad.

Winston Churchill

El gobierno que entrará en funciones el próximo primero de diciembre ha anunciado su propósito de llevar a cabo ya sea una encuesta o una consulta pública, en el mes de octubre, que sería vinculante para determinar el destino que tendrá el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. La propuesta que será sometida a consulta (seguramente bajo la modalidad de una encuesta, pues la fecha señalada hace inviable que el Instituto Nacional Electoral organice una consulta con las formalidades previstas en la ley), es si se debe continuar con el proyecto actual en Texcoco o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debe complementarse con las pistas que se ubican en Santa Lucía.

El tema es, desde luego, relevante por varias razones: es indispensable aumentar la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México, que es a todas luces insuficiente; en el proyecto actual, el monto de la inversión pública es monumental (y se ha cuestionado su pulcritud, lo que amerita una cuidadosa revisión de su uso), el impacto en la zona circundante es colosal y, al concluir el proyecto, podría colocar a nuestro país como uno los nodos principales de la región para la interconexión aérea, lo que favorecería al conjunto de la economía nacional.

Aunque, por ahora, no podamos pronunciarnos respecto al estudio que dará sustento a la consulta, pues será dado a conocer hasta la próxima semana, sí podemos reflexionar respecto al contexto más amplio que enmarca la discusión: el que atañe a las responsabilidades de todo gobierno.

El postular que el ejercicio de gobierno trae consigo una elevada responsabilidad frente a la sociedad, es una afirmación que, aunque obvia, conviene tener siempre presente. Las acciones de gobierno, para bien y para mal, son de efecto prolongado. Los resultados de las acciones acertadas suelen percibirse aún después de muchos años. Los que devienen de decisiones equivocadas suelen padecerse, frecuentemente, por décadas. Ello no es casual, pues se inducen alteraciones, en un cuerpo social altamente complejo, que las tornan de dilatada digestión.

La aceptación de esa realidad debiera conducir a los gobiernos a un desempeño no sólo prudente y sensato, sino a contar, en todos los casos, con la información pertinente y suficiente que le permita ponderar las ­inevitables consecuencias de su actuar. De ese modo se estaría en mejores condiciones de escoger aquellas que ofrezcan al interés público los mayores beneficios o, en no pocas ocasiones, los menores perjuicios. De ahí que el mayor daño que pueda infligirse a la sociedad es la puesta en práctica de ideas que no se hacen cargo de sus consecuencias. No es ésta, desde luego, una receta que conduzca a la infalibilidad de los gobiernos, sí es, en cambio, una exigencia mínima que debieran atender.

Pero este enfoque, basado en el análisis de consecuencias, no es de sencilla aplicación. Juegan en su contra diversos factores.

El primero de ellos, se debe a que diversos gobiernos han mostrado una clara preferencia por acciones que tengan resultados positivos inmediatos, sin analizar si sus efectos serán perjudiciales en el largo plazo. A la vez, muestran menosprecio por aquellas medidas que pudieran tener potenciales efectos benéficos que sólo fuesen percibidos con posterioridad a la conclusión de su ejercicio de gobierno (¿Por qué permitir que sea quien suceda quien se cuelgue la medalla?). De ese modo se gobierna para la “grada” y para el relumbrón y en perjuicio del interés público.

El segundo, que es el recurso más socorrido, consiste en que el resultado de las acciones de gobierno proviene únicamente de un proceso de negociación política, sin importar si sus efectos son buenos o malos en el mediano o largo plazo. Ello no quiere decir que los factores políticos específicos no deban tomarse en cuenta, significa que no deben ser los elementos predominantes; éstos también pueden, y deben, subordinarse al interés general.

El tercero y de mayor impacto, tiene que ver con la pregunta ¿qué hacer para que las acciones de gobierno tengan un efecto benéfico en la sociedad en el corto, mediano y largo plazo? Esta pregunta puede no tener una respuesta única y satisfactoria para todos, pero sabemos, al menos, los elementos que se necesitan para responderla. Se requiere de una comprensión plausible respecto de los factores que intervienen en el tema en cuestión y de la forma en que éstos interactúan. Demanda un cuidadoso análisis de la información relevante que provenga desde todas las perspectivas. Exige una férrea voluntad para que se anteponga el interés público frente al interés particular, de individuos o grupos, ya sean éstos económicos o políticos. Precisa del empleo de todos los instrumentos que la ley le otorga para hacer efectivas esas condiciones.

Todo ejercicio de consulta, que tenga como finalidad conocer el pulso social respecto a temas que le atañen, es bienvenido. La encuesta respecto al nuevo aeropuerto tiene un reto añadido, pues exige del encuestado una opinión fundada acerca de un tema en que, aparentemente, aun los especialistas no han arribado a un consenso.

Aunque, cabe advertir, que la eventual encuesta que se realizaría en el mes de octubre y la presunción por el nuevo gobierno de que sus efectos serían vinculantes, no le eximirían de sus obligaciones. Las responsabilidades respecto a las consecuencias del ejercicio de gobierno no son ni pueden ser transferibles.

@rodolfo_torresv

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