Alto a la violencia política

El proceso electoral 2018 se ha convertido en la panacea de algunos candidatos, principalmente en los redentores de la democracia, para ofrecer sus fórmulas y recetas mágicas que prometen resolver todos los grandes males nacionales, al triunfo de sus postulaciones.

Más allá de la seriedad y viabilidad de sus utopías, el tono de sus discursos y su prosa reaccionaria, basada en la descalificación y el odio, han generado un clima de encono y crispación que ha llegado a niveles inéditos y preocupantes.

“La mafia del poder”, la burocracia “fifí”, señoritingos, solovinos, pirrurris, peleles, tecnócratas neoporfiristas y empresarios camajanes son algunas de las frases y palabras, que aunque parecieran inofensivas y graciosas, tienen una importante carga de clasismo y simbolismo que han exacerbado y polarizado a la sociedad mexicana. Las redes sociales se convirtieron en la principal arena de la contienda, y es ahí donde corren las ofensas, estigmas, descalificaciones e injurias generando enemistades y división, que en ocasiones terminan en pleitos reales con altos grados de violencia.

Bajo este contexto, nos hemos enrolado en una espiral de polarización política marcada por una creciente diferenciación de la opinión pública en facciones o grupos antagónicos. Lamentablemente la profundización de estas diferencias ideológicas, políticas y económicas entre partidos, candidatos y grupos sociales en pugna, han agudizado el escenario electoral con una creciente oleada de intimidaciones, amenazas, pleitos y asesinatos.

Con base en una investigación realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil se construyó el Atlas de Riesgo Político-Electoral, el cual permite visualizar socialmente el fenómeno de la violencia política-electoral que vive nuestro país. Refiere el estudio que en el periodo de 2006 al 8 de mayo de 2018, 292 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante las campañas electorales.

Los niveles de violencia se categorizaron en dos: los de grado 1 que incluye acoso, hostigamiento, amenazas, intimidaciones, desplazamiento forzado y privación de la libertad; y los de grado 2 que se refiere a asesinatos, tortura y desapariciones. Los estados que presentaron un mayor número de casos de grado 1 fueron la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Coahuila y Puebla.

De las 292 víctimas mortales pertenecientes al grado 2: 9 fueron alcaldes electos;  59 alcaldes en funciones; 2 alcaldes con licencia; 25 candidatos y precandidatos; 9 dirigentes de partidos; 41 periodistas que cubrían la “fuente de corrupción y política”; 3 diputados en funciones; 47 funcionarios; 1 exlegislador; 2 familiares de actores políticos; 25 líderes sociales y 2 simpatizantes.

Por otra parte, de acuerdo al Indicador de violencia política en México 2018 realizada por Etellekt Consultores, al 12 de junio se han registrado un total de 113 asesinatos. Del total 28 eran precandidatos y 15 candidatos con registro. La lista de políticos amenazados aumentó a 132 y se tienen registradas 413 agresiones en contra de políticos y candidatos en las 31 entidades, siendo Guerrero (24), Oaxaca (19), Puebla (13) y Veracruz (8) los que concentraron más del 50 % de los casos.

Ante esta grave situación debemos apostarle a la unidad y al consenso pese a las diferencias políticas. La ciudadanía en general, debemos condenar enérgicamente estos trágicos hechos de violencia, y exigir a las autoridades esclarecerlos y castigarlos.

No caigamos en la trampa de la polarización extrema a la que nos quieren llevar algunos candidatos, pongamos un alto a estos niveles de violencia y ejerzamos de manera civilizada nuestros derechos políticos. La democracia se construye y se fortalece con el debate de las ideas, las propuestas y la participación ciudadana, no con discursos clasistas e incendiarios.

Senadora de la RepúblicaMichoacán de Ocampo@RocioPinedaG