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Miriam Rodríguez Martínez, quien representaba a más de 600 familias con personas desaparecidas o víctimas de la violencia en San Fernando, Tamaulipas, fue asesinada en su domicilio la noche del miércoles por hombres armados.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, cuando un comando armado irrumpió en la vivienda de la activista y le disparó alrededor de 12 veces, lo que ocasionó que muriera mientras era llevada a un hospital.
Miriam Rodríguez Martínez se convirtió en defensora de derechos humanos luego de sufrir la pérdida de una hija en 2012 cuando fue secuestrada y finalmente asesinada por integrantes de los Zetas, grupo criminal que controlaba San Fernando en esa época.
Uno de los secuestradores, presuntamente Enrique Yoel Rubio Flores, fue detenido meses después e internado en el penal de Ciudad Victoria.
La activista también sufrió el intento de secuestro de su esposo, a quien Los Zetas sacaron de su negocio. La mujer impidió el rapto al perseguir en su auto a los delincuentes a la vez que avisó a los miembros del Ejército, quienes lograron detener a los captores.
Al respecto, el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, lamentó el asesinato de Miriam Rodríguez y prometió trabajar para que no quede impune.
“Expreso mi más enérgica condena por el cobarde asesinato de la activista Miriam Rodríguez Martínez. Mis condolencias para su familia”, tuiteó en su cuenta @fgcabezadevaca.
“El @gobtam no permitirá que la muerte de Miriam Rodríguez sea una estadística más. #NoALaImpunidad”, escribió.
En tanto, el vocero de Seguridad del estado, Luis Alberto Rodríguez, negó omisión en el crimen de la activista, pues afirmó que por indicaciones de la Comisión de Derechos Humanos local se realizaban rondines de seguridad tres veces al día en el domicilio de la representante del colectivo de desaparecidos de San Fernando.
Luego de conocerse el asesinato de la luchadora social, algunas versiones apuntaban a que el homicidio pudo relacionarse con la fuga masiva de internos del penal de Ciudad Victoria, registrada a finales de marzo.
Al respecto, el gobierno del estado precisó que no existe relación entre la evasión de los internos y el asesinato de Rodríguez Martínez, pues Yoel Rubio se encuentra recluido en dicho penal.
“Rubio Flores está sujeto a formal prisión por los delitos de secuestro agravado, asociación delictuosa y violación a la Ley de Inhumación y Exhumación, todos del fuero común”, detalló el vocero, quien agregó que la PGR no ha consignado al interno por el delito de delincuencia organizada.
El vocero de Seguridad admitió que Miriam Elizabeth acudió directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a pedir protección luego de la fuga en el penal, pues en el reporte inicial se manejaba el nombre de Yoel Rubio entre los evadidos.
Ante la solicitud de la activista, la CNDH turnó la solicitud a la instancia local, lo que derivó en una serie de rondines de vigilancia realizados tres veces al día en el domicilio de la víctima, los cuales continuaron “incluso a pesar de tener la certeza plena de que Enrique Yoel Rubio estaba en prisión”.
En conferencia de prensa el vocero agregó que se tenía conocimiento de que Miriam Rodríguez se había quejado de no recibir atención por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia a la que pidió en varias ocasiones medidas de protección.
El funcionario recalcó que el gobierno de Tamaulipas sí le brindó atención y seguimiento a las demandas de la activista respecto a su protección y al caso de su hija asesinada.
“Un hecho concreto es qué hay 9 procesados, 7 hombres y 2 mujeres, entre ellas una menor de edad, con relación al secuestro y homicidio de su hija. De igual manera tenía permanente atención por parte del Instituto Estatal de Atención a Víctimas, tanto para sus requerimientos como para los de otras personas por quienes intermediaba”, puntualizó.
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