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La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió dos memorandos (19 páginas en total) sobre cómo llevará a cabo la política de inmigración de la nueva Administración. Es importante recalcar que estos memorandos no cambian la ley de inmigración de Estados Unidos, pero sí anuncian una aplicación de la ley más textual en lo que se refiere a los lineamientos de deportación establecidos durante las últimas dos administraciones del poder ejecutivo.
De los dos, me preocupó de manera especial el segundo memorando, en donde se solicita “identificar y cuantificar fuentes de ayuda económica a México”. El mismo Secretario del DHS, John Kelly, ya ordenó un reporte detallando para cuantificar "todas las fuentes" de fondeo que se han otorgado al gobierno de México durante los últimos cinco años (directa e indirectamente), y estos reportes deben estar listos en 30 días. Aquí el párrafo completo:
“Identificación y cuantificación de las fuentes de ayuda a México: El Presidente ha ordenado a los jefes de todos los departamentos ejecutivos identificar y cuantificar todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta al Gobierno de México. En consecuencia, se deberá identificar todas las fuentes de asistencia … durante los últimos cinco años fiscales para cuantificar dicha ayuda o asistencia”—El diario USA Today estimó que Estados Unidos otorga aproximadamente USD$320 millones al año en ayuda económica a México.
Yo no sé usted, pero cuando yo salgo a comer con mis amigos sólo uno de nosotros termina pagando la cuenta, sabiendo que la próxima ocasión alguien más pagará la siguiente. México es gran amigo de Estados Unidos, y como ciudadano estadunidense, no me gusta la forma en que la nueva administración está tratando a nuestro vecino del sur. Así que me dediqué los últimos días a hacer un listado que tal vez se debería también de crear dentro de 30 días, pero éste sería de México a Estados Unidos:
1. Para empezar, es sabido que los trabajadores indocumentados utilizan identificaciones fiscales falsas o no existentes, y que éstas han generado y generan miles de millones de dólares al año para el fondo de pensiones de Estados Unidos. Hasta el año 2012, en el estudio del Dr. James Wilkie de UCLA y de un servidor, estimamos que el monto que se debe a trabajadores indocumentados mexicanos es de USD$224 mil millones.
2. Por muchas décadas el Gobierno de México, y la sociedad Mexicana, han librado una sangrienta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero, dejando de lado el saldo humano, sería importante conocer el costo económico para el país en esta guerra. A fin de cuentas, es obvio que el narcotráfico está obedeciendo la creciente demanda del uso de drogas en Estados Unidos.
3. Y me pregunto, ¿cuánto invierte el Gobierno de México en dar servicios de salud a los millones de mexicanos indocumentados que, después de haber desarrollado enfermedades crónicas o simplemente al no poder seguir trabajando en Estados Unidos, regresan a México sin pensión ni beneficios, y son recibidos por el IMSS? Esto también debería ser adjudicado a Estados Unidos.
Hay muchas otras cosas que se podrían mencionar, pero éste no es el asunto. Entre amigos se supone que nos debemos ayudar, pero “he ahí el detalle”—dijera Cantinflas. La nueva administración no es amiga ni de México ni de Estados Unidos, es un régimen con tintes autoritarios que ha llegado al poder sin el voto de la mayoría del electorado estadunidense, y esto sí pido por favor a todos los lectores que lo tengan presente.
Raúl es orgullosamente hijo de trabajadores migrantes, y laboró en los campos agrícolas en California los veranos de su juventud hasta su primer año de universidad. Es autor principal de 18 guías didácticas sobre temas de finanzas, salud, tecnología y civismo, con más de nueve millones de copias distribuidas en los Estados Unidos. Actualmente es presidente del Consejo de Administración de SABEResPODER, una organización dedicada al empoderamiento de la comunidad Latina en Estados Unidos.
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