Ángel Mundo López*

El 13 de abril, el Consejo de Salubridad General (CSG) publicó en su página de internet un documento denominado Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (GB), el cual generó gran controversia, básicamente por dos motivos: estipular un criterio que priorizaba salvar la mayor cantidad de “vidas-por-completarse” (básicamente de las personas más jóvenes) (https://n9.cl/v055t), y por no contar con el sustento jurídico debido.

Sobre el primer aspecto, una de las críticas más importantes fue la del politólogo Sergio Aguayo, quien denunciaba, por un lado, la falta de previsión del Gobierno para atender la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, generando, a su vez, algo parecido a un menosprecio por la vida de las personas mayores. “Me importa como ciudadano y por estar en el grupo con reservación en el corredor de la muerte. Tengo 72 y si me enfermo no me darán un ventilador… la tercera edad es desechable…” (https://n9.cl/rxo7).

Por otro lado, el secretario del CSG, José Ignacio Santos, minimizó el asunto al mencionar que el documento representaba un borrador que estaba sujeto a discusión y que, además, al no haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) (https://n9.cl/bdub), no podía considerarse oficial o vinculante. El día 16 de abril, este funcionario manifestó que el documento modificaría los criterios de asignación por un mecanismo de triaje (https://n9.cl/72m77); sin embargo, la controversia continuó, hasta el punto que, cuando se cuestionó al Presidente al respecto comentó: “los médicos, los científicos tienen un código ético, no sólo en México, en el mundo, que no coincide necesariamente con el pensamiento de todos…”. (https://cutt.ly/Xt6Zc9a).

Y tiene toda la razón, se trata de un asunto que de manera cotidiana los hacedores de políticas enfrentan ante la necesidad de solucionar problemas y no contar con recursos suficientes; de ahí la necesidad de disponer de criterios pertinentes que permitan seleccionar entre alternativas subóptimas que plantean, además, dilemas éticos.

Uno de los instrumentos de los que se echa mano es el análisis costo-beneficio (ACB), que, como su nombre indica, requiere calcular todos los costos de un proyecto frente a los posibles beneficios que se espera alcanzar. En este caso se presenta el problema ético de asignar un valor monetario a la vida de las personas para hacerlo comparable con los costos. Dicen Franco y Cohen que podría parecer descabellado intentar calcular el costo de una vida salvada o mejorada, no obstante, es algo que se realiza de manera más frecuente de lo que se quiere aceptar (Evaluación de Proyectos Sociales, 1992: 189).

Ahora bien, si de evaluar el impacto de una política se trata, para determinar su continuación, rediseño o eliminación, también se dispone de distintas herramientas, la predominante es la que favorece la realización de ejercicios experimentales que, grosso modo, implica la conformación de dos grupos, uno denominado experimental (que recibirá los beneficios) y uno más designado de control; a ambos se les aplican por lo menos dos mediciones, una antes de implementar la política (para establecer la línea basal), y otra, posteriormente, para identificar los cambios en uno y otro grupos. El dilema ético que implica este tipo de enfoques es el de dejar sin ningún apoyo al grupo de control a sabiendas de sus necesidades y carencias. Para evitar estas complicaciones se puede recurrir, por ejemplo, a enfoque cualitativos.

Como puede verse, la toma de decisiones, y más cuando se trata de salvar la vida de varias personas ante un contexto de escasez, se complejiza, más aún con desafíos como el que representa el combate al coronavirus, por lo que es necesario considerar algunos temas:

Primeramente, los criterios preliminares del borrador de marras, aun cuando procedían de integrantes de un gobierno que se asume como posneoliberal, terminaron evidenciando una égida económica al momento de valorar la vida humana, pues, más que tratarse de un “asunto de justicia”, como argumentó el secretario del CSG, expresaba una valoración centrada en lo que la persona podría producir en la “vida-por-completarse”. Ante esto es necesario considerar que las personas adultas mayores, no por haber vivido más tiempo han vivido mejor.

A continuación, es necesario resaltar la escasa importancia que este gobierno confiere a los procedimientos legales que deben guiar su actuación. El hecho de que la GB se haya hecho pública sin cumplir con el marco legal conducente (https://cutt.ly/MytRAM2), es un eslabón más de una cadena de omisiones normativas por parte de este gobierno, por ejemplo:

El 3 de mayo del 2019, el Presidente anunció la firma de un memorándum en el que ordenaba no aplicar la “mal llamada reforma educativa” (https://cutt.ly/ot3ZtoD), aunque la vía conducente hubiera sido la que tuvo lugar unos días más tarde: la abrogación de dicha reforma en el Congreso.

Asimismo, desde hace varios meses debieron haberse publicado los programas sectoriales que derivan del PND 2019-2024. Actualmente se encuentran disponibles dos en internet —salud ­ (­https://cutt.ly/mt65dfT) y vivienda https://cutt.ly/jt675yG—, pero ninguno ha sido publicado en el DOF.

Se ha convertido en lugar común repetir que el Presidente “tiene otros datos”, pues existen discrepancias entre la información pública (incluso la oficial) y la que él maneja en sus conferencias, lo que genera controversias, pero sobre todo, inconvenientes para la sociedad, que no cuenta con certeza sobre los elementos requeridos para acceder a los bienes y servicios que ofrece el Gobierno, sobre todo los que buscan atender los efectos de la actual contingencia. Aunque es un gran acierto del Gobierno anticiparse a las exigencias médicas que, todo parece indicar, se incrementarán en las próximas semanas, es menester que se cumpla con los requisitos legales e informativos conducentes en todo momento.

Por último, aunque al momento de escribir estas líneas se anunció la eliminación del criterio de la edad en la GB (https://bit.ly/2zpjY2E), es necesario que más allá del discurso, se establezca y comunique claramente la forma en la que el Gobierno valora la vida de los ciudadanos (y de sus derechos), si es que de verdad se quiere establecer un cambio de régimen y, por ende, un cambio en las prioridades gubernamentales.

*Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana