Dreamers

La decisión del presidente Trump de poner fin al programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) representa una nueva medida para inhibir la migración hacia los Estados Unidos, bajo el argumento de que la nación norteamericana tiene que mantener un límite en el número de personas que entran a dicho país.

Esta postura rígida, considerada incluso inhumana, ha generado demandas, pronunciamientos y acciones no sólo de los jóvenes afectados, sino de servidores públicos como fiscales generales, empresarios, académicos y en general de la sociedad civil estadounidense, que considera que los dreamers contribuyen positivamente al desarrollo de Estados Unidos.

Este programa, creado en 2012 por el presidente Barack Obama, le dio la oportunidad a más de 800 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad (muchos de ellos hijos de padres mexicanos) de regularizar por periodos de dos años su estancia en Estados Unidos, para desempeñarse educativa y laboralmente.

Económicamente hablando, este sector representa una aportación relevante en el crecimiento económico estadounidense, si consideramos que más del 93% de los beneficiarios del programa DACA, mayores de 25 años, están empleados, en comparación con el 78% de los estadounidenses entre los 25 y los 54 años, aportando económicamente en estados como Carolina del Norte, California, Texas y buena parte de los estados fronterizos.

La decisión del presidente Trump representa una nueva faceta para la migración mexicana en Estados Unidos, con normatividades más estrictas, apoyos divididos e impactos en numerosas áreas, ya que muchos de ellos tienen esposas e hijos que son ciudadanos americanos, cuentan con una casa, trabajo y estrechos lazos con la nación norteamericana.

La cancelación del programa implicaría un costo aproximado de 400 billones de dólares; California, que cuenta aproximadamente con 188,000 trabajadores DACA, sufriría una pérdida del PIB de 11,300 millones de dólares anuales, mientras que Texas perdería 6,100 millones de dólares en el mismo periodo.

Esta decisión pone al Congreso en la cuenta regresiva para ejercer voluntad política y llegar al consenso sobre la situación legal de estos jóvenes en tres propuestas de ley que suenan más viables: el Bridge Act, el RAC Act y el Dream Act.

Ante este panorama es importante detenernos en el análisis de las acciones y los discursos del presidente estadounidense, pues con ello nos ha enviado un mensaje antiinmigrante muy claro a través no sólo del muro o el fin del DACA sino también, del recorte presupuestal a la atención de salud. Con dichas medidas pareciera que lo que pretende es disuadir las intenciones de los migrantes para ingresar a Estados Unidos o dicho de otra forma, de convertir el sueño en una pesadilla.

Por suerte, las instituciones federales de Estados Unidos tienen en sus manos la decisión de cambiar el destino de miles de jóvenes haciendo lo humanamente posible para contener medidas en perjuicio de la sociedad estadounidense. Así entonces, otorguemos confianza en la fortaleza de las instituciones estadounidenses y en todo caso, al apoyo del gobierno mexicano.

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