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Todavía no está claro si la velocista Ana Gabriela Guevara tuvo una salida en falso en la carrera por la gubernatura de Sonora, o si de verdad corre rumbo al norte.
No es un secreto que la ex campeona mundial quiere ser gobernadora, pero la verdad es que no se manda sola.
Es titular de la Conade y para dejar el cargo requiere del visto bueno de su jefe, el presidente López Obrador, que, para Sonora —ya se vio— tiene otros planes.
Además, hay muchas preguntas sobre manejos irregulares de recursos en esa comisión, que tienen que responderse antes de que Guevara tome pista.
O tal vez, dicen allá, todo sea un intento de carambola política: “Me voy, no me investigan y dentro de unos meses declino en favor de Durazo”. De pensarse.
La superdelegada del gobierno federal en Campeche, Katia Meave, se ha movido con la arrogancia de quien piensa que tiene asegurada la nominación por Morena para la gubernatura del estado.
Sales tiene una larga hoja de servicios, tanto en la entidad como a nivel federal, donde fue comisionado nacional de Seguridad, que no es poca cosa.
La suerte de ambos, Katia y Renato, depende de las negociaciones que acaban de empezar entre las dirigencias de Morena y el PT, y que requerirán de un visto bueno en Palacio, para terminar con la larga hegemonía priista en la entidad.
El tema del juicio a los expresidentes se enreda. Ya la Suprema Corte pagó un alto precio por validarlo constitucionalmente y el barullo no cede.
Hay un coro discordante. Hablaron el Presidente, el senador Monreal; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova; el titular de la UIF, Santiago Nieto y hasta el momento no hay nada claro.
Se debate incluso la fecha y los delitos de los que, llegado el caso, se les podría imputar.
La pregunta es si la mayoría de Morena en el Congreso está dispuesta a realizar un cambio constitucional con tal de que la consulta se haga cuando le interesa al Presidente. En otras palabras, usar la mayoría para cumplir caprichos.
Cuánto le costará al erario comprarle un auto blindado a cada uno de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dicen los que saben de eso que acaso 30 millones de pesos si consiguen una agencia que haga buenos descuentos.
Al Tribunal le urge un megaoperativo de relaciones públicas para que la ciudadanía recupere la confianza en sus fallos, no para que los magistrados se vuelvan personajes populares, sino creíbles, confiables.
Una cosa no tiene discusión, el despilfarro no les ayuda en nada.
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