Con la inminente aprobación, en el Senado de la República, de la propuesta presentada por el Presidente López Obrador para reformar la ley del INFONAVIT, que lleva Carlos Martínez Velázquez, se dará la estocada final al grupo de vivienderas que tuvieron un gran impulso en los gobiernos panistas. La nueva ley permitirá que los trabajadores puedan usar el dinero de la subcuenta de vivienda para comprar un terreno o suelo para construir, así como para remodelar su casa. Ese cambio saca de la jugada a los intermediarios que hicieron del desarrollo de la vivienda de interés social un gran negocio, apoyados por los directores en turno del INFONAVIT. Algunos de ellos como Homex, que actualmente dirige José Alberto Baños López, y cuyo fundador es el sinaloense Eustaquio de Nicolás, están nuevamente al borde de la quiebra. Otras como GEO, de Luis Orvañanos, no resistieron y URBI que encabeza Alfonso Zatarain Rubio, lucha por sobrevivir.De estas empresas la que tuvo mayor crecimiento en los sexenios de Felipe Calderón y Vicente Fox fue Homex, pero con la creación de los perímetros de contención urbana, al inicio del sexenio de Peña Nieto, comenzó la debacle económica para esta desarrolladora. A lo largo de los años, Homex, ha sido señalada por dejar miles de viviendas malogradas en todo el país, los clientes engañados por la empresa fundada por Eustaquio de Nicolás se extienden por todo el mapa de la República Mexicana, desde Baja California hasta Chiapas. Lo peor fue que se usaron los ahorros de los trabajadores para otorgar los créditos, que beneficiaron principalmente a las llamadas vivienderas.En esas administraciones se otorgaron créditos de vivienda al por mayor, con apoyo de gobiernos municipales se cambiaba el uso de suelo para que los desarrolladores pudieran edificar unidades habitacionales de gran tamaño, que no contaban con infraestructura básica como agua potable, drenaje, alumbrado, y que se encontraban en zonas inseguras, alejadas de los centros de trabajo. Actualmente muchos de estos desarrollos se encuentren abandonados, se tiene registro de 650 mil viviendas en esta situación.

Habrá que ver si la nueva política de vivienda que se pretende implementar por medio de esta reforma, realmente ayuda al acceso a una vivienda digna. Ya que dadas las circunstancias en materia económica, se corre el riesgo de que los trabajadores utilicen esos recursos para otros fines, lo cual truncaría el objetivo principal de la iniciativa presentada por el Presidente.

REGISTRO SANITARIO EXPRÉS PARA MEDICAMENTOS EXTRANJEROSLa Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), que encabeza Juan de Villafranca, denunció un trato preferencial para las empresas extranjeras, ya que por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece la autorización exprés para el registro sanitario de medicamentos que provengan del exterior, el cual es otorgado por la COFEPRIS de José Alonso Novelo. Esta medida, según dice la AMELAF, afecta de manera importante a la industria farmacéutica nacional, y la pone en una clara desventaja con laboratorios extranjeros. Y es que, según declaraciones del Presidente López Obrador, los trámites que se les exigían a estas empresas en administraciones anteriores, significaban un obstáculo para desalentar su participación en las licitaciones realizadas por el Gobierno de México. La asociación dirigida por Juan de Villafranca agrupa a 40 laboratorios que dan empleo a 60 mil personas, empleos que estarían en riesgo al dar preferencia a las farmacéuticas extranjeras. NOTA ACLARATORIA DE CARLOS LOMELÍ A través de su representante legal, Lic. José Juan Soltero Meza, Carlos Lomelí envió a este espacio una carta aclaratoria a lo aquí publicado la semana pasada, misma que ya fue publicada de manera íntegra en el sitio web de este medio en atención a su derecho de réplica. En ésta niega que las empresas en donde participaba su representado (Lomedic y Solfrán), hayan sido beneficiadas por el gobierno actual, según refiere la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Además, sostiene que Carlos Lomelí dejó de tener participación accionaria en Lomedic desde el año 2012, mientras que en Solfran nunca la tuvo, por lo que actualmente no tiene relación con ninguna de ellas. En cuanto a la sociedad denominada Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), asegura no tener ninguna participación.

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