La transición democrática electoral en México está inconclusa. Vivimos una democracia desigual. En la última reforma electoral, de 2014, se aprobó un modelo de sistema electoral, en los hechos, centralizado para la organización de las elecciones federales y locales. Dejando a los institutos electorales de las entidades una autonomía constitucional, prácticamente, de papel. Las nuevas alternancias en el poder federal y a nivel local no han modificado ciertos comportamientos de las elites políticas. A lo cual hay que agregarle las visiones centralistas que continúan siendo dominantes en el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese contexto paradójico se da la intención de la mayoría del Consejo General del INE de destituir a la Consejera Presidenta, Ana Isabel León Trueba, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). La causa es la supuesta negligencia en la realización de una investigación, acordada por el Consejo General de ese instituto, en contra de Cuauhtémoc Blanco por la supuesta firma de un contrato por 7 millones de pesos para ser postulado como candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata (PSD), en agosto de 2016. En noviembre del mismo año la investigación fue concluida y publicada en estrados, por el Secretario Ejecutivo, concluyendo que no existían elementos que demostraran la infracción. El resultado de la investigación le fue comunicado, formalmente, a la consejera presidenta en diciembre.

Paralelamente el INE realizaba una investigación, iniciada en agosto de 2016, de estos hechos desde la perspectiva de la fiscalización. Los consejeros del IMPEPAC acordaron reunirse con el INE. A dicha reunión acudió la Consejera Presidenta y el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal con el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del INE, se acordó que debían hablar con el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTEF), con el fin de coordinar lo relativo a las investigaciones que ambas instituciones realizaban. En este último encuentro, realizado en febrero de 2017, se concluyó que el IMPEPAC no resolvería el asunto hasta que la UTEF terminara la Investigación. Así transcurrió el resto del año de 2017.

A principios de marzo de 2018 cuatro consejeros y consejeras del IMPEPAC solicitaron convocar a sesión extraordinaria urgente, un día antes del registro de candidatos a gobernador, a fin de tratar la resolución recaída en la investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco de 2016. Esa solicitud violentaba lo acordado con el INE de esperar a la resolución de la UTEF. En sesión del Consejo General, por mayoría de esos mismos consejeros, se acordó iniciar un Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del casi candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia.

Después de este acuerdo los consejeros del IMPEPAC fueron citados a la ciudad de México para sostener una reunión, a fines del mismo mes de marzo, con los consejeros del INE, que cuestionaron severamente a la mayoría debido a que el acuerdo de iniciar un procedimiento unos días antes del registro de candidatos a gobernador tenía una clara intención política de perjudicarlo, creando un problema político sin fundamento legal.

El acuerdo de iniciar el Procedimiento Ordinario Sancionador fue impugnado ante el Tribunal Electoral local, que resolvió su improcedencia, en abril de 2018, pero dio vista al INE, porque consideró que la investigación había tardado demasiado. Los abogados del INE han llegado a la conclusión de que la responsable del retraso en la investigación y de su elevación al Consejo General del IMPEPAC es la Consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba.

Vale la pena hacer un recorrido por el procedimiento legalmente establecido en la Ley Electoral del Estado de Morelos: 1). El Consejo General del IMPEPAC acordó se realizara la investigación sobre el supuesto contrato de 7 millones de pesos que el PSD habría pagado a Cuauhtémoc Blanco para que fuera candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. 2). El responsable de realizar la investigación y elaborar un proyecto de resolución era el Secretario Ejecutivo. 3). El proyecto de resolución se tendría que haber turnado a la Comisión de Quejas, para su discusión y aprobación o no. 4). Posteriormente, elevarlo al Consejo General a propuesta del Secretario Ejecutivo. 5) Derivado del acuerdo entre la UTEF y el IMPEPAC, no se elaboró el Dictamen correspondiente. 6) El asunto paralelo, a cargo del INE, durmió el sueño de los justos en el INE, de agosto de 2016 hasta mayo de 2018, resolviéndose que el procedimiento era infundado: un año nueve meses después. 7) El IMPEPAC tardo de septiembre de 2016 a marzo de 2018: un año y seis meses. 8) Con algo de ironía, se podría solicitar la destitución del Consejero Presidente del INE, porque la institución que preside se tardó en concluir el mismo asunto tres meses más que el IMPEPAC.

En 2014 la Consejera Presidenta, Ana Isabel León Trueba, recibió una institución desmantelada, sin infraestructura propia, con personal insuficiente, con un gobernador de discurso demócrata y talante autoritario. Quien pronto cooptó a cuatro consejeros y consejeras constituyendo una mayoría gubernamental al interior del Consejo. A pesar de las adversidades políticas, que van desde invasión de competencias, con el fin de anular la autoridad de la presidenta, hasta acoso y violencia de género y, claro, las restricciones presupuestales y carencias materiales, las elecciones de 2015 y 2018, se organizaron satisfactoriamente y sin mayores impugnaciones.

Los cuatro consejeros cooptados por el gobierno perredista, dada su versatilidad política, a partir de 2018 se convirtieron en alfiles de funcionarios del nuevo gobierno estatal. Derivado del nombramiento de dos nuevas consejeras y un consejero profesionales e independientes, la mayoría progubernamental pasó a ser minoría. Con lo cual se avanza en la organización del proceso electoral del año próximo. Además, por el impulso de la Consejera Presidenta se lograron establecer candidaturas indígenas en 4 distritos locales y en 33 municipios, además de paridad horizontal y vertical en candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos.

Hay cuatro consejeras y consejeros del INE recién nombrados y siete que permanecieron. Es necesario formular preguntas para ellos ¿El Consejero Presidente fue informado o no del asunto por la UTEF? ¿Conocen y tienen claridad de las responsabilidades de cada quien en las diferentes etapas del proceso reseñado? ¿Conocen de los acuerdos entre la UTEF y el IMPEPAC? ¿Ya sopesaron las consecuencias para la estabilidad política en el estado? ¿Están seguros que con los elementos que cuentan tomaran la decisión, jurídica y políticamente, correcta? Jorge Luis Borges decía que “La duda es uno de los nombres de la inteligencia”. La aplicación del derecho no es un ejercicio mecánico de la lógica formal; bien vale la pena detenerse y realizar una valoración integral del caso, en que el INE tiene responsabilidad indudable en el retraso de la investigación del IMPEPAC.

La presunta conclusión de este asunto es preocupante. ¿Quién o quiénes, en el INE, pretenden ocultar su responsabilidad? ¿El INE estará cediendo a la presión de las élites de algunos partidos por su desacuerdo con las candidaturas indígenas y la paridad de género? ¿Se ha considerado si la autonomía defendida por la presidenta del IMPEPAC es el telón de fondo de todo este episodio? ¿A quién le incomoda que una mujer con una importante trayectoria académica, política y social sea tan tenaz? ¿Por qué impulsar la destitución de la consejera presidenta con el proceso electoral iniciado en el que participarán 22 partidos? ¿A quién o quiénes se pretende beneficiar con la destitución?

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

www.javiersantiagocastillo.com

P.D. Algunos delegados estatales del INE expresaron su desconcierto por la decisión, del Consejo General, de nombrar consejeros locales, en lugar de que los suplentes asumieran el cargo de titulares en automático. Ahora, varios de ellos pretenden monopolizar las propuestas para consejeros distritales, sin la participación de los consejeros y consejeras locales, sólo quieren que avalen sus propuestas con el argumento burocrático: “siempre se ha hecho así”. De consumarse estas acciones serían del todo ilegales y afectaría la legitimidad del proceso electoral.