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Antes para obtener un crédito de vivienda, los interesados, en la mayoría de los casos, recurrían a organizaciones, “vivienderos” o eran obligados a asistir a eventos políticos y marchas; de ahora en adelante, con una nueva reglamentación, los requisitos serán más estrictos y se comprobará, con visitas de campo y seguimiento, la situación de los interesados, que deben demostrar que están en situación vulnerable y requieren el apoyo.
Crónica registró casos en los que la participación del gestor fue clave para que capitalinos obtuvieran, de manera más pronta y segura, su crédito; incluso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, denunció que anteriormente el Invi entregaba casas a asociaciones y las ponía a la venta.
Ante esto, el Consejo Directivo del Instituto de Vivienda de la CDMX modificó las normas de operación y reforzó el marco jurídico, para restringir la actuación de terceras personas, principalmente de gestores que se aprovechaban de las necesidades de la población.
Cabe recordar que en el 2015 se realizó una modificación a los lineamientos del Invi en los que se reconoce la participación de las organizaciones sociales para poder vincularse a los programas que opera el Instituto; es decir que pueden gestionar programas de viviendas para sus agremiados y hacer propuestas a las reglas de operación del instituto e instrumentos normativos que rigen su operación.
Pedro Sosa Álvarez, director del Invi, asegura que las nuevas reglas establecen “un momento histórico” y explicó: “Estas modificaciones a las reglas de operación son un parteaguas en la administración del Instituto. En principio, marcan la nueva política que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, nos está señalando para la nueva administración del Instituto de Vivienda”.
Entre los cambios más relevantes que tendrán las Reglas de Operación se encuentran los financiamientos directos, y es que únicamente se autorizarán para las personas registradas en la bolsa de vivienda, quienes deberán comprobar su situación vulnerable o que formen parte de algún programa social.
Lo anterior evitará que se lucre o se condicionen los apoyos.
Asimismo los estudios socioeconómicos serán aplicados y validados en campo para verificar que son sujetos de crédito.
También se eliminará la posibilidad de que se realicen sustituciones de solicitantes, salvo en determinados casos que por derecho tenga la población original del predio.
Se incluye la obligación del registro de todas y cada una de las organizaciones y grupos sociales que cuenten con demanda identificada, así como los proyectos que gestionan ante el instituto.
Lo anterior se publicará en la página de internet del Invi, en los términos que marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
También sé requerirá que organizaciones y grupos sociales sean corresponsables de que sus agremiados cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación, y en caso contrario, los créditos serán asignados a otros solicitantes.
Asimismo, se hará un registro de identificación por cada organización beneficiada para evaluar el grado de recuperación, que servirá de referencia para la autorización de nuevos proyectos.
En caso de que resulten departamentos adicionales en los proyectos, éstos se destinarán a los solicitantes registrados en la bolsa de vivienda.
En aquella ocasión, la mandataria denunció que el Invi era utilizado para hacer negocio, en virtud de que le entregaban casas a distintas organizaciones que después eran vendidas a través de anuncios en los periódicos.
La funcionaria aseguró que esta práctica será eliminada del Invi mediante la entrega directa a los beneficiarios de créditos para vivienda, renovación o ampliación, sin que haya intervención de las organizaciones que lucraban con estos apoyos.
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