En los últimos años, de acuerdo a la mayoría de las estadísticas oficiales, las juventudes, sobre todo del sexo masculino, han sido responsables de gran parte de actos violentos y delincuenciales, y, resultan también, ser las principales víctimas y victimarias en esta compleja problemática.

Datos emitidos por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2014-2018, de la Secretaría de Gobernación, (con base en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI) muestran una marcada tendencia hacia la mortalidad por homicidio de jóvenes varones entre 19 y 25 años de edad.

Lo anterior denota que en México, por un lado, la juventud (mayoritariamente del sexo masculino) es más proclive a ser víctima de la violencia, y, por el otro, que los de menor edad de este sector de la población, son quienes cometen la mayoría de los delitos, y, consecuentemente, los que cada vez más están ocupando las prisiones del país.

El origen del problema, sin duda, es multifactorial, pero si para el desarrollo de la juventud el contexto sociocultural, educativo y económico le es adverso, las condiciones serán propicias para ser presa fácil de los grupos delincuenciales, tanto como víctima como victimaria.

En el peor de los casos, cuando la violencia permea todo el ámbito juvenil, puede arrebatarle su derecho más elemental que es la vida misma; en otros casos, privarle de sus derechos civiles, legales y políticos que limitarán o impedirán su crecimiento personal y social.

Además, el desconocimiento de estos derechos, de sus obligaciones, de la garantía de su ejercicio y sin una cultura de la legalidad, la juventud seguirá enfrentado, con menos recursos, las situaciones difíciles de la vida; creciendo entre carencias y omisiones que continuarán afectando su formación integral, privándolos de otros derechos como el de la educación, empleo, salud, participación en la vida social y política, toma de decisiones, tutela judicial efectiva, familia, vivienda, recreación, entre otros.

Estamos convencidos que en la medida en que los jóvenes conozcan y estén conscientes de sus derechos jurídicos y de los procesos legales, será mayor su participación en un Estado de Derecho; proceso en el cual, la formación educativa desempeña un papel importante, y, ahora, con la formación personal a través de diversas plataformas digitales, abre mayores espacios para que la juventud conozca, genere, contribuya y promueva una cultura de la legalidad.

De acuerdo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, éstos “…conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro”.

En nuestro país, como lo establece el Artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud: “Por su importancia estratégica para el desarrollo nacional, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones (…), sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra”.

Así, en México tenemos leyes e instituciones cuya misión es promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por nuestro país, en los que se prevén los derechos a la vida, a la privacidad, a la libertad y seguridad de las personas, al nivel más alto posible de salud, a la planificación de la familia, a la no-discriminación, a una vida sin violencia, a la información y educación, a los beneficios del adelanto científico, a recibir e impartir información, y a la libertad de pensamiento, entre otros.

Por lo anterior, podemos afirmar que aún falta avanzar en la promoción de mayores y mejores oportunidades para la juventud; en el reconocimiento explícito de sus derechos, y en la consecuente obligación del Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos. Así, en todos los ámbitos juveniles se requiere reforzar hábitos y trabajar más en las políticas y en las acciones estratégicas que permitan incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.

Aunque no existe un consenso entre los estudiosos de este fenómeno social, podríamos decir que la delincuencia juvenil es la denominación general que reciben aquellos delitos que son perpetrados exclusivamente por individuos que no han alcanzado la mayoría de edad (18 años en nuestro país).

Frente a esto, queda clara la urgente necesidad de crear las condiciones socioculturales, educativas y económicas que permitan, a través de políticas públicas, prevenir la delincuencia juvenil, como un elemento fundamental dentro de una estrategia de prevención integral del delito; esto, si queremos evitar que niños de doce años se vean orillados a formar parte de la delincuencia, y, que desde edades más tempranas, sean sometidos para el “halconeo” y el “sicariato”, por mencionar algunas prácticas dentro del crimen organizado, específicamente del narcotráfico.

Entonces, en cada comunidad rural o urbana, desde el contexto familiar, cada municipio, cada entidad de la República y en todas las instituciones públicas, privadas y sociales, resulta ser una obligación el trabajar a favor de la orientación, la prevención, la difusión de los derechos de la juventud y, por encima de todo, actuar con respeto a la ley y ejercer libremente las garantías individuales y los derechos humanos, con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad que dignifique nuestra condición humana.