En México, al igual de lo que sucede en otros países del mundo, la gran parte de los jóvenes se enfrentan a entornos variados y complejos, a adversidades y obstáculos que dificultan su desarrollo laboral, educativo, profesional, cultural y recreativo, lo que ha acentuado el descontento social, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, y una de sus más funestas manifestaciones: la delincuencia.

En este sentido, si consideramos que en nuestro país existen 30.7 millones de jóvenes, lo que representa el 24.6% del total de los habitantes (de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID), entonces debemos reconocer que coexistimos con un porcentaje considerable de población descontenta y con alta vulnerabilidad social y económica, lo que nos debe llevar a la reflexión de que éstos son factores que incrementan la posibilidad de que la juventud en edad de trabajar se involucre, de forma voluntaria o forzada, en actividades y organizaciones delictivas.

En este contexto, desde luego la participación social de los jóvenes resulta ser un importante ámbito de acción al que la sociedad en su conjunto debe contribuir para garantizar a cada uno de ellos sus derechos y la consolidación de proyectos de vida, que más tarde impacten en una mejor calidad del nivel de bienestar personal y social.

Sin duda, el vínculo entre educación y el fortalecimiento de políticas y estructuras que garanticen los derechos de la juventud, mejorará el desarrollo de capital humano y elevará las oportunidades de mejores empleos, promoverá la movilidad social y ayudará a disminuir la desigualdad en el proceso de desarrollo de los jóvenes, tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales de México.

Han pasado más de tres décadas desde que por primera vez la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró el año Internacional de la Juventud, y más de cuatro lustros que designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, lo que significó un punto de partida para mejorar las condiciones de desarrollo de los jóvenes, y atender sus problemáticas desde las agendas gubernamentales y académicas. No obstante, la tarea sigue vigente.

Hoy, frente a un escenario pandémico que resultaba impensable hasta hace unos meses, y en pleno auge de una generación digital, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, nos deja ver que en el fenómeno del uso de tecnologías, el 91.8% de las personas entre 15 y 29 años de edad disponen de un teléfono celular, 40.3% usa computadora portátil (laptop, notebook) y 32% emplea computadora de escritorio, lo que también demuestra la persistencia de una brecha digital, ejemplo de desigualdad y limitación de los derechos juveniles.

En el mismo sentido, respecto de la cobertura educativa, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, el 60.8% de las personas con edad entre 15 a 19 años, no asiste a la escuela, lo que llama la atención toda vez que los jóvenes de este rango de edad, son quienes deben de tener como prioridad el estudio, sin embargo, podríamos pensar que 3 de cada 10 están trabajando o son considerados en la lamentable denominación de “ninis”.

Lo anterior, a pesar de que, según las leyes y los organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) consideran a la educación como “uno de los procesos más importantes en la vida de las personas, es un derecho que proporciona herramientas para que se ejerzan otros derechos”.

En lo relativo a la vida laboral de los jóvenes, la transición de la escuela al trabajo es un momento importante en su vida, ya que no sólo es el hecho de transcurrir entre el final de su educación y el momento en que acceden por primera vez al mercado laboral, sino que también alude a elementos cualitativos como el grado de estabilidad en el empleo, lo que a su vez puede favorecer a otros ámbitos de desarrollo.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en 2019, indican que el 67.3% de los hombres jóvenes y el 40.5% de las mujeres jóvenes forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Estas cifras, sin duda, reflejan ámbitos que complican en los jóvenes la toma de decisiones personales, limitando el ejercicio pleno de sus derechos, y generándoles inestabilidad e incertidumbre en sus trayectorias.

De esta manera, a pesar de entender que la juventud es una etapa de búsqueda de integración social, de independencia y de autonomía personales, el “ser joven” puede estar limitado por parámetros como: la condición económica, el acceso al trabajo y al ocio, el nivel educativo y el propio lugar de residencia, pero sobre todo de conocer y ejercer sus derechos para valorar las experiencias de libertad, la diversión, la apertura a lo nuevo y el disfrute pleno de la vida.

Las especificidades del mercado de trabajo, las políticas de bienestar social, los valores familiares, las condiciones sociales de la familia de origen, el nivel educativo y el género, son variables que afectan la inserción socio-laboral de los jóvenes y también aplazan su transición a la vida adulta, haciendo que el alargamiento de la juventud se intensifique como un nuevo fenómeno de la condición de ser joven.

Esta situación ubica a la juventud en una condición de dependencia familiar y de aplazamiento de las decisiones de construir una vida autónoma y formar, si así lo desean, una nueva familia. Además, esta condición genera inestabilidad e incertidumbre en sus trayectorias, perjudicando su integración social, sus planes a largo plazo y, consecuentemente, sus procesos de construcción de identidad.

Tenemos que conciliar, armonizar la convivencia generacional en una travesía compartida y dentro de un camarote estrecho de un barco en medio de un mar inestable, con la esperanza de llegar firmemente a un puerto que nos abra nuevos y mejores caminos.