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La CIDH exige a Nicaragua retirar la ley que castiga con cárcel las noticias falsas

El órgano considera que la nueva legislación empeorará la crisis de derechos humanos en la dictadura sandinista, dedicada a “perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades”

La CIDH exige a Nicaragua retirar la ley que castiga con cárcel las noticias falsas | La Crónica de Hoy

Los miembros de la Junta Directiva del parlamento de Nicaragua, durante la sesión para aprobar la ley de ciberdelitos, el martes en Managua (EFE).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este miércoles al Estado nicaragüense dejar sin efecto la ley especial de ciberdelitos bajo el argumento de que esa norma, junto a la ley de agentes extranjeros, "forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua".

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión "llaman al Estado (de Nicaragua) a dejarlas (ambas leyes) sin efecto y a restablecer las garantías democráticas en el país", abogó ese ente en un tuit.

El parlamento nicaragüense, controlado por los sandinistas del régimen de Daniel Ortega, aprobó el martes la ley de ciberdelitos que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

La norma ha sido bautizada por la prensa crítica con el régimen como "Ley Mordaza" o "Ley Bozal" porque consideran que atenta contra la libertad de prensa y de expresión, que persigue controlar la información en medios digitales y redes sociales, y castigar con la cárcel a quienes publiquen lo que las autoridades consideren "noticias falsas".

La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la seguridad del Estado.

“AGRAVAN LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS”

Según la CIDH, la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros "agravan la crisis" de derechos humanos en Nicaragua "e institucionalizan el cierre de los espacios cívicos que ya se venían denunciando" desde abril de 2018 cuando estallaron protestas sociales que reprimió duramente el régimen de Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión destacaron "la inconvencionalidad de estas leyes; muestran preocupación porque fueron aprobadas sin consultar a organizaciones y actores involucrados, y por la falta de independencia de los poderes públicos respecto a su sanción y aplicación".

Además, la Relatoría Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión advirtió que usar la ley para sancionar la libertad de expresión sobre cuestiones de interés público o funcionarios públicos viola el artículo 13 de la Convención Americana.

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