La educación, presa de un botín político

La educación en México ha sido nuestro talón de Aquiles y uno de los grandes diques que impiden el desarrollo armónico de un país complejo, culturalmente heterogéneo y con marcadas desigualdades socioeconómicas.

Existe consenso en el mundo en que la educación como derecho humano fundamental es el catalizador más poderoso que permite el desarrollo de sociedades más equitativas, justas y avanzadas.

Desde el ámbito teórico, el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, consideraba que la educación es una de las oportunidades sociales o servicios públicos enfocados a la mejora personal de los individuos que le permite el desarrollo.  En su concepto de desarrollo como libertad, la pobreza y la falta de oportunidades económicas son vistas como obstáculos en el ejercicio de libertades fundamentales, por lo que lograr ese desarrollo significa expandir la libertad de los seres humanos.

Estos preceptos, ya habían sido vislumbrados con anticipación por José Vasconcelos que desde 1923 en su “Cruzada contra la ignorancia” y el Plan de las Misiones Federales de Educación buscaba incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de nación civilizada. Además de difundir en ellos un pensamiento racional y práctico para terminar con el fanatismo religioso y el alfabetismo.

Pese a los grandes esfuerzos transformadores de la historia de la educación en México. En pleno siglo XXI todavía tenemos grandes rezagos en alfabetismo, de acuerdo al INEGI en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 por ciento en 1970 a 5.5 por ciento en 2015, lo que equivale a 4.7 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir.

Basta con revisar cifras nacionales e internacionales como las del INEGI, la SEP, la Prueba Pisa, estudios de la OCDE y la UNESCO para enunciar los grandes rezagos y deficiencias que tenemos en materia educativa. Analfabetismo, deserción escolar, bajo nivel educativo, falta de programas vinculados al sector productivo, insuficiencia en capacidades de lectura y comprensión, profesores con deficiencias académicas y pedagógicas, bajo nivel de presupuesto, falta de infraestructura física, reducción del número de clases por actividades extra académicas, por los paros y plantones vinculados a temas sindicales, todos ellos son parte del abanico de factores que impiden que la educación sea una verdadera palanca de desarrollo y bienestar.

Existe basta evidencia empírica sobre las bondades y la correlación positiva que genera una política integral y trasversal de educación soportada en un Sistema Nacional que permita vincular el aparato educativo y las necesidades presentes y futuras de la economía de un país. Corea del Sur, la India y China son claros ejemplos de dichas políticas que lograron convertir a la educación en factor productivo, siendo el capital humano una de sus principales fuentes de crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, pese a toda esta experiencia internacional, la educación en nuestro país sigue estando en segundo plano. Se han subestimado todas sus bondades como elemento democratizador y factor de desarrollo, convirtiéndola en un botín político.

Si bien la reforma constitucional en materia educativa y las leyes secundarias de 2013 eran el punto de partida para romper con la inercia de un modelo educativo y algunas prácticas que volvieron al gremio educativo en jugadores y actores políticos, que usaban a la educación como rehén de sus intereses de grupo, hoy corre el riesgo de tener un retroceso. La probable derogación y las consultas para crear una nueva ley educativa pueden poner en riesgo este importante avance, por lo que será fundamental la participación de todos los actores sociales para que esta inminente reforma no eleve los costos que hemos asumido por no contar con una educación con calidad y despolitizada.

Senadora de la RepúblicaMichoacán de Ocampo@RocioPinedaG