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“Mediante la subcontratación u outsourcing, empresas de seguridad privada y otras compañías han incurrido en violaciones a la ley para evadir impuestos y sus responsabilidades fiscales. Los propietarios de estas compañías suelen incurrir mediante esa plataforma en la ilegalidad, con las que además de abusar de sus trabajadores vulneran sus derechos, al despedirlos sin motivo y retenerles salarios y las prestaciones a que tiene derecho sin que ninguna autoridad pueda intervenir al no haber una regulación”, dijo en entrevista con Crónica Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los legisladores del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados.
El legislador alertó que se han detectado plataformas de subcontratación utilizadas por distintas empresas, entre ellas muchas de seguridad privada, por lo que aseguró que en el próximo periodo ordinario de sesiones se abordará este tema con la meta de eliminar esta práctica ilegal.
“El asunto que corresponde a las empresas de seguridad privada está demasiado suelto y no tiene ninguna regulación, por lo que es urgente tratarlo, ya que de éstas, incluso no se sabe en ocasiones a quién le sirven, a quién pertenecen, cuántos elementos armados tienen, la forma como operan y por qué les dieron esos permisos”.
Sandoval Flores subrayó que “la contratación por outsourcing ha sido adoptada por muchas empresas no sólo para evadir sus responsabilidades fiscales, sino para manipular los derechos de los trabajadores al impedir que el salario de éstos se incremente y dejándolos en total indefensión, por eso es que también hacemos una invitación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para que se ponga las pilas y actúe conforme a derecho contra estas empresas y defienda a los trabajadores.”
El coordinador de los diputados del PT subrayó que al no haber una reglamentación que controle de manera eficaz el desempeño de las empresas de seguridad privada, esto ha abierto camino para que elementos de estas compañías, al estar armados, lleguen incluso a delinquir.
“Está corriendo mucho el tema de la delincuencia con charolas (identificaciones), pues estos elementos tienen el permiso para portar sus armas. Este tema de la delincuencia y la falta de regulación empezó a crecer a partir de que el Estado abandonó las tareas que corresponden a la seguridad privada, por lo que hay que poner orden y este es uno de los temas en los que hay que trabajar”.
El legislador apuntó que “otro tema que también tiene carácter prioritario es el que compete a que estas empresas y muchas más establecieron el formato de contratación outsourcing, mediante el cual pueden realizar contratos con dos, tres o varias empresas, lo que les permite no rendir cuentas de ley y no pagar las cuotas correspondientes que se deben hacer ante el IMSS, Infonavit, el ISR y ningún reporte fiscal”.
Consultado sobre el caso particular de la empresa Custodia de Seguridad Privada Veilleur S.A. de C.V., que argumentando la falta de pago de unos de sus contratantes despidió a 500 empleados que reclamaron el pago de quincenas atrasadas, el legislador aseguró que el PT “como grupo parlamentario revisará el esquema mediante el que trabaja esta empresa de seguridad privada, los contratos que tiene, el permiso para operar y las afectaciones que han sufrido los trabajadores despedidos, pues se abordará el apoyo para los empleados para que esta compañía les responda y cumpla con sus compromisos laborales ya devengados, ya sea mediante una demanda laboral, acercarlos a las autoridades , pues no podemos permitir que este tipo de empresas sigan abusando de los trabajadores”.
Asimismo, refirió que “esta empresa (Veilleur) y otras que incurran en arbitrariedades en detrimento de sus trabajadores son merecedoras en primera instancia de sanciones, y si no se repara el daño a los empleados por las demandas exigidas, entonces sin ninguna duda se les deben cancelar los permisos para que ya no sigan operando, porque finalmente son concesiones que otorga el Estado”.
Respecto al contrato vigente que tiene Veilleur, que comprende entre marzo y diciembre del 2020, y donde la empresa abandonó su responsabilidad de custodia de inmuebles bajo responsabilidad de la SEP desde los primeros días de septiembre, sin que hasta el momento haya cubierto los lugares del personal despedido, el legislador del PT subrayó que “en este caso, el contratante afectado debe presentar una denuncia por incumplimiento de contrato, toda vez que se está violando la ley y para que no se le obligue a pagar un servicio que no se está prestando”.
En el mismo tenor, subrayó que “lo peor del caso es que nos llegamos encontrar con que la protección de oficinas y dependencia del estado y de gobierno, suelen estar con contratos con este tipo de empresas que suelen carecer de regulación, por lo que el contratante, aunque sea del Estado, debe denunciar y no guardar silencio para que estas compañías no sigan incurriendo en violaciones a la ley”.
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