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La bancada de Morena en San Lázaro obtuvo ayer una victoria pírrica.
Logró, con malas artes, que el diputado Muñoz Ledo no cuestionara en la tribuna el desempeño de Rosario Piedra Ibarra, nueva titular de la CNDH, en temas espinosos como migración y desabasto de medicamentos para enfermedades graves.
Que no haya tomado la palabra en el recinto legislativo no significa que Muñoz Ledo no levante la voz en otros ámbitos.
Silenciar a Porfirio es una misión imposible.
La que sí habló en la tribuna fue la señora Piedra. De lo que dijo, los medios retoman que degradó a los empleados de la cocina de la CNDH, para ahorrar.
Los temas importantes, los que le interesan a la población, los dejó para después, acaso para cuando alguien le indique qué debe decir.
Durante la tarde ayer apareció entre las tendencias dominantes de la red social Twitter una llamada “Yo no autorizo”.
Fue la resonancia digital del desencuentro INE-Secretaría de Gobernación.
La dependencia gubernamental le pidió al INE los datos personales de los ciudadanos que el instituto tiene bajo resguardo para elaborar la credencial para votar y los listados nominales.
Hay una prohibición legal expresa para que se dé un uso distinto a esos datos biométricos. La Segob lo sabía y de todas formas hizo la petición formal.
Ante el rechazo del INE, la 4T comenzó a buscar alternativas jurídicas para lograr su cometido. Igual y las encuentra. Mientras tanto los ciudadanos se expresaron diciendo que ellos no autorizan que el INE entregue su información personal a la Segob.
Hay claros intentos de romper la unidad de los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional en contra del Instituto de Salud para el Bienestar.
Ante las versiones de que Durango, gobernado por el panista José Rosas Aispuru, dejaba la posición de la GOAN para sumarse al Insabi, el secretario de Gobierno, Adrián Alanís, aseguró que no es verdad y que la entidad está por el acuerdo de no adhesión.
Mientras el tema del desabasto de medicamentos se agudiza, incluso con acciones de protesta, la vertiente política se hace más áspera.
Los gobernadores, verdadero poder dentro de Acción Nacional, están en un pulso con el gobierno federal, mientras que los ciudadanos afectados pierden la paciencia.
En Tecámac se pusieron las pilas.
Se construye ahí uno de los centros de abasto más modernos del país. Se inscribe en las hostilidades de desarrollo y negocios que abre la construcción de Santa Lucía.
Esto se logró dejando atrás las grillas y tomándole la palabra al presidente López Obrador de que se tiene que invertir.
La inversión está lista. Son mil 500 millones de pesos entre el gobierno estatal, el municipal y un grupo de empresarios liderados por Arturo Fernández, que tiene experiencia en la operación de otras centrales de abasto.
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