La noticia de que el Consejo General del INE negó el registro al partido México Libre que encabeza Margarita Zavala, por no haber identificado la procedencia del 8.18% de las aportaciones de sus simpatizantes, distrajo la atención de la opinión pública respecto del registro que sí se otorgó al Partido Encuentro Solidario (PES). Su reconocimiento oficial como partido político nacional ocurrió en medio de una controversia, debido a su posible nexo orgánico con asociaciones evangélicas, lo cual contraviene los principios de nuestro Estado laico.

Nuestros ordenamientos constitucionales establecen con claridad el derecho de las personas a la libertad de religión y de culto (artículo 24), en tanto que el artículo 130 señala que los ministros del culto tienen derecho a votar, pero no a ser votados, ni a asociarse con fines políticos, ni a realizar proselitismo a favor de candidato, partido o asociación política.

El problema del nuevo partido, que es la reedición del Partido Encuentro Social (PES) que en 2018 perdió el registro por no alcanzar el 3% de la votación en alguna de las elecciones federales de ese año, es que durante el proceso de constitución para cumplir con los requisitos legales —233,744 afiliados y 200 asambleas distritales de 300 afiliados, o 20 asambleas estatales con 3000 afiliados—, el INE identificó cómo en 5 de las asambleas distritales, participaron 15 ministros evangélicos, lo que viola nuestra constitución.

Al final, la votación de los consejeros electorales fue dividida —6 a favor y 5 en contra— y quienes respaldaron otorgarle el registro al PES lo hicieron con el argumento de que dichas asambleas habían sido anuladas. La pregunta pertinente es si invalidar unas asambleas es suficiente para quebrar el lazo orgánico del PES con las iglesias evangélicas, que es lo que exige la separación del Estado y las corporaciones religiosas. Hay que tener en mente que el rasgo distintivo de los partidos identificados con una comunidad religiosa es que sus integrantes están comprometidos con representar los intereses de las iglesias a las que pertenecen. No se trata de ciudadanos que, en el ejercicio de su libertad religiosa como individuos, participan en un partido político, sino miembros de una congregación que extienden su pertenencia a una iglesia a la militancia partidaria.

Todos sabíamos de los vínculos del PES con las iglesias evangélicas, de hecho, su dirigente Hugo Eric Flores, se reconoce abiertamente como evangélico, sin embargo, la participación declarada de ministros del culto en los trabajos de organización del partido da cuenta de la vinculación de dicha formación política con la estructura corporativa de tales organizaciones religiosas y es ello lo que atropella las bases de nuestro Estado laico. El registro oficial de este tipo de partidos políticos abre la puerta para que asociaciones religiosas tengan injerencia en la política, promoviendo sus agendas específicas, erosionando la neutralidad del Estado laico en materia religiosa.

Esta no es la primera vez que experimentamos violaciones a la laicidad de nuestro Estado, durante la actual administración. Hay que recordar cómo el año pasado, un recinto público como Bellas Artes, fue utilizado para celebrar, en un acto de franco proselitismo religioso, el aniversario del líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García que, por cierto, hoy está siendo procesado en los Estados Unidos por abuso sexual a menores. Adicionalmente, el gobierno federal propuso abrir los medios de comunicación a asociaciones religiosas, en un afán de “moralización” de la sociedad y se empezaron a explorar las reformas necesarias a la ley de asociaciones religiosas, sin embargo, hasta ahora, la intención no ha prosperado, en buena medida porque toca una fibra sensible de nuestro imaginario colectivo como es la injerencia de la religión en la vida política.

En el mismo sentido, la semana pasada, en ocasión de su 2º Informe de Gobierno, el presidente López Obrador difundió un promocional para presumir logros de su gobierno en el que se refirió al Papa Francisco y al evangelio. El INE dictó medidas cautelares para que se retirara el spot del aire por violar los principios del Estado laico y el Tribunal Electoral confirmó la acción del INE, es decir, fue necesaria la intervención de las autoridades electorales para corregir la pretensión presidencial de aprovechar símbolos religiosos para publicitar acciones de gobierno.

Atentar contra nuestro Estado laico no es un asunto menor; la separación iglesia-Estado ha estado en los fundamentos de nuestra convivencia social. Ha sido una herencia histórica y civilizadora que ha probado ser muy útil para apaciguar conflictos y calmar enfrentamientos motivados por creencias religiosas exacerbadas. Como ha señalado Michelangelo Bovero, la laicidad es un requisito ineludible de cualquier régimen democrático, porque para poder garantizar la libertad de creencias, es indispensable que el Estado no esté alineado con ninguna corporación religiosa.

Está claro que es muy difícil alcanzar el registro como partido político nacional. De 106 organizaciones que en enero de 2019 informaron al INE su deseo de buscarlo, en febrero de este año, solamente 7 solicitaron formalmente su registro y sólo uno logró cumplir los requisitos de ley, a los ojos de la autoridad administrativa. Más allá de lo que resuelva el Tribunal Electoral que es la última instancia en la materia, es preocupante que nuestro maltrecho sistema de partidos se refresque con un partido que enarbola los intereses de las iglesias evangélicas.