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El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para modernizar la justicia militar y armonizarla con el nuevo sistema de justicia penal, que busca crear una nueva Fiscalía General de Justicia Militar, así como que se expida un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales.
A través del presidente de la Comisión de Defensa, Virgilio Méndez Bazán, el tricolor busca reformas al Código de Justicia Militar para ajustar la estructura orgánica de los operadores del sistema de justicia penal militar. Busca que se derogue el procedimiento actual, se supriman instituciones jurídicas como los Consejos de Guerra Ordinarios y Extraordinarios, y que se creen Juzgados Militares de Control y Tribunales Militares de Juicio Oral.
El integrante del grupo parlamentario del PRI explicó que la Procuraduría General de Justicia Militar pasará a ser la nueva Fiscalía General de Justicia Militar, encargada de encabezar al Ministerio Público. Se transforma el cuerpo de defensores de oficio, en defensoría de oficio militar, con lo que se garantiza la defensa técnica de calidad, los delitos de competencia del fuero militar. Se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, como un organismo imparcial que brindará servicios periciales, tanto al Ministerio Público como a la defensa, con lo que se materializa el principio constitucional de la igualdad de las partes.
“La reforma al Código de Justicia Militar no se explica sin la expedición de un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales. El código que propongo consolida el tránsito al nuevo paradigma de la justicia penal. Con la nueva normatividad se fijan las reglas que habrán de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para establecer los hechos, proteger al inocente, procurar al culpable que no quede impune y que se repare el daño”, añadió el diputado federal.
Las iniciativas propuestas por Méndez Bazán –turnadas a las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Cuenta Pública– establecen que los órganos de impartición de justicia militar serán independientes en sus funciones técnicas con respecto a las otras autoridades.
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