Se ha aprobado la consulta popular solicitada por el Presidente de la República, en una sesión interesante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que se presentaron diversas posturas sobre lo que debe entenderse por constitución, democracia, y la relación entre estos conceptos; y modificada la pregunta propuesta, se ha determinado que es constitucional el tema con que se auscultará a la ciudadanía.

¿Qué sigue?

Habría que empezar precisando el tipo de consulta, que en este caso es un plebiscito. Se distingue de otra figura similar, llamada referéndum, en tanto que la última tiene que ver con una modificación constitucional o legal, mientras que la primera incide en actos de gobierno o políticas públicas. Es interesante anotar que, por ejemplo, en Estados Unidos se someten a referéndum las reformas a las constituciones locales.

Las consultas o apelaciones al pueblo para que decida algún tema suelen abonar a la discusión pública. No podría ser de otra manera, dado que, por un lado, constituyen una excepción a la naturaleza representativa de la democracia moderna; y por otro, suelen ocuparse de temas polémicos en los que no hay un acuerdo pacífico en la sociedad.

Como ejemplos tenemos los de la consulta sobre la legalización del aborto, en Irlanda; el sonado caso del Brexit, en el Reino Unido; el llamado “Plebiscito por la paz”, en Colombia. También en Uruguay y Chile, en 1980 y 1988, se han presentado plebiscitos o referéndums que, en su momento, sirvieron para cambiar el estado de cosas de los equilibrios políticos.

En el modelo mexicano de consultas existen dos controles cuando las propone el Presidente: el primero de tipo constitucional, y el segundo de naturaleza política. Al momento se ha ejercitado uno de ellos.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde verificar la constitucionalidad de la consulta, esto es, contrastar la materia que quiere someterse a decisión popular contra el catálogo de materias prohibidas, dado que he en nuestro país se optó por acotar (lo más posible) los supuestos de consultas. Además, le toca verificar que la pregunta a realizar en efecto se relacione con la materia, que no sea tendenciosa ni contenga juicios de valor, su redacción sea neutra, con un lenguaje sencillo y comprensible; así como que se pueda responder de forma dicotómica con un “si” o un “no”. De ser necesario, como fue el caso, puede realizar ajustes al texto de la cuestión planteada.

El asunto ahora pasa al control político, pues ejercitada la facultad revisora de la Corte, se remite el asunto al Congreso de la Unión, quien aprobará o rechazará la consulta previo dictamen en comisiones. Esta votación será por mayoría en cada Cámara, sin que sea posible cambiar la pregunta ya definida por la judicatura.

Como puede entenderse, ambos pasos atienden a finalidades distintas, el primero tiende a evitar que se realice un ejercicio que después resulte inconstitucional, como sucedió con la consulta en Bolivia sobre la reelección en 2016, así como a garantizar la neutralidad en la pregunta; el segundo opera en el campo de la oportunidad y racionalidad políticas.

En caso de que el Congreso apruebe la consulta, le corresponderá emitir la convocatoria para su realización, y quedará el Instituto Nacional Electoral encomendado a realizar los actos propios del ejercicio democrático.

Nuestro modelo legal federal sobre democracia participativa exige que estas herramientas se ejecuten en la siguiente jornada electoral federal, esto es, el 6 de junio de 2021. Así que, si todo sigue avanzando como va, usted al votar el próximo año recibirá las boletas de las elecciones de la Cámara de Diputados, de los comicios locales que correspondan, y la de esta consulta.

¿Por qué se realiza la consulta el mismo día de la elección federal? La razón que se ha esgrimido para defender este diseño es la del ahorro, dado que la mesa receptora de los votos sería la propia mesa directiva de casilla de la elección constitucional, contando con un escrutador adicional a fin de que cuente los votos del plebiscito.

En algunas entidades se optó por un diseño diverso, realizando las consultas en una fecha distinta a la de las elecciones, con la razón principal de no vincular el ejercicio de democracia directa con la elección de representantes.

Al INE le corresponderá la organización del proceso, lo que implica varios temas: primero, el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión para promover la participación ciudadana, desde luego esta promoción debe ser neutra en el sentido de que no puede pretender orientar el voto en algún sentido. Los particulares no podrán comprar espacios en radio y televisión para promover alguna opción de respuesta.

En segundo lugar, el diseño e impresión de la boleta, que deberá contener una explicación sucinta de la materia a consulta, así como la pregunta en la forma exacta en que fue aprobada por la Corte, y conteniendo dos cuadros para marcar, uno con la opción del “si” y otro con la del “no”; sin que puedan ser de distinto tamaño entre sí. Habrá que diseñar y elaborar también las urnas necesarias para recibir los sufragios.

La capacitación es una tercera labor para desarrollar por el INE, lo que implica elaborar los materiales para la instrucción, así como la incorporación de un cargo más a las mesas directivas de casilla, desde la insaculación de sus integrantes. De igual manera, la ejecución de la jornada electoral, y con posterioridad, el cómputo de los votos.

De llevarse a cabo la consulta, el resultado será vinculatorio, esto es, obligatorio para las autoridades, si vota al menos el cuarenta por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, que a marzo de este año sobrepasaba por un poco los noventa millones de personas.

Para desahogar todo esto, debe darse el segundo paso del control que ya mencioné, y es de esperarse que el asunto se discuta con prontitud en las dos cámaras, porque como sabemos el proceso electoral federal a ha iniciado; los debates tanto en comisiones con en los plenos respectivos probablemente serán interesantes, y seguiremos apreciando qué considera nuestra clase política que es lo “constitucional” y lo “democrático”.

Veremos.