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Con más de 53 mil vestigios arqueológicos registrados y 120 mil monumentos históricos inmuebles, México se ha convertido en un paraíso para el robo y tráfico arqueológico, sobre todo por grupos criminales dedicados a esta actividad ilegal que cada vez aumenta más, sobre todo en el sureste del país donde se han descubierto varias zonas históricas a partir de la construcción del Tren Maya.
Se estima que nueve de cada 10 bienes culturales (piezas arqueológicas, objetos litúrgicos, así como arte religioso) que han sido reportados como robados en México, nunca han sido recuperados y que entre los años 2003 y julio de 2016 ascendió a 4 mil 757 bienes el objeto de saqueo o tráfico ilícito, según investigaciones de las autoridades mexicanas.
Por ello, legisladores a través de la secretaria de la comisión de desarrollo social de la Cámara de Diputados, Ana Karina Rojo Pimentel, buscan endurecer las penas hasta con 15 años de prisión a quien se apropie, pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del INAH.
También al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de ocho a quince años.
La iniciativa busca reformar la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con el propósito de aumentar las penas corporales contempladas en esta norma y ponderar aquellos delitos que lesionan más el patrimonio cultural.
El sector de la cultura en nuestro país es responsable de la investigación, el resguardo y la protección de poco más de 53 mil vestigios arqueológicos registrados, 120 mil monumentos históricos inmuebles, 60 centros históricos y 20 mil monumentos históricos y artísticos de propiedad federal; al tiempo que administra 144 museos y 192 zonas arqueológicas abiertas al público, zonas que son visitadas anualmente por cerca de 30 millones de personas.
Rojo Pimentel plantea en su iniciativa prisión de cinco a 12años a quien realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Lo mismo para quien valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble.
En tanto que para quien efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de cinco a 12 años.
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), recuperó en el 2019, más de 4 mil 550 piezas arqueológicas e históricas decomisadas en el extranjero; sin embargo, hay miles de piezas arqueológicas que no son recuperadas y se venden en el mercado negro.
Entre los objetos sustraídos ilegalmente del país y recuperados en 2019, casi 4 mil provienen de Estados Unidos (hachuelas metálicas, figurillas teotihuacanas y estelas de la cultura maya, entre otros bienes culturales); cerca de 600 ex-votos religiosos de entre los siglos XVIII al XX y figuras de la cultura zapoteca recuperados en Italia, así como otros bienes reintegrados al país provienen de Alemania y Australia (piezas arqueológicas de las culturas del Golfo, Oaxaca y Campeche).
Según la información disponible en el documento denominado “Evaluación de la política pública de preservación del patrimonio cultural” , se sabe que la incidencia de los delitos relacionados con monumentos paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos, se presenta principalmente en 10 entidades federativas: La Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
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