Es peligroso tener razón cuando

el gobierno está equivocado

Voltaire

Hace ya más de 70 años se publicó “El caso de los exploradores de cavernas” de Lon Fuller, texto increíble no sólo por su apasionante narrativa sino por la capacidad de Fuller para presentar posturas tan ricas como opuestas que pueden construirse desde el Derecho respecto de un mismo caso. Se trata de cuatro exploradores acusados de privar de la vida y comerse a uno de sus compañeros para poder sobrevivir al quedar atrapados en una caverna. Cinco ministros exponen sus argumentos para defender la culpabilidad o inocencia de los infortunados espeleólogos. El último de ellos, Handy, opta por un veredicto de inocencia basado principalmente en una encuesta pública que resultó en que 90% de la población opinaba que los acusados debían ser perdonados o castigados con una pena simbólica. Feliz ejemplo de cómo tomar decisiones correctas por razones equivocadas.

Es cierto, la participación ciudadana es indispensable en los estados democráticos y también es de primera importancia promover un rol activo y directo de la sociedad en la toma de decisiones de la vida nacional en lo que constituye la denominada democracia participativa. Esa inclusión social tiene muy diversas manifestaciones, por ejemplo, en el diseño del sistema nacional de planeación democrática o programas de desarrollo, presupuesto participativo o incluso desde el interior de diversas instituciones mediante los denominados Consejos Ciudadanos; mecanismos de participación ciudadana concebidos a lo largo de los años que garantizan procesos confiables, objetivos y transparentes.

Junto al combate anticorrupción, la participación de la sociedad civil es uno de los principales estandartes del gobierno de la 4T. Bien por la apertura democrática, pero como en todo, hasta las cosas buenas hacen daño en exceso o si se les ubica en donde no deben ir. Un templo religioso puede, por ejemplo, sanar nuestro espíritu, pero destrozar nuestro cuerpo si se le coloca en medio del periférico.

En días pasados, senadores del MoReNa presentaron una iniciativa de consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México. En la página web en que se difunde puede leerse “¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel? ¡Unidos, podemos lograrlo! Si la propuesta es que vayan a la cárcel entonces asumimos que la premisa de los legisladores es que cometieron uno o varios delitos. Fíjese usted, apreciable lector que, como decía mi abuela, en los detalles está el diablo. En la simple pregunta y en la posterior afirmación de la iniciativa podemos advertir lo siguiente: Ni los legisladores mismos saben cuál es la naturaleza de un proceso penal. Primero porque las consecuencias de un delito no son necesaria ni exclusivamente penas corporales como la prisión y segundo que, aunque la consulta popular prospere, de ella no dependerá que la FGR procese y mucho menos que los expresidentes vayan a parar a la cárcel, como mañosamente prometen.

De acuerdo a sus atribuciones constitucionales y orgánicas, el Ministerio Público Federal puede y debe conocer e investigar, sin mayores trámites, de los delitos del orden federal y, en su oportunidad, presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de las personas. No tiene que esperar el resultado de ninguna consulta para cumplir con su mandato constitucional.

Por otro lado, de acuerdo con la Constitución, no es susceptible de someter a consulta popular la restricción de derechos humanos. Creo que, indirectamente, el hecho de que una investigación penal dependa del resultado de una consulta al pueblo lesiona, o por lo menos compromete, derechos humanos de primer orden como la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de legalidad en materia penal.

La sociedad civil no es- no tiene por qué serlo- experta en justicia penal y por ello en la inmensa mayoría de las ocasiones emitimos opiniones movidos más por nuestras pasiones o intereses particulares que por hechos objetivos de los que tengamos conocimiento preciso.

La justicia penal por consulta no es justicia. Un procedimiento costoso, largo e incierto para atender un asunto que claramente es competencia de la FGR es, por decir lo menos, completamente innecesario. Supeditar la actuación de una Fiscalía autónoma, técnica, independiente y objetiva al sentir del pueblo sabio es ridículo. Si tiene elementos para acusar y procesar que los use ya caiga quien caiga. De otro modo no es justicia sino política penal.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

@capastranac