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Omar García Harfuch tiene una opción que puede resultar un gran hit, aunque podría evocar a ese pasado que la 4T insiste en dejar sólo como referencia de lo indeseable.
La acción sería un despliegue especial para el caso de Michoacán; se trata de la vigilancia a cadenas productivas que están sometidas actualmente a extorsión y que generaban aumentos en precios del limón y el aguacate, por poner dos ejemplos.
La idea central de esta acción (incluida en la estrategia general de seguridad pública presentada este martes) es desterrar cualquier oportunidad de que el crimen organizado cobre cuotas por producir, transportar o comercializar productos. En efecto, desde tiempos de grupos criminales como la Familia Michoacana o los Caballeros Templarios, el cobro de extorsión se había alejado del secuestro de personas para proceder a la petición de rescate. Los criminales establecieron cuotas semanales o mensuales a productores limoneros y aguacateros por hectárea producida. Sí, la extorsión ligada a la producción. No pagar la cuota conducía a no recolectar los frutos, incluso dejar que se pudrieran en el árbol o bien, en caso de negarse, porque la huerta y el propietario eran entonces objetivos de atentados armados por parte de los gavilleros del narco.
Cuando la acción de la policía o el ejército en territorio michoacano protegía la recolección en las huertas, los criminales trasladaban el cobro de extorsión a los transportistas que llevaban los productos hacia los centros mayoristas. Éstos últimos también podían ser blanco de las extorsiones.
El narco se mostraba así flexible en su actuar.
A partir de esta experiencia, en el sexenio de Peña Nieto, se creó la protección a cadenas productivas que acompañaba la recolecta, transporte y comercialización de productos agrícolas. El acompañamiento, en el caso michoacano, lo daban fuerzas especiales de la Policía Federal.
El modelo se implementó, con sus necesarias variantes, en el Estado de México para alejar la inseguridad en el punto turístico de Valle de Bravo y, para el caso de Tamaulipas, para comercialización de productos y materias primas industriales.
Muchas de las acciones de acompañamiento (en especial en puntos turísticos) estuvieron a cargo de la Gendarmería que fue la última División armada que se adicionó a la Policía Federal.
La protección a cadenas productivas cayó en el olvido junto con la desaparición de la Policía Federal. Al menos hasta ahora pues, de acuerdo a fuentes policiales, García Harfuch, sin aludir explícitamente a esas acciones de sexenios pasados, esytaría pensando su resurgimiento.
García Harfuch conoció los modelos de protección implementados por la Policía Federal, corporación a la que perteneció, de la que fue uno de sus jóvenes oficiales más destacados y que finalmente vio desaparecer al arranque del sexenio de López Obrador.
Pero aún con este rescate de experiencias de la Policía Federal, Omar García Harfuch fue muy claro respecto al futuro de la seguridad pública del país y despejó cualquier duda respecto a lo que él piensa de la Guardia Nacional:
“Un retroceso en la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos, nos tomaría años formar otro cuerpo de seguridad y volveríamos a empezar de cero. La guardia avanzó muchísimo, ya tiene cuarteles propios y un gran despliegue en el territorio nacional”, comentó.
En efecto, la Guardia es hoy lo que fue hace años la Policía Federal y desaparecerla significaría perder nuevamente años de trabajo. Significará desaprovechar el gran despliegue con el que hoy cuanta esta corporación a través de sus más de 133 mil elementos (la Policía Federal nunca llegó a 40 mil efectivos reales). Guste o no, la Guardia Nacional es la Policía Federal de hoy y es a la que hay que cuidar.