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Se está imponiendo en nuestro país una cultura del desacato a los mandatos judiciales. Desde lo más alto del poder político y hasta los niveles más bajos de la administración pública está proliferando un desprecio por la legalidad. Estas conductas motivadas políticamente dejan de lado el principio de la legalidad como un elemento constitutivo del Estado de Derecho, lo que afecta el orden democrático. El principio de legalidad se refiere al concepto de legislación y en consecuencia, a la ley. Por esta razón es que legalidad significa básicamente primacía de la ley en cuanto norma suprema, por sobre cualquier autoridad. Expresa una sumisión general al sistema jurídico y representa además, un mecanismo de seguridad que garantiza el funcionamiento pacífico del sistema social y político vigente.
Se debe recordar que el principio de legalidad actúa como un elemento de estructuración sistemática del orden jurídico y político que exige determinados criterios no sólo en su configuración, sino también en el diseño y aplicación de los instrumentos necesarios para hacerlos valer. De un lado, el principio de legalidad permite distinguir “el buen gobierno del mal gobierno”, mientras que, por el otro, hace posible la distinción entre “el poder del derecho y el poder de hecho”. En suma, permite diferenciar un régimen democrático de otro que es básicamente autoritario. La cultura de la legalidad se refiere al comportamiento político de los integrantes de una colectividad y a su adhesión o apego al conjunto de instituciones y normas que la hacen posible. Dicho de otra forma, representa la aceptación jurídica y moral por parte de toda la población de las leyes previamente escritas y aprobadas por quienes se ostentan como los representantes legislativos de la sociedad.
Para entender la cultura de la legalidad es importante establecer los efectos que tiene sobre las conductas de individuos y colectividades. La cultura de la legalidad se refiere a un conjunto de recursos, reglas o pautas de comportamiento social y de mecanismos de autorregulación individual. De aquí su importancia para los procesos civilizatorios, caracterizados por la creación de ciudadanos activos y vigilantes del poder. En las sociedades de nuestro tiempo la cultura de la legalidad define las formas de la actuación democrática. Resulta necesario reiterar que la política democrática tiene dos dimensiones: una de legalidad y otra de legitimidad. La primera se refiere al cumplimiento estricto de la ley, mientras que la segunda está íntimamente vinculada con las normas e instituciones que hacen posible el desarrollo continuo de la democracia. El principio de legalidad considera que la ley es la expresión de la voluntad general, y por lo tanto, el acto a través del cual la comunidad nacional ejerce su poder de determinación autónoma. Se considera que en el Estado de Derecho la ley representa la soberanía popular, según la cual no existe autoridad alguna que sea superior a la ley, estableciendo los límites y fundamentos de cualquier autoridad democrática.
Sólo en nombre de la ley puede exigirse obediencia, de tal manera, que la legitimidad es también una expresión de la legalidad del gobierno. La idea misma de ley proviene de una larga tradición doctrinal según la cual es siempre preferible el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los individuos. Esta idea se vincula con el ejercicio del poder mediante normas generales y bajo el principio inatacable de que la ley es igual para todos. Se ha demostrado que el respeto a la legalidad no es espontáneo, sino que tiene su origen en la herencia cultural de las sociedades, por ello es preocupante el desdén por la ley. Al retroceso económico y social al que nos enfrentamos, debemos agregar ahora una regresión más preocupante relacionada con el fundamento cultural de nuestra democracia que es la legalidad.