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Vivimos tiempos históricos, la continuidad de la Cuarta Transformación nos ha demostrado el respaldo ciudadano al Proyecto de Nación con el que llegó a la Presidencia el ahora expresidente Andrés Manuel. En ese sentido, la expresión depositada en las urnas, obligan a las personas que han llegado al poder a seguir empujando las reformas que planteadas durante el sexenio anterior.
La reforma al Poder Judicial era una de las principales y la que por atentar contra ciertos intereses, se enfrentaría a una gran resistencia, no solo de ministros, magistrados y jueces,, sino también de trabajadoras y trabajadores. Ello deja ver que no solamente se trataba de un poder en el sentido de nuestra estructura republicana, sino realmente un grupo que se asume como una clase o un sector privilegiado alejado del resto de la sociedad.
Ante el absolutismo que mostró una terrible tiranía y desprecio hacia las personas, surgió la soberanía que recae en el pueblo, con ello se dijo que había que dividir los poderes para que no volviera suceder un poder absoluto.
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No obstante, México ha vivido episodios que muestran etapas que debemos superar, basta recordar la iniciativa del expresidente Ernesto Zedillo que desmanteló de un solo plumazo a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y ni quien dijera nada en ese momento, porque el poder recaía, de forma prácticamente inequívoca, únicamente en el Presidente.
En momentos posteriores se crearon organismos autónomos constitucionales que han sido también controvertidos. Con relación a ellos, en el sexenio pasado se tomaron una serie de decisiones importantes. En ese contexto surgió la decisión de reformar al Poder Judicial que ha sido el menos tocado en esta lucha democrática.
Nuestro país, no es el primero en una reforma de este tipo; otras naciones han buscado democratizar su poder judicial, Chile, Perú, Brasil, Ecuador y Bolivia empezaron a jugar un papel sustantivo en los procesos democráticos de sus órganos judiciales, sobre todo tras las reiteradas experiencias donde los integrantes del sistema judicial y los juzgadores estaban vinculados a concertación e intereses de amigos o de grupos. No había un mecanismo transparente donde el ascenso y la formación de los jueces fuera producto de un proceso de evaluación sino de una estructura de intereses que ha vivido, crecido y se ha reproducido sobre la base de líneas de favores y solamente la entienden los que están adentro.
Con la reforma judicial, México busca acabar con intereses de unos cuantos que hoy se muestran muy movidos contra la propia legalidad que dicen defender, y para ello recurren a viejas formas, como las que se tenía en el presidencialismo de vetar las leyes que no convenían y/o guardarlas, no publicarlas.
Lo que es ya inevitable, es que derivado de la reforma, en los meses próximos vamos a ver cómo algunos que salieron en la tómbola, van a hacer campañas o contra campañas bajo el deseo de quedarse como estaban; otros más van a disputar un lugar dentro de la reforma que les permita pasar a la siguiente etapa, sobrevivir y mantener hasta donde puedan sus privilegios.
Faltan ocho meses para ello y es un tiempo suficiente para decirles que la campaña es un mecanismo para llegar al nivel donde tienen que dar resultados y entender que la ciudadanía desea a jueces, ministros, magistrados que de verdad tengan un nuevo compromiso y una nueva actitud frente a la justicia, frente a las y los ciudadanos, ante la nación.
