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Se están dando, por parte de instancias del Poder Judicial, gestos de distensión que podrían alentar una salida política al conflicto entre los Poderes de la Unión.
El anuncio del regreso a las labores y la decisión de reducir significativamente el sueldo de los más altos funcionarios del Poder Judicial, para que nadie gane más que la presidenta, son dos de ellos.
La contraparte, en este caso las bancadas de Morena en el Congreso, tienen el balón en su cancha. Ayudaría mucho que dejaran de usar ese lenguaje supremacista que envía mensajes ominosos sobre el futuro de la democracia mexicana.
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El panorama es enmarañado, diríase laberíntico, pero si hay disposición al diálogo es seguro que se puede encontrar una salida. Para eso sirve la política, para resolver problemas sin el uso de la fuerza. Hay muchos que parecen haberlo olvidado y toman el atajo del manotazo sobre la mesa.
“Es narcoterrorismo”
En su curva de aprendizaje criminal, la delincuencia ya domina el modo de los coches bomba. Ensayó, lamentablemente con éxito, en dos municipios guanajuatenses, dejando un reguero de heridos.
La alcaldesa de Acámbaro, Claudia Silva Campos, dijo la palabra prohibida: Es narcoterrorismo. Lo hizo para escurrir el bulto, porque si es obra del narco y es terrorismo no le compete a ella, sino a la federación encontrar el remedio.
Pero el concepto de terrorismo va más allá porque tiene connotaciones que incluso rebasan las fronteras para instalarse en la jurisdicción internacional que permite la incursión legal de fuerzas foráneas para acabar con los terroristas. Hay que usar con cuidado ciertas palabras.
Pero el gobierno no tiene permiso de intimidarse, porque la primera responsabilidad de cualquier autoridad que represente al Estado es brindar seguridad a la gente que vive en el territorio que gobierna.
Una raya roja
La captura del presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez no es suficiente para calmar la ola de protestas que detonó su muerte.
No es suficiente el nombre y el apodo de un gatillero, tiene que saberse de parte de quién y por qué. Eso sería lo único para evitar que la indignación se desborde. Hay que tomar en cuenta que los feligreses no son los únicos que han tomado las calles. Ya también salieron trabajadores de la educación y bases zapatistas.
Y es que en la zona donde trabajaba el padre Marcelo colinda con los territorios zapatistas, cuyos mandos han dicho desde hace meses que la entidad es un polvorín que puede estallar en cualquier momento.
Hay estado de alerta en las comunidades zapatistas que ya tienen listo, se dice por allá, una estrategia de comunicación política internacional para movilizar a sus simpatizantes en todo el mundo.
Con el asesinato del padre Marcelo los grupos delictivos cruzaron una raya roja de consecuencias impredecibles.
Confíen en mí, dice Rocha
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, opera en la CDMX para salvar el pellejo. Atrás quedaron los tiempos del blindaje político que le permitía asumir conductas arrogantes propias de quien piensa que no tiene que dar explicaciones. Ese tiempo terminó.
En el horizonte hay un grupo agentes federales que ya tumbó el montaje, por demás burdo, del asesinato de Nemesio Cuén, su adversario político más conocido. A pesar de eso pidió Rocha a senadores de su partido que confíen en él.
Ya veremos cuántos legisladores están dispuestos a meter las manos al fuego. La FGR ya hizo su movimiento. Rocha quedó colgado de la brocha.
Tiene cuentas pendientes desde su campaña para gobernador en el 2021, cuando se alió electoralmente, sostiene la prensa local y aporta pruebas, con una de las fracciones del Cartel de Sinaloa. La factura que deberá pagar crece día con día.
