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A lo largo de casi dos décadas, fuimos varios quienes alertamos que los poderes privados estaban usurpando varias instituciones y espacios de decisión estratégicos del Estado. El argumento se centraba en la “colonización” que se hizo de varios órganos autónomos, hoy a punto de desaparecer, a los que se les asignó la responsabilidad de regular varias de las principales actividades económicas del país.
La estrategia fue burda y cínica, y le dio elementos suficientes al expresidente López Obrador para plantear su eliminación; sin embargo, la medida perseguía fines políticos mucho más allá de revertir los excesos neoliberales, pues el propósito es establecer una nueva forma de control político-económica, aún más férrea, pero en sentido contrario, dotando al gobierno en turno de poderes inauditos, y por ello mismo también, de corte autoritaria.
Por su parte, la decisión de Morena, que evidentemente aún lidera predominantemente López Obrador, se planteó además la modificación estructural del Poder Judicial de la Federación, bajo la premisa de que es una de las principales fuentes de corrupción en el país, lo cual es parcialmente cierto.
En esta disputa, luego de que se llevó a cabo la reforma constitucional, viene ahora la revisión que se está llevando a cabo precisamente por el pleno de la Corte para determinar la constitucionalidad de lo que aprobó aplastantemente el Congreso de la Unión, sin escuchar a las voces mesuradas y expertas que alertaron de una gran cantidad de errores y riesgos de aprobar las reformas tal y como fueron planteadas.
En los días por venir habrá de debatirse el proyecto de sentencia presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, del cual destacan los temas relativos a la remoción masiva de jueces y magistrados; la elección popular de los mismos; medidas de austeridad y políticas salariales del Poder Judicial de la Federación; disposiciones en materia de Amparo y creación de un nuevo órgano de disciplina y administración del Poder Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal.
Lo que se ha alertado por las y los expertos más serios del país, es que, de mantenerse el despropósito aprobado por el Congreso, hay un alto riesgo de un colapso operativo del aparato judicial, y se pone en predicamento la continuidad en los procesos de impartición de justicia, abriendo la puerta a una nueva era de impunidad y e injusticias.
Por su parte, el tema de la elección popular de jueces y magistrados constituye, como lo he argumentado en otro texto (https://www.mexicosocial.org/eleccion-de-jueces/) introduce un elemento de altísimo riesgo en el sistema judicial mexicano, pues lo más seguro es que profundizará el populismo punitivo que hoy rige en nuestro país, incrementando la vulnerabilidad de las y los más pobres y abriendo nuevas aristas para la impunidad de quienes más recursos tienen.
Otra de los aspectos negativos de la reforma son las nuevas limitaciones a las suspensiones de los actos reclamados en el juicio de amparo, lo cual alterará la dinámica del control de la constitucionalidad en el país. Y es que lo que no entendieron las y los legisladores que aprobaron estas reformas, es que justamente la suspensión que se otorga es para evitar daños irreparables a los derechos humanos de las y los quejosos, ya sea de parte del Estado o de otros particulares. Ese es uno de los aspectos garantistas más valiosos de nuestro sistema vigente y con esta reforma se estaría abriendo paso, debe insistirse, a una nueva era de impunidad y abusos del poder.
Un Estado social de derecho como al que debemos aspirar debe estar sustentado en reglas claras y en principios de defensa irrestricta del amplio marco de reconocimiento de los derechos humanos, de la propia Constitución, pero también de los tratados internacionales.
Con esta reforma, se corre el enorme riesgo de socavar, quizá de manera irreversible, la naturaleza técnica y especializada del Poder Judicial. En esa medida, someter al Poder Judicial a intereses partidistas y clientelares, comprometerá no sólo la calidad, sino también la imparcialidad y objetividad de los fallos y sentencias que se emitan. Porque, por otro lado, lo que hoy se busca mantener de la reforma obligaría a una nueva Etapa interpretativa de la Constitución que, por lo que está en el texto, ira en contra de los derechos ya ganados y reconocidos en nuestro sistema jurídico, dando al traste a los principios de progresividad y de no regresividad de los derechos humanos en el país.
La reforma constitucional en materia del Poder Judicial en México representa un parteaguas en la configuración del sistema judicial. A corto plazo, la sentencia intenta se presenta como un esfuerzo por preservar la estabilidad e integridad institucional; sin embargo, a mediano y largo plazo, surgen desafíos que afectarán la autonomía judicial, la calidad de la justicia, y la relación entre el poder político y el judicial. La respuesta del Poder Judicial y las futuras reformas legislativas determinarán el alcance y éxito de estos cambios.
Lo que nos dejará como lección esta disputa es que la ausencia de mesura y reflexión en la política; el sometimiento ciego de la conciencia individual al mandato de quien detenta el poder; y la afirmativa de servir a un proyecto político, antes que a los intereses de la nación, serán siempre un riesgo para la democracia y los derechos humanos que deben controlarse; pero eso, paradójicamente, necesita justo lo que hoy se busca destruir: instituciones sólidas, autónomas en sus decisiones técnicas, y conducidas por expertas y expertos.
Investigador del PUED-UNAM