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Hablaré sobre el llamado programa de Garantía Infantil Europea y la necesidad de crear uno en México y AL, éste unido a la estrategia de la Comisión Europea para proteger los derechos de la infancia, constituye una buena oportunidad para luchar contra la pobreza y la exclusión social de niñas y niños.
A pesar de los avances registrados en Europa a finales del siglo pasado, la crisis socioeconómica que comenzó en 2018 y la actual situación de pandemia del Covid-19 ha empeorado la situación de niños y niñas, el colectivo que siempre es el más castigado y el que peor sale retratado cuando se analiza la pobreza en sus múltiples dimensiones.
A día de hoy, la vulneración de derechos de la infancia es una realidad en Europa, donde más de 25 millones de menores de 18 años viven en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. A esta situación se añade
la necesidad y la obligación de proteger a niñas y niños que huyen de guerras y de situación de extrema pobreza en sus países de origen.
España lleva varios años ocupando uno de los primeros puestos en este triste ranking de la pobreza infantil, con un índice de un 30,3% de pobreza y exclusión social entre los menores de 18 años. Se trata de una situación de vulneración de derechos y de carencia de recursos básicos que limita tanto el presente como el futuro de más de 2,1 millones de niñas y niños que viven un presente condicionados por esta pobreza y que ven
amenazado su futuro, por lo que por eso es necesario poner en marcha cuanto antes un Plan de Acción de algún Programa de Garantía Infantil.
Destacamos los objetivos que se deben marcar en este programa, especialmente el de garantizar la atención de calidad a la primera infancia, y dirigiéndose especialmente a la infancia en peores condiciones socioeconómicas, partiendo de la base de que ejercer los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida es la vía más eficaz para construir sociedades más justas.
Asimismo, entendemos que es un acierto apostar por garantizar aspectos materiales fundamentales como una alimentación adecuada y una vivienda digna a las familias con estas necesidades básicas sin las que es imposible construir un bienestar mínimo para la infancia.
Enmarcado en estos objetivos del Programa a nivel europeo, éste Plan de Acción de este programa debe llevarse a cabo en Latinoamérica y que tenga en cuenta a aquellas familias con hijos menores que vivan en riesgo de pobreza.
Es un asunto crucial para el bienestar de niñas y niños, ya que una familia con escasos recursos no será capaz de atender debidamente sus necesidades más básicas.
El bajo nivel de renta de las familias es también el indicador más fiable para predecir las probabilidades de abandono educativo temprano de niñas y niños. Hablamos por tanto de una ayuda que no solo mejoraría el presente, sino también el futuro y las expectativas de las niñas y niños que viven la parte más dura de la desigualdad.
Además, este Plan debe situar a los niños y niñas en el centro de sus acciones, es fundamental que la opinión de niñas y niños sea tenida en cuenta y se articulen mecanismos para la rendición de cuentas a la infancia, también que desempeñen un papel protagonista en el seguimiento, ejecución y evaluación de esta estrategia es cuestión de derechos.
Debe ser una forma lógica y coherente de darle continuidad a la consulta nuestros derechos, nuestro futuro” a través de la cual más de 10.000 niños y niñas han participado en el diseño estas estrategias a nivel europeo, y que han apoyado diversas organizaciones.
La protección de la infancia, condición básica para el bienestar de niños y niñas, es otro de los pilares que debe contemplar ese Plan de Acción, inspirándose en este objetivo del Programa de Garantía Infantil, y que aborda medidas para evitar la violencia en los distintos ámbitos en los que se desarrolla la vida de niñas y niños, haciendo especial énfasis, obviamente, en las redes sociales e internet.
Para hacer frente a un fenómeno tan complejo como el de la pobreza es necesario, además, que este Plan de Acción se base en una acción coordinada entre la Administración en todas las comunidades autónomas y hacer frente así a la desigualdad territorial en nuestro país.
Tampoco debemos olvidar el papel que debe desempeñar la sociedad civil organizada como agentes que trabajan por, con y para la infancia es fundamental que esta estrategia cuente con las entidades sociales tanto en su capacidad para la construcción de políticas públicas como en la ejecución de proyectos y en el seguimiento y evaluación de algún Plan de Acción.
Luis David Fernández Araya
Economist