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La reciente disputa por 4,830 metros cuadrados en el Bosque de Chapultepec ha puesto sobre la mesa uno de los retos más urgentes para las ciudades contemporáneas, pues representa una lucha por el futuro ambiental de la Ciudad de México y el valor que le damos a nuestros recursos naturales.
Desde la expropiación de distintos predios en la zona limítrofe del bosque de Chapultepec para declararlos suelo de conservación y de valor ambiental en 1992, el predio de Montes Apalaches 525 ha fungido como un área verde y refugio para la biodiversidad en el que incluso, de acuerdo con un dictamen técnico de la PAOT, se han registrado más de 45 especies de aves -algunas catalogadas como especies en riesgo- que hacen de esta área su hogar. Sin embargo, un fallo judicial reciente pone en riesgo este pulmón verde, ordenando al Congreso capitalino cambiar el uso de suelo para permitir su explotación inmobiliaria. Ojo: lo anterior sin procedimiento, sin estudios y sin permitir opinar a los legisladores.
Inmobiliaria Trepi ha emprendido una batalla legal desde hace décadas para poder explotar dicho predio. Ahora, en 2024, un juez ha ordenado al Congreso modificar el uso de suelo del predio para habilitar su desarrollo habitacional, esta decisión pone a los legisladores frente a un dilema: proteger al medio ambiente y al interés público o acatar la orden y abrir la puerta al desarrollo inmobiliario en una zona vulnerable.
Sirva este conflicto para recordarnos que el compromiso con la sustentabilidad y el derecho a un medio ambiente sano no se demuestra con fáciles declaraciones y buenos deseos. Es, en cambio, un compromiso que se respalda en los momentos importantes.
Ante esta situación, valga revisar los posicionamientos de los partidos, los cuáles han dejado claro dónde están sus prioridades. Mientras que Morena, el PT y el PVEM han declarado su compromiso con la defensa del Bosque de Chapultepec, el Partido Acción Nacional (PAN) optó por la ruta de la aceptación de la resolución judicial, aunque esto signifique colocar el interés de los desarrolladores por encima del derecho de los capitalinos a un espacio saludable y de calidad. Esta postura plantea una pregunta que no es menor: ¿Qué valores deben guiar las decisiones de los representantes populares?
La defensa del bosque no es un capricho ni una simple reacción política. El Bosque de Chapultepec es mucho más que un espacio verde; es un patrimonio natural e histórico, que alberga biodiversidad, regula la calidad del aire, contribuye a disminuir las “islas de calor”, mitiga emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y provee a la ciudad de espacios recreativos, culturales y de contacto con la naturaleza.
La ciudad, con sus importantes retos, necesita más áreas de protección y conservación, no menos. Incluir más construcciones en la zona no solo afecta el equilibrio ecológico, sino que despoja a futuras generaciones de un espacio verde.
La responsabilidad que enfrentan los legisladores locales es monumental. Deben asumir que su rol es proteger el interés público, incluso si esto conlleva un costo. Por otra parte, la decisión de desobedecer la resolución judicial no debería entenderse como un acto de rebeldía, sino como un acto de protección a un bien superior: el Bosque de Chapultepec. Como sociedad, es importante exigir que se defiendan estos espacios, que se anteponga el bienestar colectivo y que se rechacen los intentos de priorizar los intereses privados.
Finalmente una reflexión para llevar: ¿por qué el Poder Judicial busca obligar a nuestros representantes a cambiar el uso de suelo en el Bosque de Chapultepec para permitir un desarrollo inmobiliario? Si las decisiones de uso de suelo pueden imponerse sin tomar en cuenta la opinión pública, ¿qué peso tiene realmente el voto popular que eligió a los legisladores para deliberar esta y otras cuestiones trascendentales para la ciudad?