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Quien recuerde al México de los años ochenta del siglo pasado, convendrá conmigo que era un país democráticamente imposible, entre otras razones, porque el único que tenía datos era el gobierno, de suyo opaco y secretista, juez y parte, parte y juez de toda documentación, información, estadísticas y decisiones públicas.
Me recuerdo haciendo mis primeros pininos como adjunto en la Facultad de Economía de la UNAM. Esperábamos con fruición el informe de gobierno del señor Presidente de la República, pero sobre todo, los anexos estadísticos de ese informe donde, al menos, encontraríamos la verdad oficial, amplia y ordenada ¡cada año!
Mientras tanto –durante los siguientes 365 días- un galimatías económico dominaba el ambiente, pues teníamos pocas certezas sobre las tendencias presentes, los datos relevantes, actuales y ni siquiera sabíamos bien las fechas en que conoceríamos tales datos.
Lo mismo ocurría en muchos ámbitos, como con la información política y electoral, asunto que estalló dramáticamente en 1988, cuando el señor Manuel Bartlett anunció a la república que el sistema de información “se había caído”. Nadie sabía qué había pasado en ese y en otros tramos de la elección, pues tampoco había certeza de quienes eran los electores (no había revisiones públicas del padrón electoral), ni de los funcionarios de casilla y prácticamente de nada importante en ese campo crítico, electoral.
En los noventa sobrevino una gran discusión sobre la pobreza heredada por la que creímos era “la década de plomo” (la de los años ochenta). Allí tampoco había una medición más o menos convenida y aceptada acerca de la pobreza extrema y de la miseria a secas, aunque todos sospechábamos que era inmensa. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los restos de la prolífica Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y el rutilante Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) dieron los primeros pasos, pero sin consolidar un avance que fuese decisivo. En materia de medición de la pobreza, en 1990 publicaron un libro con la primera cifra, aproximación muy discutida por un Consejo Consultivo riguroso: de los 81.2 millones de mexicanos que habitaban el territorio en 1987, 17.3 estaban en la pobreza extrema, y 24 más en la pobreza. Es decir, el 51 por ciento de mexicanos vivía en esa condición. Gran esfuerzo, pero persistían las dudas, en el resultado y en el método.
Los ejemplos de desconfianza en la información, falta de ella o denegación a su acceso, eran abundantes, el pan de cada día todavía en los noventa. Los economistas de la época recuerdan que la síntesis periodística diaria ¡era clasificada como reservada!, por el Banco de México y nadie sabía de contrataciones, licitaciones, destino del gasto, estructuras administrativas, ni siquiera funciones u obligaciones de los servidores “públicos”. Dicho en una nuez, la información disponible era la que podían y querían otorgar los funcionarios.
Pero México se democratizó y el Estado dejó de ser concebido como propiedad (o botín) de una coalición y poco a poco, germinó y se ensanchó la noción de lo público, gobierno abierto, transparencia y acceso a la información como derecho.
No fue miel sobre hojuelas, más bien un cúmulo de acontecimientos, escándalos -como el hecho de las ostensibles fallas en el censo de 1980 (cuyos resultados no fueron publicados sino hasta 1982) o la incapacidad estatal de registrar la dimensión del daño causado por los sismos de 1985-. Como quiera que sea, ante una creciente demanda social por información y en medio de crisis económicas, devaluaciones y préstamos internacionales, México descubrió que no solo escondía, sino que de plano no disponía de información estratégica. Era una auténtica necesidad nacional.
Dado ese contexto y esa exigencia, sobrevino la autonomía del INEGI, del Banco de México y del entonces IFE y una discusión generalizada contra el secreto gubernamental y por el acceso a la información. Al comenzar el siglo XXI surgió la primera ley de transparencia y la creación del IFAI, órgano vigilante de la entrega de los documentos estatales al público. Más tarde nació el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y en el curso ambas instancias adquirieron autonomía constitucional.
No creo equivocarme si digo que, con la democracia en marcha, México tuvo el mayor y mejor acervo de datos y de información pública de su historia, tuvo las herramientas y las cifras para su autoconocimiento y para instrumentar políticas con precisión, capaces de ser evaluadas rigurosamente, por primera vez.
Pues bien, esto es parte de lo que será demolido sin piedad en estos meses de frenesí autoritario. El viernes pasado fue presentada formalmente la Iniciativa de ley orgánica que desintegra una de las piezas clave de ese edificio informativo, el INAI, y cuyas funciones serán asumidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con lo que volvemos, sin escalas, al viejo esquema del que habíamos escapado: un gobierno juez y parte, un gobierno parte y juez.
Podría llenar más de una página completa lamentando esa tosca demolición y argumentando su carácter antidemocrático, pero creo que es más útil proponer a ese organismo -al INAI- su último canto de cisne: que elabore un informe público sobre el estado del derecho de acceso a la información en México desde 2018 hasta la fecha, un inventario del retroceso, de las áreas perdidas, de los documentos relevantes reservados, de los incumplimientos, de la información que se dejó de generar, de las herramientas y plataformas suspendidas y en general, el contraste entre la información disponible antes y después del sexenio de López Obrador.
Imagino la entrega de un marco para interpelar rigurosamente al presente gobierno y con el que la sociedad civil pueda asirse, contrastar y exigir en los siguientes años esa información que México ya era capaz de generar. Informes como ese han sido elaborados por el INAI en sus 20 años de existencia y a punto de ser sacrificado, este podría ser el último de sus grandes servicios a la sociedad mexicana.