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La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) cumple 48 años de vigencia y ha sido reformada en 75 ocasiones desde su promulgación el 29 de diciembre de 1976. Es una legislación que inició el primer proceso de modernización de la estructura subordinada al Poder Ejecutivo en sus dos formas de administración: centralizada y paraestatal. Desde esa fecha, se han llevado a cabo, por lo menos tres procesos modernizadores más: 1982, 1994 y 2003.
El 28 de noviembre de 2024 se promulgó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LOAPF, el cual crea tres secretarias y transforma una, conserva a las comisiones reguladoras de energía e hidrocarburos como dependencias, mantiene la tendencia concentradora de facultades en las dependencias del gobierno central, regresa el nombramiento de los titulares de las unidades de administración y finanzas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y redistribuye facultades entre las dependencias.
Esta reforma número 75 tiene como eje principal una reingeniería administrativa que se pretende reflejar en las nuevas secretarias: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que será responsable del desarrollo de las capacidades en la materia y asumirá alguna de las funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones, la centralización de las ciencias, humanidades, tecnología e innovación, para lograr la soberanía científica y la independencia tecnológica y el empoderamiento de las mujeres.
Otro eje es la implementación de un modelo de gerencia pública en el marco de una mayor responsabilidad presupuestaria, que permita ser más eficiente a la Administración Pública Federal (APF) y tener una mayor austeridad en el gasto público, mediante la eliminación de estructuras, que consecuentemente genera ahorros en el gasto operativo.
La Secretaría de la Función Pública se transforma en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), lo que marca las prioridades del nuevo gobierno, que son la prevención de las desviaciones de recursos y de conductas indebidas, que afectan el desempeño y la legitimidad de la APF, así como el redimensionamiento de su misión que va más allá de la eficiencia, eficacia, economía, confiabilidad, certidumbre, certeza y combate a la corrupción para convertirse en un instrumento de promoción de los derechos humanos, la justicia y el cambio social.
La presidenta Sheinbaum, en las facultades de la SAGB, fija como axiología de su aparato administrativo los cuatro enfoques de la función pública: la vocación de servicio a la comunidad, la promoción y aprovechamiento del talento humano, la responsabilidad frente a la sociedad y el buen manejo de los recursos público con eficiencia, eficacia y transparencia. La reforma contiene un modelo de gerencia pública muy cercano a la que diseñó en 2000, el colaborador del presidente Fox, Ramón Muñoz, desde la oficina de innovación gubernamental.
Para evolucionar de la función pública al buen gobierno, a los cuatro enfoques referidos se les agrega, en la narrativa de la exposición de motivos, no en el texto legal, la intención de que el gobierno sea más que un aparato administrativo eficiente y confiable y su bondad radica en que sea realmente útil y cercano al pueblo vinculado con sus intereses. Esta es la justificación ideológica del cambio de denominación.
Sin embargo, desde otras perspectivas, el buen gobierno se basa en el impulso de una gobernanza democrática, que implica el reconocimiento, respeto y promoción de las autonomías individuales, colectivas y organizacionales como contrapeso a la acción del Poder Ejecutivo, como garantía que no habrá una concentración excesiva de poder en una persona, un grupo o una corporación. La reforma a la LOAPF es más cercana al gerencialismo del presidente Fox con la adición de la evaluación de la confiabilidad de las personas servidoras públicas que ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel, pero relega la coordinación con entidades autónomas, que son esenciales para la mejora administrativa permanente y la evaluación objetiva de la acción gubernamental, en sintonía con el viejo refrán político “lo que se opone, apoya”.
Un valor destacado es la honestidad que se refleja en la denominación de anticorrupción a la secretaría, que es una reacción a una circunstancia y un énfasis al discurso gubernamental para mandar un mensaje de empatía a la ciudadanía, que percibe a los servidores públicos como personas no comprometidas con el bienestar colectivo, ni con el interés general, pero bastaba con llamarla Secretaría de Buen Gobierno, ya que esta idea contiene la prevención y persecución efectivas de las conductas ilícitas de los servidores públicos y particulares gestores de lo público.
En contraste con el gobierno 2018-2024, hay una mayor institucionalidad en el discurso, así como un énfasis en la profesionalización, la adopción de mejores prácticas y el compromiso con la modernización y la gestión pública con resultados. El retorno al modelo gerencialista es explícito en la norma y el compromiso social se queda en la narrativa.
Profesor de la Universidad Panamericana
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