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Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó una reforma para incluir a los animales no humanos en nuestra Constitución Política. La importancia de proteger a los seres sintientes es tan grande que los dictámenes presentados en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República fueron aprobados por unanimidad. Esto demuestra que el tema de la protección animal es una demanda que cuenta con un amplio consenso social. De esta manera, se responde a las más de 140 mil personas que apoyaron la campaña denominada “Los Animales a la Constitución”, impulsada por una serie de organizaciones de la sociedad civil. La importancia de esta reforma constitucional radica en la inclusión de la protección animal en los planes y programas de estudio, en que el Estado garantizará la protección, cuidado y conservación de los animales quedando prohibido su maltrato, y estableciendo la obligatoriedad para legislar en materia de protección y bienestar animal con una normativa coherente y efectiva dentro de los seis meses posteriores a su entrada en vigor.
Este cambio jurídico, que aún debe ser aprobado por los congresos locales, exige acompañarse de una transformación de las mentalidades, dado que México ocupa el tercer lugar mundial y el primero en América Latina en maltrato animal. El INEGI informa que cada año son asesinados 60 mil animales derivado del maltrato sufrido, que existen casi 30 millones de perros y gatos viviendo en las calles, y por si fuera poco, que anualmente 500 mil mascotas son abandonadas por sus propietarios. No obstante la urgencia del tema, la voluntad política mostrada y los acuerdos legislativos alcanzados para integrar una Ley General de Protección y Bienestar Animal, la realidad es que en sus artículos transitorios se establecen una serie de candados que siguen limitando la protección efectiva de los animales y se excluyen temas tan importantes como la abolición de las corridas de toros.
En lugar de que los legisladores muestren coherencia para emitir leyes severas que castiguen a los maltratadores de animales, paradójicamente en la reforma aprobada se promueven actividades de explotación animal, incluidos espectáculos con ellos. Se condiciona el bienestar, cuidado y protección de los animales a criterios subjetivos y sin apego a las opiniones científicas, cuando se menciona su “naturaleza, características y vínculos con las personas”. De la misma forma, se abre la puerta para el regreso de los circos y de otras despreciables exhibiciones públicas que involucran animales, permitiendo la “utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro”. Además de que se omite deliberadamente el reconocimiento de los animales como “seres sintientes”, término ya contemplado en algunas constituciones locales de nuestro país. En este marco, es fácil prever que las leyes secundarias estarán condicionadas por criterios especistas, es decir, por enfoques y prácticas que consideran a los animales como inferiores a los seres humanos.
Se debe transformar la actual condición instrumental en la que mantenemos a los animales para combatir el discurso que oculta el daño sistemático que les provocamos. Al mantenerlos como parte de un andamiaje jurídico donde siguen siendo considerados como cosas, se aniquila la otredad animal. Hablar de cambio de mentalidades significa transformar aquella percepción que propaga la falsa idea de que el mundo en que vivimos es el mejor bajo la tutela humana. Hemos cometido muchos errores y no deseamos ver a otras personas –sobre todo a las generaciones más jóvenes- cometiéndolos. El lugar de los animales en nuestras vidas ha cambiado profundamente. Ellos han adquirido una importancia completamente nueva y, ahora, la preocupación por la condición de los animales no humanos, aunque nos acompaña desde hace tiempo, se reafirma con nuevo vigor. Lo impone la inmensidad histórica de los abusos que hemos cometido en contra de ellos