Búsqueda
Primero los hechos. La semana pasada se decretó un ascenso del salario mínimo igual al 12 por ciento. Descontada la inflación de este año (4.5 por ciento), su poder de compra real quedará 7.2 por ciento arriba comparado con el comienzo de 2024.
Si el contraste se hace con el mes de enero de 2019, al comenzar el gobierno de López Obrador, el incremento nominal se ubicaría en 170 por ciento, más o menos. Pero dada la inflación acumulada de ese periodo (35.5 por ciento) entonces el ascenso real desde 2019, queda en 100.5 por ciento. En números corrientes, el salario mínimo transitó de 88.8 a 278.8 pesos diarios en 7 años y nuestra economía pudo metabolizarlo, sin problemas.
Ese incremento ocurrió sin causar ninguna de las plagas bíblicas que ciertos intereses y economistas auguraban: ni inflación, ni desempleo y, por el contrario -hasta donde hay medidas firmes (2022)-, el hecho de que los trabajadores trajeran más dinero en el bolsillo, contribuyó decisivamente a que 5.1 millones escaparan de la pobreza, a pesar de la pandemia (Coneval).
Es posible que esta sea la política más acertada del lopezobradorismo, misma que continúa Sheinbaum, una de las pocas medidas que pueden reconocerse en todo el sexenio. Incrementos significativos, asimilables por las unidades económicas, prudentes y que arrojan beneficios muy tangibles en la condición material de millones.
Recuerden ustedes que el 63 por ciento de los mexicanos obtienen el sustento de su propio esfuerzo, de su trabajo y, por lo tanto, de sus ingresos salariales. Más aún, este es un país ubicado en los dos salarios mínimos, pues casi dos terceras partes de los trabajadores perciben ese ingreso equivalente. Lo que pasa con la unidad salario mínimo repercute también en quienes perciben sueldos en esas escalas adyacentes. Lejos de los vaticinios, el alza de sueldos mínimos no solamente ha sido posible, sino que además nuestra economía la necesitaba. Un ajuste distributivo luego de 35 años de contención y aplastamiento.
Ahora bien, todo esto no quiere decir que las posibilidades de ascenso sean infinitas. Este es un primer asunto para tomar en cuenta: dada una cantidad mayor en la base del salario mínimo, los porcentajes también se traducen en cantidades mucho más altas: ya se sabe, el 20 por ciento de 88 es menor que el 10 por ciento de 240. Pero hay más.
Alcanzo a ver al menos cuatro fallas dentro del marco de esta política que me parece valen la pena poner a discusión.
Uno. La meta. La presidenta Sheinbaum ha colocado el objetivo de alcanzar el valor de dos y media canastas alimentarias por trabajador, lo que equivale a 5 mil 874 pesos, en una interpretación del mandato constitucional, a saber: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Creo que, dada nuestra estructura demográfica real, el objetivo tendría que ser este otro, alcanzar dos canastas, ya no alimentarias, sino de bienestar. Fíjense: el hogar típico mexicano de estos y los siguientes años estará compuesto por un perceptor de ingresos y otra persona que depende de él. Es decir, el objetivo de la política es que los salarios -fruto del trabajo- sean el instrumento para la salida de la pobreza en un momento en el que todavía gozamos del bono demográfico. Es una oportunidad estructural que debería convertirse en un propósito y un consenso nacional.
Dos. Seguimiento e inspección. La política del salario mínimo es tan buena y tan plausible que ha arrojado muchos beneficios, a pesar de que las autoridades laborales escasamente vigilan y hacen cumplir la medida en las empresas mexicanas. Con la mitad de inspectores que en 2018, no se conoce un programa de revisión amplio, y es frecuente toparse con empresas que siguen sin pagar el salario mínimo vigente. Esa tarea de inspección es cada vez más importante precisamente porque los salarios pesan más y se han revalorizado.
Tres. La difusión. Es común encontrar a trabajadores que no conocen la política y tampoco la obligación empresarial de pagar el sueldo mínimo, y en esa ignorancia de su propio derecho, cunde el abuso. Una política de comunicación que acompañe el decreto que entrará en vigor en enero, es una necesidad de las relaciones laborales, hoy.
Cuatro. Manejo de la UMA. En ese mismo sentido, es cada vez más frecuente encontrar amparos, litigios y demandas que exigen volver a vincular (indexar) al salario mínimo con otros precios y no (como manda la Constitución) con la Unidad de Medida y Actualización. Los equívocos que producen esta situación han llevado incluso a sentencias erradas de la Suprema Corte que mandan reindexar, por ejemplo, pensiones alimenticias con el salario mínimo. Debe quedar claro que los salarios mínimos no crecieron por tres décadas y media, precisamente porque estaban atados a otros precios, de tal suerte que subir el salario, incrementaba a su vez otros precios y producía inflación automática, por default. La pedagogía se impone. La UMA es un instrumento flexible y manejable y si usted quiere que la pensión de sus hijos crezca más rápido que la UMA, multiplique la base por 1.2, 1.3 o 1.5 UMA’s, no pida colgar al salario de nuevo otros precios, es decir, no pida volver a eso que impidió su crecimiento durante dos generaciones.
El acierto de la política del salario mínimo no puede ocultar los enormes desaciertos en muchos otros campos de la política económica, cuyos efectos nos cobrarán factura en una previsible recesión que ya se divisa al comenzar el año. Pero señores analistas, no confundir: los problemas económicos que estamos por vivir tienen su origen en otras decisiones y en otras áreas, no culpen de esos males, al siempre sospechoso y acosado ascenso del salario mínimo.