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Endurecimiento del marco normativo, una acentuada colaboración interinstitucional y una nueva línea especializada en su combate (55 5036 3301) atendida en el C5, contribuirán a enfrentar mejor la extorsión. El desafío es incorporar al conocimiento del público más amplio los nuevos instrumentos.
La reforma penal aprobada la semana pasada en el Congreso de la Ciudad de México intenta cerrar caminos a los extorsionadores y fortalecer la confianza de las víctimas para denunciar. El delito será perseguido de oficio e incluso las tentativas serán consideradas como hechos consumados, esto implica: 1) los reportes pueden generar una investigación sin necesidad de exposición de la persona afectada al realizar trámites ministeriales y 2) cualquier agravante de la nueva lista tendrá el mismo peso punitivo.
Las penas de prisión podrían llegar hasta 30 años. Los agravantes abarcan todo el espectro de los modus operandi de este delito, del cual a nivel nacional este año se han iniciado 8 mil 546 carpetas de investigación, 14 por ciento más respecto al periodo enero-octubre de 2019. En contraste, en la Ciudad de México son 377 carpetas y una disminución del 51 por ciento.
Frente a la dinámica extorsiva, la respuesta disponible para bloquear cualquier modalidad o variedad del delito, con una estrategia integral desde lo social, político, legislativo y tecnológico debe ser ampliamente difundida.
En lo social, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia mantiene su colaboración y en particular la sugerencia de bajar la app “No más extorsiones” con potencial para inhibir el 95 por ciento del riesgo cuando se trata solamente de extorsión telefónica, la cual ocurre en el 98 por ciento de los casos.
Hace 20 años, las extorsiones apenas despuntaban a través del teléfono con amenazas de un supuesto hijo o hija secuestrado, ocurridas regularmente los fines de semana cuando las y los jóvenes estaban con mucha probabilidad en alguna fiesta. Los gritos aterrorizados de la supuesta víctima movían a la desesperación familiar y al depósito del dinero exigido.
En muchos de los casos las llamadas extorsivas o fraudulentas se realizaban desde penales estatales donde operaban prácticamente verdaderos call centers y se instruía a los reclusos sobre la narrativa a desplegar en cada llamada. Actualmente las que tienen ese origen representan un porcentaje minúsculo y no por las mejores buenas razones dada la sobrevivencia de teléfonos celulares “rentados” dentro del sistema penitenciario, sino por el hecho de la extendida diversificación de los “cuartos de castigo” donde se intentan las extorsiones, literalmente desde cualquier parte del mundo, y con vocalización de personas con acento mexicano.
Dos datos parecen localizar paradójicamente la oportunidad: en la CDMX el 80 por ciento de la tentativa extorsiva fracasa y, al mismo tiempo, como ocurre en todo el país, el 96 por ciento del fenómeno es jurídicamente carente de registro ante la ausencia de carpetas de investigación. Es cifra negra.
La reforma legislativa parte de una iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, a partir de la propuesta del equipo de la Consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas, en colaboración con un amplio equipo del Gabinete de Seguridad liderado por la mandataria local, y coloca a la capital a la vanguardia en América Latina.
A las modalidades históricamente empleadas por los extorsionadores se suma en su persecución y sanción las realizadas por vías digitales, la sextorsión, los montadeudas o los montachoques. En total son 15 agravantes.
La creación de la Línea Antiextorsión del Gobierno de la CDMX 55 5036 3301, operada 24/7 por el C5, es una oportunidad para las víctimas de recibir orientación preventiva asesoría legal y contención emocional, con garantía de anonimato.