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Casi concluye el año 2024 y uno de los peores escenarios políticos se despliega con claridad, ante nuestros ojos. El desmantelamiento institucional se ha acelerado en el breve periodo legislativo de septiembre-diciembre en este mismo año, tiempo en el que el libreto de concentración de poder ha culminado ya casi enteramente.
Tal y como informó El Universal el viernes pasado, la capacidad destructiva puede medirse. A toda prisa fueron transtornados 72 artículos de la Constitución en tan sólo tres meses de sesiones tumultuarias, con legisladores acelerados y deliberaciones confusas, sin mayor expediente que el de poner en marcha una aplanadora legislativa.
Esto representa la alteración constitucional más grande que haya visto nuestra Carta Magna: purga total del poder judicial, destrucción de la carrera judicial, elección de jueces, traslado de la Guardia Nacional al Ejército, desaparición de órganos autónomos, consagración de la “supremacía” constitucional, prisión preventiva oficiosa, etcétera, todo lo cual configura un nuevo orden jurídico y político en el país.
Estos eventos no han pasado desapercibidos ni aquí ni en el mundo, mucho menos en los circuitos especializados que dan seguimiento a la política y a la democracia de nuestro tiempo.
Ya en el mes de febrero de este año, Economist Intelligence Unit había rebajado el puntaje de México al nivel reprobatorio de 5.14 (https://bit.ly/3OSd89o). IDEA Internacional hizo lo propio (https://bit.ly/3DccPUm), mientras que la abarcadora V-Dem, en marzo, coincidió en catalogar al caso mexicano como una democracia electoral de “zona gris” (https://bit.ly/3ZFapoR) y descendiendo. Para todos esos estudios, la democracia mexicana ya se estaba esfumando al iniciar el año.
Mas recientemente, el Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés) realizó su propio balance con una conclusión seca y lacónica: “todo indica que México no pudo aislar a las instituciones de su democracia de las tendencias del gigantismo presidencial y el autoritarismo asociado” (https://bit.ly/41zhgT1).
Lo singular de esta última evaluación no es sólo su fecha cercada (mayo de 2024) sino que advertía que, de ocurrir la demolición del poder judicial y otros órganos de contrapeso, el caso mexicano se habría convertido en un régimen hiperpresidencial de concentración de poder y asociación intensa con las fuerzas armadas.
“El presidencialismo ha regresado en todos los casos de América Latina, de la mano del militarismo”, dice el estudio. Y algo más: es singular porque no mide los retrocesos en las reglas o las instituciones, sino que caracteriza conductas y acciones que hacen de los gobiernos menos democráticos y más autoritarios.
Para México, los retrocesos verificados este año, aparecen en 14 rubros de los 16 que componen el balance, a saber…
Cooptación de los integrantes de los órganos electorales; debilitamiento presupuestal de la organización electoral; violación a las leyes y disposiciones electorales.
Por otro lado, nombramiento, designación o cooptación de jueces; uso de decretos ejecutivos para evadir las órdenes judiciales; suspensión a conveniencia política de indagatorias o investigación y castigo o destitución de jueces independientes.
En otro campo, transferencia de grandes recursos al ejército; impunidad institucional a las fuerzas armadas; debilitamiento de la vigilancia al respeto por los derechos humanos; militarización de las fuerzas de seguridad civil y ampliación de la capacidad coercitiva del Estado.
Y finalmente, intimidación o interferencia al trabajo de los medios de comunicación; manipulación del aparato de comunicación pública del Estado y persecución de líderes o personajes de la oposición.
Todo este ocurrió en México este año y el informe nos insiste en no mirar cada aspecto aisladamente, pues en cualquier democracia pueden aparecer uno, dos o tres patologías de las enumeradas aquí ¡pero no todas juntas! e invita a contemplar el bosque cuyo conjunto es el verdadero escenario del retroceso.
En mayo el CSIS advertía “Muchos temen que, si Morena obtiene una supermayoría en ambas cámaras y en la presidencia, el legado de AMLO, gigantismo en el ejecutivo y retroceso democrático continuará incluso después de que deje el cargo”. Los autores no podían imaginar que esa supermayoría sería conseguida, además, de forma espuria, merced a una interpretación inconstitucional regalada por las autoridades electorales, tanto la administrativa como la judicial.
Al obtener esa mayoría que no ganó en las urnas, el oficialismo apresuró su obra destructiva y ya, bajo cualquier parámetro, medición o índice, nuestro país no puede considerarse una democracia, más aún ni siquiera un régimen híbrido.
México protagonizó una transición democrática durante veinte años (1977-1997). Ensayó por primera vez en su historia, una vida democrática otros veintiún años (1997-2018), pero sólo tardó poco más de seis en emprender un camino de reversa autoritaria que ahora, este mismo año, ha cristalizado en la Constitución. Dicho con crudeza: en el 2024 el autoritarismo se volvió constitucional.