Opinión

Encontrar el camino

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto para aumentar aranceles a mercancías importadas y proteger a la industria del textil mexicana
Sheinbaum tendrá una reunión de seguridad en Sinaloa en plena ola de violencia en México La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto para aumentar aranceles a mercancías importadas y proteger a la industria del textil mexicana (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Un año es un ciclo para hacer balances de las gestiones gubernamentales; aunque en este caso más que el balance de una gestión gubernamental es el de un proyecto que pretende ser la cuarta transformación más relevante de la historia del país. El reto, sin duda alguna, sigue siendo encontrar un camino para el desarrollo del país.

Un primer aspecto en el que se da continuidad con distanciamiento es en el discurso político. El expresidente López Obrador sustento su estrategia mediática en distinguirse del resto de la clase política y en una confrontación ideológica; aunque pragmáticamente negoció con los empresarios más poderosos del país. En cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum ha bajado el tono de la confrontación discursiva, también se ha sentado a dialogar con los empresarios, pero no sólo con los más importantes, sino también con los que tomaron distancia del expresidente.

Claudia Sheinbaum planteó, en junio, frente a los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como objetivo lograr una “Prosperidad Compartida”, pues “El desarrollo económico debe ser incluyente, con bienestar. No se trata solo de crecimiento económico o inversión extranjera directa, sino de desarrollo compartido”. Sin distanciarse del principio Lopezobradorista de “por el bien de todos primero los pobres” se le proporcionaba una nueva brújula a la política económica gubernamental.

Desde el sexenio pasado se declaró el fin del modelo económico neoliberal. Si consideramos que, esencialmente, este modelo se caracteriza por un modelo de acumulación de capital sustentado en una división internacional del trabajo; en el cual los países, llamados eufemísticamente, en vías de desarrollo proveen materias primas, mano de obra y parte de la cadena de producción de las mercancías a nivel global.

El proceso anterior, al final de cuentas, beneficia más a las trasnacionales propietarias de las marcas de los productos finales. El modelo de acumulación de capital sigue siendo el mismo y el papel que juega México en el proceso económico global es igual. El mejor ejemplo es, sin duda que, los más ricos del país, desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2024, incrementaron sus fortunas en el 82.5%. Por encima del resto de los más ricos de Latinoamérica, 35.7; de los mercados emergentes mundiales, 72.5 y del promedio global general, 78.

La estrategia de construir grandes obras de infraestructura: aeropuerto Felipe Ángeles, el tren maya, la refinería de Dos Bocas, el tren transístmico y el aeropuerto de Tulum, tuvieron un impacto regional al proporcionar empleo y dinamizar el comercio, pero son insuficientes para delinear un modelo de desarrollo alterno al neoliberal.

El único aspecto discordante con el modelo fue y es el esfuerzo porque el Estado recupere la rectoría en materia energética. Lo cual ya se logró normativamente al reformarse la Constitución, pero su materialización todavía está llena de obstáculos.

Aunque, se vislumbra que el nuevo gobierno sí desea impulsar un proceso de industrialización nacional, en que el Estado juegue un papel sustantivo. Será hasta la publicación del Plan Nacional de Desarrollo que se tendrá claridad sobre la estrategia económica del sexenio.

La confianza que ha mostrado el nuevo gobierno en la relocalización de empresas, propiciada por el conflicto entre China y Estados Unidos, es parte del mismo modelo de acumulación de capital neoliberal. Aunque, ahora enfrentará el esfuerzo del gobierno de Trump para que las empresas, en particular las automotrices, vuelvan a los Estados Unidos.

Lo cual no significa que no se hayan dado cambios en el pacto de dominación. Lo primero fue incrementar la recaudación de impuestos por dos vías: haciendo que los grandes contribuyentes pagaran a tiempo y saldaran sus adeudos, también suprimiendo privilegios; lo segundo consistió en ampliar la base de contribuyentes.

La estrategia de obligar a los grandes contribuyentes a pagar impuestos legalmente establecidos y terminar con las exenciones fiscales ha permitido incrementar los recursos del erario en 13.1 % más que el gobierno de Peña Nieto. Alrededor de 500 mil millones de pesos, casi la misma cantidad que Calderón y Peña Nieto condonaron a las grandes empresas: 413 mil 258 millones de pesos.

En el ámbito social se impulsaron cambios en el pacto de dominación buscando beneficiar a sectores populares. En primer lugar, implementando políticas con recursos del Estado para entregar aportaciones en efectivo a los beneficiarios.

 Indudablemente, los programas sociales (Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores y Sembrando Vida, etc.) instrumentados por López Obrador, independientemente de sus deficiencias operativas y de ser asistencialistas han tenido un impacto positivo en los sectores beneficiados.

A lo anterior hay que sumar la política de incremento al salario mínimo que ha impulsado el aumento en otros salarios. El salario mínimo diario, entre 2018 y 2024, se incrementó en 110% de 88.40 pesos a 249.90. Mensualmente, pasó de 2 mil 650 pesos a 7 mil 468. También las políticas sociales y salarial han sido mecanismos de fortalecimiento del mercado interno.

En lo político el objetivo central es desplazar a la élite política del antiguo pacto de dominación integrada mayoritariamente por priístas y panistas y en el camino desaparecer algunas instituciones ya se logró. El argumento utilizado fue que eran muy costosas, pero en realidad eran un obstáculo para impulsar las propuestas económicas de la 4T o incomodaban políticamente.

Aunque los augurios, por diversas razones, son de unas elecciones judiciales desangeladas, serán presentadas como un triunfo contundente. Por otra parte, los partidos opositores no encuentran la cuadratura al círculo para tener propuestas alternativas a las políticas gubernamentales y consecuentemente su discurso político es pobre. También los posibles nuevos partidos no ofrecen nada novedoso. No representan ningún riesgo para la 4T.

El riesgo político para el régimen internamente se encuentra en las posibles fracturas al interior de Morena; como es el enfrentamiento entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Aunque también las fracturas que se han dado han fortalecido a los partidos aliados, lo que ha contribuido a fortalecer al PT y al PVEM.

En estricto sentido tampoco se ha dado un cambio de régimen. Han cambiado ciertas características, en lo esencial son dos que no afectan estructuralmente al régimen político. La desaparición de la mayoría de los organismos autónomos y la elección de ministros, magistrados y jueces no significa que dejemos de ser una República representativa, laica y federal. Aunque, en los hechos, el régimen político se ha transformado en más centralista que federalista, pero eso ha sido obra de todos los gobiernos durante el siglo XX y XXI y la 4T no es la excepción.

La delincuencia organizada es un peligro, en general, para la convivencia social. Es evidente el giro a la política de seguridad pública instrumentada por el actual gobierno, aunque mantiene la deficiencia de no concederle carácter político. Al estar asociados criminalmente policías, ministerios públicos, jueces, políticos y empresarios, lo que se produce es una red macrocriminal, que al involucrar a servidores públicos y a actores políticos adquiere el carácter de conflicto político y no sólo delincuencial.

Los riesgos económicos inminentes son la deuda pública heredada, la inflación y la política económica nacionalista de Trump, que pone en peligro el T-MEC. Además, hay que sumar los conflictos políticos dentro de la 4T y las redes de macrocriminalidad.

Encontrar un camino de desarrollo propio para del país es complejo, porque “la prosperidad compartida” no se logrará sólo con enunciarlo o que la popularidad presidencial llegue al 76%. Es indispensable tener claridad sobre un modelo industrial propio que encuentre ventanas de oportunidad en la economía globalizada y sobre la redefinición de un Estado de Bienestar no asistencialista.

No es claro hacia donde camina la 4T para mejorar nuestra democracia. No se trata sólo de desaparecer instituciones. Es indispensable la creación de instituciones que promuevan la autogestión. No existe propuesta de como socializar el poder político.

*Profesor UAM-I,

@jsc_santiago

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