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La Ciudad de México está en Sinaloa. La experiencia política, programática y operativa de la capital nacional ha comenzado a mostrarse como una fuerza cohesionada, con liderazgo y voluntad para recuperar la paz.
Donde no es distinguible una capacidad estatal en el mandatario Rubén Rocha Moya, hay una determinación sistemática proveniente de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Junto a Sheinbaum, en la presentación de los programas para el Bienestar en Mazatlán, estaban figuras centrales del gabinete social, las y los secretarios de Bienestar, Desarrollo Agrario, Agricultura y Comunicaciones, Ariadna Montiel, Edna Vega, Julio Berdegué y Jesús Esteva. Y por supuesto, el flamante nuevo secretario de Seguridad Pública, el General Óscar Rentería Schazarino, tan afable como firme, como sostenemos quienes lo conocimos en el Gabinete de Seguridad de la CDMX, encabezado entonces por la actual mandataria. Y si faltara el sello de la capital nacional, el propio Omar García Harfuch, titular la de la Secretaría de Protección Ciudadana, lo subraya.
Con más de 350 homicidios dolosos entre septiembre y noviembre, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sinaloa revela una situación de inseguridad en escalada. Otras fuentes hablan ya de 560 decesos consecuencia de la confrontación entre narcorganismos.
El énfasis simultáneamente se centra en la continuación de investigaciones, operativos y recomposición del equipo de seguridad. La renuncia del General Gerardo Mérida Sánchez y la llegada de Rentería Schazarino robustecen la indispensable coordinación. La permanencia del gobernador es explicable por una evaluación según la cual su retiro dejaría un vacío mayor al daño ocasionado por su flagrante inhabilidad.
Sheinbaum, además, enfatiza lo social. Dijo a las y los mazatlecos: responder a la violencia con un nivel equiparable no lleva a ningún lado, lo necesario para la construcción de la paz y justicia social es fortalecer la cultura de la legalidad, erradicar la impunidad y atender las causas del delito. Ciertamente, uno de esos motivos es el peso de la economía delincuencial.
El gobierno federal proyecta control y autoridad mientras Sheinbaum modifica velozmente la tropicalización de su estrategia antes desplegada como gobernante local. Su sucesora, Clara Brugada, recrea un modelo con virtudes para ser aplicado en otras entidades ante la complejidad amenazante de la naturalización de la vida delictiva en algunas regiones del país y el cual está defendido en su propuesta de presupuesto ante el Congreso local.
Si la mirada se concentra en Sinaloa, el conocimiento indica: Guanajuato es la entidad con más homicidios dolosos este año, en el periodo enero-octubre, con 2 mil 119; Nuevo León, desde la llegada a la gubernatura Samuel García ha incrementado en 58.7 los asesinatos, en más de la mitad de los casos asociados al crimen organizado.
Los operativos evidencian la disposición del gobierno por demostrar firmeza, proyectar autoridad y compromiso exigidos de una perspectiva integral. Al mismo tiempo, la decisión violenta del crimen de mantener su reacción respecto del gobierno federal y local y en relación con los adversarios delincuenciales será punto de observación de los siguientes años por parte del gobierno de Donald Trump, demagógicamente insistente en situar a los cárteles como organismos terroristas.
Han sido detenidas más de 200 personas. ¿Cuántos miles son integrantes de cárteles en Sinaloa? Es una situación reflejo de lo que Thomas Hobbes llamó la crisis del pacto social: el momento cuando el Estado tiene riesgo de afectación a su capacidad de garantizar seguridad. El Leviatán sinaloense debe ser capaz de imponer autoridad y también de asegurar la sensibilidad social.