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Una de los elementos fundamentales para realizar cualquier política, y más si se trata de política económica o política social, es contar con información confiable sobre el área de trabajo. Los datos económicos, demográficos y sociales son fundamentales para saber en dónde estamos parados y qué cosa debemos hacer para que las políticas sean exitosas.
Sin datos que nos digan dónde están los problemas, los nudos a resolver, y las áreas de oportunidad, la elaboración será a ciegas, y los resultados serán magros, cuando no contraproducentes.
Esto viene a cuento porque, debido a razones presupuestales, se confirma la desaparición de la Encuesta Intercensal 2025, que debía levantar el INEGI durante este año. Dicha encuesta se aplicaba desde 1995 y ha servido históricamente para detectar cambios en la dinámica poblacional, desde migración interna e internacional, hasta diferencias regionales en la fecundidad, así como en la dinámica económica, relativos a la evolución del empleo (formal e informal), el nivel de ingresos y las carencias sociales, y en otros aspectos, como el acceso a las tecnologías de comunicación y hasta la movilidad. Era uno de los instrumentos más útiles que utilizaba el Coneval para la medición de la pobreza y de las distintas vulnerabilidades que la caracterizan.
El problema es mayor si tomamos en cuenta que el más reciente Censo General de Población se realizó en 2020, tuvo dificultades para ser completado debido a la pandemia de COVID-19, y sus datos se vieron afectados por las consecuencias de la pandemia misma. La encuesta intercensal originalmente programada para este año hubiera podido ajustar esos datos para entender mejor la realidad del México actual.
El recorte de 5 mil millones de pesos al presupuesto del INEGI impide que se realice la encuesta. No habrá capacidad para producir información estadística que sirva de insumo para focalizar la planeación, organización y ejecución de políticas públicas hasta nivel de municipio o demarcación territorial, ni para proporcionar insumos para la medición, de la pobreza a nivel municipal, según lo establece la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 37.
Es sólo una parte del daño a la capacidad operativa de dicho instituto. Y resulta de la lógica de prioridades del gobierno. Pensemos que el presupuesto para el proceso de elección de jueces y magistrados, derivado de la reforma al poder judicial, es ampliamente superior al recorte al INEGI (y olvidémonos del tamaño del subsidio a Pemex y CFE, cuyo costo es más de cien veces mayor).
¿Cuál es el resultado de todo esto? Significa que no sólo la sociedad en su conjunto tendrá menos información sobre sí misma (cosa importante para la academia y para las organizaciones de la sociedad civil); tampoco el gobierno la tendrá.
Significa que, en muchas circunstancias, el gobierno no va a saber, a ciencia cierta, dónde está parado. Que no va a quedar clara la delimitación real de las zonas metropolitanas. Que la asignación de recursos a menudo se hará con base en información obsoleta y de manera hasta cierto punto lírica. Que no se conocerán con claridad los niveles de pobreza municipales y, en particular, que no habrá información de municipios pequeños, con alta proporción de población indígena o afromexicana y con alto grado de rezago social (esos se censaban completamente en esta encuesta).
Se trata de una decisión política, basada en dos cosas. Una es que se ha decidido que lo prioritario es cumplir con el legado explícito de López Obrador en términos de reformas, cuesten lo que cuesten, tengan lógica o no la tengan. La otra, es que la victoria a veces ensoberbece, y desde la soberbia se puede creer que haciendo las cosas a ojo de buen cubero van a salir tan bien como si se las hiciera con datos y certidumbres mínimas sobre los resultados sociales. “Lo que no se ve no se juzga”, parece ser el mantra.
Ambos elementos de esa decisión política tienen una cosa en común: el desprecio a la transparencia y a saber cómo es efectivamente la realidad. Mejor tener una idea general preconcebida, actuar conforme a ella y no permitir que venga nadie a decirnos que algo no funciona como debiera. Y sigamos celebrando la contundente victoria.
El gobierno ha entendido que el relato vale más que los datos; que, si el relato es bueno, los datos ni siquiera son necesarios. Lo importante son los niveles de popularidad y aceptación, a los que hay que cimentar con una narrativa optimista y con harta fiesta y conciertos populares. Es una lástima -y, hasta cierto punto, una tragedia- que, en esa suposición entierre los datos que nos permiten conocernos mejor y avanzar en la superación de los problemas reales. Ojalá haya un momento para recuperar la Encuesta Intercensal.
En tanto, que continúe la celebración. ¡Ánimo, vamos requetebién! Seguiremos bailando en la oscuridad.
Twitter: @franciscobaez