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Las peculiaridades de la ambigua legalidad que se vive en el país se muestran en los detalles. En esas piezas que se desajustan, una a una.
Un ejemplo es que el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Suspendió sus trabajos, cumpliendo la resolución de jueces, y al hacerlo es factible que no haya listados de candidaturas para ministros, magistrados y jueces, de quienes optaron por inscribirse bajo los parámetros, más rigurosos, establecidos por sus propios colegas.
Sí las habrá, en cambio, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque ahí ya no acatan los resolutivos de juzgado o tribunal alguno que no congenie con lo que dicta la reforma en curso.
Uno de los argumentos que se utilizan para validar el desacato, es que se trata de una cuestión electoral y que ahí el amparo no opera.
Un asunto debatible, ya que lo que está en el fondo del asunto es un cambio régimen, que, por necesidad, tiene y tendrá alcances mayores en el futuro del país.
Para colmo, la ausencia de listados del Poder Judicial no afecta el procedimiento, porque eso sí se contempló desde el diseño de la ley, al dejar claro que es cosa de cada instancia participar o no, y que en todo caso la elección se hará con las listas que sí se presenten al INE en los tiempos establecidos.
La Suprema Corte respaldó a su Comité, en el entendido de que lo que los jueces ordenan se tiene que acatar y que existen los procedimientos legales para combatir cualquier resolución.
Un asunto de legalidad, por supuesto, pero que está en esa franja nebulosa que proviene de las ambigüedades generadas por el método elegido para desmantelar el sistema judicial y que, entre otras cosas, mantiene en funciones a ministros que ya entregaron su renuncia, pero concluirán su labor en agosto próximo, una vez que lleguen sus nueve relevos.
Pero no dejará de ser una pena que se queden sin oportunidad candidatos que cuentan con una destacada formación, y que están intentando participar a sabiendas de que acometerán una tarea casi imposible, la de derrotar a los candidatos que cuenten con el respaldo de Palacio Nacional o de las cámaras legislativas.
Esto es un hecho y negarlo es absurdo, tres ministras, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres están en campaña, aunque no sea el momento, e inclusive ya se presentó una denuncia al respecto en el INE.
Pero, por más genuina que sea la queja ciudadana, está condenada al fracaso, porque en el Tribunal Electoral encontrarán la manera de solapar lo que está ocurriendo.
La conformación de la Sala Superior así lo permite, porque se encuentra incompleta por otro desacato de los senadores del partido mayoritario, quienes se negaron a designar a las dos magistraturas que completarían los siete espacios y que, seguramente, propiciarían otro tipo de acuerdos y sentencias.
Puede verse como un asunto menor lo que ocurre en el ámbito de la legalidad, pero los periodos de ambigüedad no suelen traer nada bueno y, por el contrario, siembran problemas para el futuro.
Ahora quizá no se percibe con claridad, pero empezará a notarse con mayor fuerza, cuando en otros estratos sociales también se acate y desacate la ley a contentillo.
Es como la pequeña bola de nieve que se convierte, tarde o temprano en una avalancha. Ahí están todos los avisos, más allá que desde la euforia y arrogancia sean vistos como triunfos.
Porque, nos guste o no, le ley es la ley, y su complimiento es la única posibilidad de contener al propio poder y a sus más diversas arbitrariedades.