Búsqueda
Como platicamos hace dos semanas, una de las dimensiones de la democracia es la participativa. Esta, recordemos, se relaciona con el hecho de que la ciudadanía tome decisiones políticas de forma inmediata, sin los filtros de la democracia representativa.
El pueblo decidiendo.
Entendamos algo: no se trata de la llamada “democracia directa”, que presupone la idea de que la ciudadanía toma todas las decisiones políticas, no existe representación popular y los funcionarios sólo ejecutan las decisiones de la asamblea.
Ese modelo es imposible de efectuarse en la actualidad, porque sería absolutamente imposible que, con las complejidades de la vida moderna, las decisiones diarias que tiene que tomar un gobierno se pudieran consultar.
Más bien, la democracia participativa complementa a la representativa; no la sustituye, sino que introduce en la misma una dimensión ciudadana que, además, le ayuda a legitimarse.
Son varias las manifestaciones participativas que tenemos en México, en el ámbito de lo federal, destacan la consulta popular y la revocación de mandato. Recuerde usted que ya hemos tenido ejercicios de ambos tipos.
En esta columna me ocuparé únicamente de la consulta popular, que implica someter a la decisión ciudadana una acción de gobierno, obra pública o incluso una reforma legal; la clave es que se trate de temas que tienen un auténtico interés nacional.
Deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de la Presidencia de la República, o el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; también pueden solicitarla al menos el 2% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores; la petición debe ser aprobada por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión; para que los resultados sean obligatorios se requiere la participación de al menos, al 40% de la ciudadanía.
Además, se debe revisar la constitucionalidad del tema a consultar, así como la redacción de la pregunta propuesta, actividad que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es importante observar que hay temas que no pueden consultarse, por expresa prohibición constitucional, estos son: la restricción de los derechos humanos; la naturaleza representativa, democrática, laica y federal de nuestra Republica; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional; y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente.
Resultaría interesante examinar si, en una posible reforma electoral, se incluye alguna nueva previsión respecto de las consultas populares; de hecho, se ha hablado de reducir el porcentaje de participación requerido para que los resultados sean obligatorios.
También valdrá la pena observar si se fomrulan propuestas en el sentido de reducir los supuestos en los que no es posible realizar una consulta, a fin de que se pueda realizar en temas como la electoral o los ingresos y gastos públicos. Podría suceder también que se amplíen quienes puedan solicitar las consultas, abriendo el campo para que los partidos políticos puedan solicitarlas.
En la cuestión procedimental, las consultas se realizan de forma muy parecida a las elecciones de representantes; aquí un cambio interesante sería el de permitir el voto electrónico, aprovechando la experiencia y los conocimientos técnicos que ya tiene el INE.
Ahora bien, un cambio de fondo implicaría cambiar la prohibición de la coincidencia entre las elecciones representativas y las consultas, para seguir un modelo parecido al americano en que las elecciones locales y las consultas estatales se verifican el mismo día; en contra de esta situación está el señalamiento de que esto permitiría que el tema a consultar se “contaminara” con el debate partidista, o que pasara a segundo plano por resultar más atractiva a la ciudadanía las elecciones.
Por otro lado, existen dos razones: primera, elevar el porcentaje de participación en la consulta, recordemos que en la celebrada el año de 2021 votaron solamente el 7.11% de las personas que podían hacerlo, cuando en las elecciones del año 2024 sufragó el 61.04 %; la otra es obtener economías de escala al juntar ambos procesos democráticos.
La dimensión participativa de la democracia es novedosa en nuestro país, pero sin duda importante. Su impulso y perfeccionamiento bien pueden ser parte de la reforma electoral.