Búsqueda
Compartiré algunas ideas respecto de la educación superior, cuando la Universidad Autónoma Metropolitana ha rebasado el medio siglo de vida y está en revisión contractual, en vísperas de elegir un nuevo rector o rectora general y, el país está inmerso en un proceso de cambio,
Estas reflexiones no se harán desde la atalaya de la presunción de ser especialista en temas educativos, sino desde la perspectiva de alguien que inició su carrera como docente en 1976 como ayudante de profesor, con diez años como profesor en la ENEP de Iztacala, de la UNAM, y cumplirá 25 años como profesor- investigador en la UAM-Iztapalapa. Es la visión de un profesor de la barricada, del aula.
La profesionalización se inició con la creación de los primeros institutos de investigación en la UNAM, a partir de la década de los años treinta del siglo pasado (Ciencias Sociales y Humanidades,1930; Derecho Comparado,1940; ingeniería,1956).
Ese proceso en las universidades públicas de los estados fue más lento. Me atrevo a decir que la profesionalización docente fue una de las secuelas del Movimiento estudiantil-popular de 1968. Un impulso importante fue la creación del CONCYT en diciembre de 1970. Por ejemplo, la Benemérita Universidad de Puebla fundó el Instituto de Ciencias, en 1974, dividido en departamentos por área de conocimiento y posteriormente se transformaron en institutos especializados.
Una de las rutas de profesionalización fue vía la creación de los institutos de investigación. La otra ruta fue la creación de plazas de tiempo completo para la docencia, ese camino lo inició el Instituto Politécnico Nacional, al aprobarse su primera Ley Orgánica en 1946, le siguió la UNAM, al aprobarse el “Reglamento para el profesorado de tiempo completo”, en 1947.
Tuvieron que pasar décadas para su plena implementación. Hasta los años setenta del siglo pasado que se fue consolidando la estabilidad laboral de los docentes universitarios.
En ese contexto nació la Universidad Autónoma Metropolitana, en 1974, con un modelo que conjugaba la docencia y la investigación, con plazas de profesor-investigador de medio tiempo y de tiempo completo, que debía ocuparse por el ganador de un concurso.
La UAM sentó las bases del modelo para dar estabilidad laboral a los trabajadores académicos. En 1977 el IPN aprobó el “Reglamento de condiciones interiores de trabajo del personal académico”, que desembocó el año siguiente en un nuevo tabulador. En la UNAM el camino fue sinuoso e implicó la realización de una huelga en 1975.
Es claro que la profesionalización vía la estabilidad laboral fue impulsada por el Estado, con la creación del CONACYT y del Sistema Nacional de Investigadores en 1984, entre otras causas, ante la posible rebeldía del profesorado joven que había vivido el movimiento estudiantil-popular de 1968.
Las relaciones laborales entre las universidades y los trabajadores académicos, por su propia naturaleza ha sido compleja. Se trata de regular una relación que consiste en la prestación de un servicio público, la educación, y la producción de conocimiento científico, que debiera tener algún impacto social.
En 1990, la UAM fue pionera en iniciar la evaluación de los académicos por medio de puntos asignados a las actividades de docencia, investigación y de extensión, que implicaban compensaciones salariales, eufemísticamente llamadas becas, en la realidad eran y son estímulos a la productividad.
El modelo se extendió nacionalmente durante el gobierno de Vicente Fox, cuando en la UAM ya mostraba signos de debilidad. El modelo inicialmente busco como objetivo: lograr la exclusividad de los profesores, porque derivado de una década de crisis económicas muchos se veían obligados a tener más de un trabajo. También se estableció un estímulo por grado académico, de licenciatura, maestría y doctorado.
Las medidas del incremento salarial, obtenido por las becas por productividad y por grados académicos, la dedicación de tiempo completo de los profesores a la universidad, aunado al impulso de las áreas de investigación logró resultados virtuosos. Al paso de los años se fue consolidando una planta de profesores mejor capacitados y se articuló la investigación con la docencia, se promovió el trabajo colectivo.
A pesar de los aspectos positivos del modelo, padece de debilidades originales que se han agudizado al paso del tiempo, como son el desequilibrio en la evaluación de las actividades de investigación, docencia y extensión universitaria.
Estandarizar la evaluación de las ciencias duras y sociales, sin tomar en cuenta las diferencias de sus objetos de estudio y los métodos de investigación y considerar la capacitación de los docentes limitada a los estudios de posgrado ha traído consecuencias negativas. La discusión sobre la definición de capacitación y la formación de los académicos ha estado ausente.
El establecimiento de un tope de mil puntos en la impartición de cursos tiene como objetivo estimular la investigación, pero hoy es indispensable capacitar en las nuevas tecnologías y las innovaciones didácticas, pero la capacitación no está contemplada en el tabulador. Los productos de la investigación otorgan puntos en el corto plazo, lo que ha llevado a que los profesores presten menos atención al corazón de la universidad: los estudiantes, lo cual repercute en una eficiencia terminal baja.
Como todo en la vida, sea en la naturaleza o la sociedad, el transcurso del tiempo corroe cualquier obra. Es coincidencia entre muchos académicos que el modelo se ha desgastado y ya tiene, no sólo deficiencias, sino desviaciones en los objetivos que se deben de cumplir como universidad. Ese desgaste se sintetiza en una idea expresada por uno de ellos: “los profesores nos hemos convertido en productores de puntos y no de conocimiento”.
Se perdió el rumbo original que se dirigía a que “la investigación produjera conocimiento que se llevara a la docencia”. La Áreas de Investigación ya no promueven la producción colectiva, prevalece la lógica de cumplir con la cuota anual de los cinco mil puntos que ha puesto a competir a los profesores entre ellos.
Lo anterior aunado al cada vez más precario presupuesto de investigación, en el Departamento de Sociología será de siete a veinte mil puntos, ha traído como una consecuencia la repetición en la presentación de los trabajos elaborados. También en ocasiones los profesores tienen que cooperar de su bolsillo para publicar sus propios trabajos de investigación.
Además, es necesario sumar la discrecionalidad y opacidad en la distribución del presupuesto y el desperdicio de recursos. Por ejemplo, en el Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa los criterios del presupuesto para investigación fueron definidos por el jefe del Departamento discrecionalmente. Por otra parte, desde que llegó a la jefatura ha realizado gastos innecesarios (Pintar muros que no lo necesitaban, poner letreros luminosos y remodelar su oficina).
Es preocupante que el proyecto de una nueva “carrera académica” no haya avanzado y continué durmiendo el sueño de los justos. Lo lamentable es que el deterioro se ha profundizado y no existe un diagnóstico institucional y mucho menos acciones para contrarrestar el deterioro.
Nos encontramos en la víspera de la renovación de la Rectoría General y el grupo en el poder ha mostrado falta de imaginación para atender el desgaste institucional. Por los pasillos corre la versión de que pretende tener continuidad promoviendo la candidatura de actual rectora de la Unidad Iztapalapa.
El problema sustancial es la carencia de un diagnóstico objetivo del deterioro institucional. No se trata de meter los elefantes bajo la alfombra, para implementar medidas que recuperen como eje de la actividad académica el proceso de enseñanza aprendizaje de miles de jóvenes. Desde mi punto de vista ese debe ser el norte esencial que guie el trabajo universitario.
No importa quien ocupe la Rectoría General, que no es un asunto de género, lo trascendente es que tenga ideas, que promuevan ideas para iniciar la renovación, en el limitado marco de la autonomía. Nuestra universidad requiere un rectorado con visión de cambio, sensibilidad y entereza.