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En la entrega de la semana anterior comenté que el pasado 31 de diciembre se publicó el reglamento interior de la renovada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (llamada anteriormente Secretaría de la Función Pública), que es una de las globalizadoras de la Administración Pública Federal y, por lo tanto, tiene intervención en todas las dependencias y entidades, asi como en los órganos desconcentrados de éstas y es la responsable de la regulación, el desarrollo, el control, la modernización, la profesionalización, la supervisión, la verificación y la disciplina de gestión del gobierno.
Este nuevo reglamento abandona el proceso de concentración de las decisiones relacionadas con la mejora administrativa, las quejas, denuncias e investigaciones, la auditoría (fiscalización) y las responsabilidades administrativas, que comenzó en 2023 con la creación de los órganos internos de control (OIC) especializados y la eliminación de los específicos en las dependencias y entidades.
Me explico. En la recta final del gobierno de López Obrador, con base en la reforma del 03 de mayo de 2023, el secretario Salcedo, por medio de acuerdos, convirtió a la mayoría de los OIC de las secretarías y entidades en oficinas de representación (ventanillas de trámite). Sólo subsistieron uno pocos específicos en los entes públicos. Las decisiones se tomaron, durante un poco más de un año, en las áreas centrales en los cinco órganos especializados conocidos en el argot como los super OIC.
Lo anterior, como se preveía, provocó cuellos de botella, la reducción de las acciones de combate a la corrupción y que fueran los mandos superiores los que decidieran qué investigación se llevaba a cabo, cuál falta no grave era sancionada y cuál falta grave era remitida al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto generó cierto “sospechosismo” y hubo quien pensara que el fincamiento de responsabilidades administrativas pasaba por un tamiz político.
En ese sentido, es una buena señal que el jueves 16 de enero se haya publicado el acuerdo que crea (recrea) los OIC en los entes públicos de la Administración Pública Federal y se regresa al modelo desconcentrado, que se implantó en 1996, con lo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recuperó su presencia e influencia, ya que los titulares los OIC y los de sus áreas subordinadas recobran la autonomía técnica y de gestión y su fuerza en la verificación de la actuación de las dependencias y entidades.
En otra colaboración periodística, a comienzos del 2024, daba el beneficio de la duda al modelo centralizado de Salcedo y su equipo, pero advertía sobre la inoportunidad de los cambios en los intersticios del sexenio, que apenas se pudieron instrumentar. Menos de lo que canta un gallo fracasó y el nuevo gobierno lo abandonó.
El reglamento interior reciente crea cuatro unidades de vigilancia que son las supervisoras de los órganos internos de control en los entes públicos y se dividen el trabajo por materias, con lo que se regresa al modelo de comisarios sectoriales, que permitía establecer políticas homologadas en los procesos de verificación del gasto público y cumplimiento de los objetivos y metas de los programas. Con esto se recupera el orden y la racionalidad administrativa que debe prevalecer, especialmente, en esta dependencia globalizadora.
Además, el reglamento adscribe oficinas de representación a los OIC, con el criterio de la sectorización de la administración pública, con lo que el tramo de control de las unidades de vigilancia disminuye y se eliminan los OIC en entidades públicas u órganos desconcentrados que no ameritan uno propio. También hay una reducción racional de las estructuras y se respeta la autonomía de las áreas de investigación y responsabilidades, que es una garantía de respeto a los derechos humanos de los servidores públicos, que sean presuntos acreedores a una sanción.
Este “recule” era necesario y demuestra que los cambios de la secretaria Sandoval y del secretario Saucedo del gobierno pasado no tuvieron sentido, ni contribuyeron a mejorar la función pública. El combate a la corrupción fue un discurso hueco. El desorden que generaron puede dejar una estela de impunidad por cuestiones de indeterminación de la competencia; desaparición y reaparición de órganos, y transferencia de expedientes con distintas autoridades actuando en los mismos.
Si la bandera de esta administración es la prevención de la corrupción, hay que corregir errores cometidos en 2018, cuando se le ocurrió a la secretaria Sandoval que el área de mejora administrativa desapareciera y que la tarea de prevención de las desviaciones fuera competencia del área de fiscalización. Es un absurdo pensar que los administradores tendrán la confianza de revelar sus debilidades a un subordinado del auditor. Todavía hay mucho que enmendar para lograr, primero, la buena administración con el combate de la corrupción con una estructura racional de OIC y, segundo, el buen gobierno que debe impulsar la prevención de los riesgos de corrupción y el desarrollo institucional.
Profesor de la Universidad Panamericana
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